No hay dos sin tres. El Senado volverá nuevamente a prorrogar por tres años la vigencia de las leyes anteriores a la reforma constitucional de 1994 que delegan facultades parlamentarias en el Ejecutivo. Hace dos años, cuando por segunda vez se votó la prórroga de estas normas, el oficialismo explicó que se necesitaban dos años más de trabajo para concluir la elaboración del digesto jurídico que encomendó el nuevo texto constitucional. El nuevo plazo vencerá el 24 de agosto. Corrida por la urgencia, la Cámara alta aprobará hoy una prórroga por tres años. El proyecto pasará a la Cámara baja, donde se espera un rápido respaldo para evitar la caída de cerca de dos mil normas.

Todas las privatizaciones de servicios públicos, impulsadas por Carlos Menem en los ’90, la organización de la AFIP, la ley de medicamentos, el Estatuto del Docente, forman parte del paquete de leyes que contienen delegación de facultades. El texto reformado de la Constitución determinó que el Congreso debería revisar ese cuerpo de iniciativas para ratificarlas o derogarlas. Ese plazo caducó en agosto del 1999, cuando Menem vivía sus últimos días en la Rosada. En esos cinco años el Congreso no había avanzado en el tema. Por eso no llamó la atención que en 1999 el Parlamento votara la primera prórroga de ese paquete de leyes por cinco años. Ese plazo venció en el 2004. Nuevamente con la tarea inconclusa, el Congreso volvió a votar una prórroga. En esta ocasión por dos años más, plazo que vence el 24 de agosto. La extensión será por otros dos años.

El mandato constitucional le encargó la tarea al Congreso. Al margen del análisis pormenorizado de cada una de esas leyes que contienen delegaciones en el Ejecutivo, el Parlamento encargó a una comisión de juristas la creación de un digesto que compendiara todas las iniciativas. Las demoras en la construcción de ese digesto son el argumento principal del oficialismo para impulsar una nueva prórroga. La comisión encargada de la tarea funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y es presidida por Daniel Sabsay.

Más allá de las críticas puntuales o de iniciativas como la presentada por la senadora Vilma Ibarra para crear una comisión legislativa que cumpla con el mandato constitucional de revisar cada una de las leyes que contienen esa delegación de facultades, lo cierto es que los parlamentarios se encuentran en el callejón sin salida del próximo vencimiento. Por eso, a pesar de los cruces políticos que pueda generar el debate, lo cierto es que la prórroga se votará en ambas cámaras de manera casi unánime. El andamiaje jurídico de muchas medidas de Gobierno y de otras tantas estructuras que forman parte del funcionamiento del Estado justifican el respaldo a la nueva extensión de los plazos previstos por la propia Constitución.