El Gobierno le envió una carta al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, para pedirle que “continúe absteniéndose” de financiar la construcción de las papeleras en Fray Bentos “hasta tanto la Corte (de La Haya) se pronuncie sobre el fondo de la controversia”. Si les da su apoyo, advierte, podría incurrir en “responsabilidad” internacional. La nota firmada por el canciller Jorge Taiana se inscribe en la estrategia argentina de asfixia económica a los proyectos de Botnia y Ence. Ambas empresas esperan préstamos millonarios de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y de la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones (MIGA), pertenecientes al organismo de crédito.

Más allá de lo que pueda ocurrir por los canales diplomáticos en la Cumbre del Mercosur, donde se verán Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, Argentina insiste en que llevará todas las pruebas posibles ante la Corte Internacional de Justicia para fundamentar “su convicción” sobre la contaminación de las papeleras. Las plantas “por su magnitud, localización y tecnología son incompatibles con la preservación de la calidad ambiental del río Uruguay y sus zonas de influencia”, señala la carta de Taiana, enviada, ayer, directo a la oficina de Wolfowitz. Agrega que el Gobierno está confiado en “obtener un fallo” favorable y recuerda que el tribunal dijo que no excluye disponer en otro momento “el cese de los trabajos o la modificación o desmantelamiento de las obras”.

El mensaje de la Cancillería es que si la CFI y la MIGA se comprometen con los emprendimientos de las pasteras, al darles financiamiento, podrían incurrir en “responsabilidades ambientales y sociales”. Les sugiere que deberían “evitar un compromiso con proyectos que sean juzgados incompatibles con el derecho internacional”. Argentina, advierte, “no dudará en hacer uso de todos los medios disponibles para hacer efectivas dichas responsabilidades”. Sería prudente, les señala, esperar la decisión final de la Corte sobre el tema de fondo que, en principio, demoraría alrededor de un año. Argentina tiene seis meses para aportar pruebas sobre el daño ambiental y la violación del estatuto del río Uruguay, de la que acusa al país vecino por haber decidido la instalación de las fábricas en forma unilateral. Después, hay seis meses más para el gobierno de Tabaré.

La CFI tiene pendiente entregar a Botnia y Ence créditos por 400 millones de dólares y la OMGI, 300 millones en seguros de inversión. Esas partidas están en suspenso desde diciembre del año pasado. En mayo último el Banco Mundial reconoció, en base a una consultoría de expertos canadienses, que las empresas no habían brindado información sustancial sobre el impacto ambiental de sus actividades y, además, ponía en cuestión la tecnología de sus procesos productivos. La decisión fue pedir un nuevo estudio y recién se estaría por conformar el equipo que lo concretará.

Tanto Botnia como Ence gestionan también préstamos ante agencias de crédito a la exportación y bancos privados. La decisión de estas entidades de habilitar los fondos está sujeta en gran medida a lo que decida la CFI. El proyecto de la compañía finlandesa está calculado en total en unos 1200 millones de dólares y el de la española en 600 millones.

La carta de Taiana destaca que la Corte Internacional no prejuzga sobre el conflicto de fondo y dice que aprecia que los jueces hayan remarcado el derecho argentino a presentar nuevas medidas cautelares. “Nuestro país explora actualmente esa opción”, informa. El Gobierno no tiene definido si presentará o no un nuevo pedido de ese tipo. Es una herramienta disponible si, por ejemplo, naufragara la estrategia de asfixia financiera o si Uruguay buscara dilatar los plazos, explicaron funcionarios de la cartera de Relaciones Exteriores a Página/12.

No es la primera vez que la Cancillería le hace este tipo planteo al Banco Mundial. Lo hizo ya el 15 de marzo y el 9 de mayo. Está en línea, además, con la exhortación al sistema financiero internacional que hizo Kirchner el último viernes. Y con la denuncia contra Botnia que, como reveló estediario, el Gobierno presentó ante la Bolsa de Comercio de Nueva York y la Comisión de valores estadounidense para desalentar a los inversores.