La causa por la masacre del 20 de diciembre de 2001, que investiga la muerte de cinco manifestantes y los centenares de heridos durante la represión que acompañó la caída de Fernando de la Rúa, no logra avances concretos y hasta parece ir en retroceso. La Cámara Federal ordenó una nueva reconstrucción de los hechos como medida de prueba “imprescindible” para “profundizar el conocimiento de lo acontecido” y que “se esclarezca la situación de incertidumbre” de ese día en el centro porteño, en cercanías de la Casa de Gobierno. A la espera de esas pericias, la Sala II de ese tribunal confirmó la falta de mérito a favor del jefe policial Víctor Belloni, imputado por los homicidios de los manifestantes Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón, y las lesiones que sufrieron Fernando Rico y Damián Aquino. Este proceso fue dividido en partes. En teoría, para agilizarlo, pero se está diluyendo con el paso del tiempo: sólo hay cuatro policías detenidos, fueron liberados los acusados del homicidio de Gustavo Benedetto y las responsabilidades políticas están cada vez más lejos de ser establecidas.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Luraschi repasaron el contexto de aquellos acontecimientos que precedieron a la renuncia de De la Rúa y recordaron que a media mañana “se ordenó a las fuerzas policiales desalojar la Plaza de Mayo y no permitir que, en lo que restaba de la jornada, se volviera a concentrar gente allí, para lo que debieron montarse operativos tendientes a obstruir todas las vías de acceso a la Casa de Gobierno”. En ese momento regía el estado de sitio decretado por De la Rúa el día anterior.

En ese contexto un grupo de policías atacó a manifestantes que circulaban por Avenida de Mayo, entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, donde Riva, Lamagna y Almirón murieron “alcanzados por disparos de armas de fuego con munición de plomo”. Algunas pruebas parecen sindicar al policía Belloni disparando contra la manifestación y este diario en su momento publicó una fotografía que así lo muestra. Además, en el expediente hay filmaciones en las que se ve a Belloni “efectuando un disparo con una escopeta calibre 12/70 cargada con munición de ‘propósitos generales’ –perdigones de plomo– contra parte de los manifestantes” que estaban en las inmediaciones, luego de lo cual se produjeron las muertes.

Sin embargo, otros testigos narraron que un automóvil blanco pasó por el lugar y desde allí partieron los balazos que causaron las muertes y heridas. “No existe más que una sospecha de que Belloni continuó disparando con munición de plomo contra los manifestantes. No es suficiente para considerar acreditado que efectivamente lo haya hecho, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal”, dijeron los camaristas.

El fallo, de unas quince carillas, contiene una crítica a la investigación que llevaron adelante la jueza federal María Servini de Cubría y el fiscal Luis Comparatore. “No se han adoptado medidas adecuadas para determinar si los oficiales policiales imputados han disparado con munición de propósitos generales y, en ese caso, la posición y dirección en la que se encontraban”, sostuvieron los jueces al remarcar la necesidad de reconstruir los hechos. “No surge la producción de medida alguna destinada a identificar a los involucrados”, por lo que es “totalmente insoslayable” avanzar en ese sentido y lograr la identificación de los policías que dispararon contra los manifestantes, concluyeron Luraschi e Irurzun. En sentido similar, días atrás la Cámara porteña ordenó que se profundice la pesquisa en torno de los policías que también reprimieron a las Madres de Plaza de Mayo que manifestaban allí.

Las últimas novedades del caso se habían producido en marzo, cuando este tribunal ordenó que cuatro policías vuelvan a la cárcel hasta que se inicie el juicio oral en su contra por el asesinato de Alberto Márquez, un dirigente del PJ bonaerense, y las lesiones de los jóvenes Martín Galli y Paula Simonetti.