Con la incorporación de los cuatro abogados representantes de la asamblea de Gualeguaychú, comenzó a funcionar ayer en la Cancillería la comisión que se encargará de elaborar la presentación de fondo –el “memorial”– que Argentina llevará a la Corte Internacional de La Haya para oponerse a la instalación de las plantas papeleras en Fray Bentos. Los abogados de Gualeguaychú, que ya en Cancillería estaban considerados como muy buenos técnicos, fueron protagonistas del encuentro con una “activa participación”. En medio, circuló la versión de que el presidente de Ence, el español José Luis Arregui, estaría en Buenos Aires e incluso se habría reunido con funcionarios del Gobierno para discutir la posible relocalización de la planta. Pero no hubo confirmación.

Una de las primeras resoluciones de la comisión fue acordar un convenio de confidencialidad y reserva, cuestión de no adelantarle a Uruguay a través de trascendidos los argumentos principales que llevará a La Haya para sostener que se incumplió el Estatuto del Río Uruguay al permitir la construcción de las plantas. Así que fue poco lo que se pudo saber sobre el desarrollo de la reunión, más allá de que los representantes de Gualeguaychú fueron protagonistas.

Los abogados entrerrianos se sumaron luego de que el jueves pasado el canciller Jorge Taiana se presentara en el Teatro Municipal de Gualeguaychú ante la asamblea en pleno. La invitación a dos representantes –que luego se amplió a otros dos por pedido de los ambientalistas– fue una sorpresa que se llevó el canciller y que cayó muy bien entre los asambleístas. En Cancillería reconocían el buen nivel técnico de los abogados –“muchas veces nos acercaron ideas muy interesantes”, mencionaban– y hasta admitían como un error no haberlos sumado anteriormente, en ocasión de la presentación de la medida cautelar ante la Corte Internacional. El objetivo del Gobierno es contener a los asambleístas y evitar que vuelvan los cortes de ruta.

Del encuentro de ayer participaron la asesora legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti; el responsable de Medio Ambiente de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela; la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti; los dos asesores externos, el constitucionalista Daniel Sabsay y la especialista en derecho internacional Silvina González Napolitano; la fiscal de Estado de Entre Ríos, Claudia Mizawak; el abogado que representa a la gobernación entrerriana, Juan Carlos Vega, y los cuatro abogados de Gualeguaychú: los titulares Ana Angelini y Fabián Moreno Navarro y los suplentes Ester Espoturno y Jorge Daneri.

Entre otras cuestiones, en el encuentro convinieron reunirse semanalmente en la preparación del “memorial” que deberá estar listo para el 15 de enero de 2007 como fecha límite. Uruguay tendrá seis meses para contestar y presentar lo que se denomina “contramemoria”. Con las presentaciones listas, la Corte se dedicará a estudiar las pruebas y dictaminará si hubo o no violación al Estatuto del Río. En los usos y costumbres cortesanos, suelen tardar varios años en expedirse. Pero según la información que manejan en la Cancillería argentina, en este caso trabajarían con mayor premura y, aseguran, podría haber sentencia para fines del año que viene.