EL PAíS › CONFIRMARON EL PROCESAMIENTO A DIEZ REPRESORES
La Cámara Federal dejó a Astiz y otros nueve integrantes de la patota de la ESMA a un paso del juicio oral por el crimen del periodista, en 1977. Fue una “empresa criminal preconcebida”, dijo el tribunal.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento con prisión preventiva de diez represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, por el asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh, en marzo de 1977. El tribunal tomó la decisión, que deja a los imputados a un paso del juicio oral, utilizando no sólo el testimonio de los sobrevivientes, sino también los argumentos con los que los represores pretendían defenderse.
El fallo de 65 carillas firmado por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi transformó en acusación el alegato de la defensa, que afirmaba que los imputados obedecían a “reglamentos militares”. Hubo “una empresa criminal preconcebida”, señalaron, para asesinar a Walsh. “El contenido material de los reglamentos (militares) analizados –dice el fallo– impone a los subordinados la obligación de revisar la orden que de allí nazca, toda vez que por ser intrínsecamente antijurídica no tiene carácter vinculante para quien dice estar sujeto a su cumplimiento.”
Además de Acosta y Astiz, también los represores Jorge Rádice, Juan Rolón, Pablo García Velasco, Antonio Pernías, Julio Coronel, Héctor Febres, Ernesto Weber y Carlos Generoso fueron procesados por los camaristas, quienes consideraron que los reglamentos militares presentados por la defensa demuestran “la exteriorización más clara de un acuerdo criminal, testimonio escrito de un plan sistemático, organizado, fríamente concebido y ejecutado contra gran parte de la sociedad civil”, que por su ilegalidad no había obligación alguna de cumplirlo. “Es evidente que los imputados aceptaron su papel en el contexto general de la lucha contra la subversión”, consideraron los camaristas, quienes destacaron que todos los acusados, luego de citarse para emboscar a Walsh, se juntaron esa misma noche en la localidad bonaerense de San Vicente para saquear la casa del escritor. “Esa decisión fue libre y voluntaria, motivada sólo por su convicción personal”, concluyeron.
A los imputados también se les reafirmó el embargo de un millón de pesos, impuesto por el juez federal Sergio Torres, quien a fines de diciembre pasado los había procesado por el secuestro del periodista, que fue emboscado el día que iba a enviar a los medios nacionales e internacionales su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, algo que finalmente hizo su pareja, Lilia Ferreyra. Walsh fue secuestrado el 25 de marzo de 1977, en San Juan y Entre Ríos, en Capital Federal. El escritor fue interceptado por los acusados, quienes “paseaban a secuestrados –recordó la Cámara– en automóvil” para identificar a Walsh y también llevaron a quien “cantó” esa cita que el escritor tenía en el lugar donde se lo secuestró. Ricardo Coquet, un sobreviviente que brindó testimonio ante el juez Torres, relató que uno de los imputados, el ex oficial Weber, le contó orgulloso: “Lo bajamos a Walsh. El hijo de puta se parapetó detrás de un árbol y se defendía con una 22. Lo cagamos a tiros y no se caía el hijo de puta”.
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