Algunos cabeceaban tratando de disimular, otros se rendían y roncaban en sus bancas. Eran las 4 de la mañana cuando el presidente de la Cámara, Alberto Balestrini, dijo “se va a votar” y despertó a más de uno. Con un margen ajustado, el oficialismo en Diputados logró 135 votos –contra 91– y convirtió en ley la ampliación de facultades permanentes del jefe de Gabinete para reasignar las partidas presupuestarias. La sesión que había durado media jornada se cerró con un aplauso que sonó muy tibio para la envergadura de lo que acababan de aprobar. No hubo sorpresas, y entre los radicales afines al Gobierno sólo se pronunció a favor de la consolidación del poder de Alberto Fernández el catamarqueño Genaro Collantes. “El Presidente no confía en su propio partido porque con sus legisladores que le dan mayoría en ambas cámaras podría tener las leyes para manejar el Presupuesto como quisiera, si no no se entiende por qué somete al país a semejante debate”, se lamentó el jefe de la bancada UCR, el rionegrino Fernando Chironi. “¿Por qué piensan que vamos a hacer las peores cosas a partir de esta ley si no las hemos hecho hasta ahora?”, se preguntó el presidente del bloque Frente para la Victoria-PJ Agustín Rossi.

Los temores sobre la posible falta de quórum se habían disipado doce horas antes, cuando los diputados del oficialismo se presentaron a sesionar, con una asistencia casi perfecta. También estaban los del duhaldismo residual dialoguista nucleados en el Peronismo Federal, salvo la diputada Graciela Camaño, quien, según sus allegados, habría viajado oportunamente a Cuba. Y dijeron presente los cordobeses del Partido Nuevo, aunque Norma Morandini votaría luego en contra. Estos legisladores, más algunos que integran monobloques afines al kirchnerismo como el pediatra Eduardo Lorenzo, fueron los apoyos necesarios para modificar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que “faculta al jefe de Gabinete a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por la Ley de Presupuesto”. Esto es la potestad de redistribuir las partidas entre el gasto corriente y de capital, con excepción de los recursos para seguridad e inteligencia, sin pedir autorización del Congreso.

Se pronunciaron en oposición al proyecto los radicales, el ARI, el PRO, el socialismo y el Justicialismo Nacional (duhaldistas y menemistas). Mientras que el líder de PRO Mauricio Macri había recurrido a un sapito de peluche para graficar el “destino fatal del pueblo”, que con medidas como la que se debatía se lo “hierve a fuego lento” como a un anfibio, la jefa del ARI Elisa Carrió prefirió el silencio. El orador de cierre fue entonces el presidente de su bancada, Eduardo Macaluse. “Es una concepción de poder donde el control significa impedimento. Por eso, cada vez que en el Congreso decimos que queremos controlar, el presidente de la Nación sostiene que le quieren atar las manos. Nosotros no le queremos atar nada: lo que no queremos es que las manos vayan a la lata. (...) Es mentira que el control sea contrario a la eficiencia”, arrancó el diputado, despabilando a unos cuantos de sus colegas. Y dio como ejemplo los 395 millones en subsidios que recibió el transporte sin que haya mejorado el servicio. “¿Qué problema tiene el Ejecutivo, si necesita reasignar una partida, en enviar un proyecto de ley, si tiene amplia mayoría en ambas cámaras? En una semana lo resuelve. Pero tiene que explicar el motivo para reasignarla. Entonces, si se quiere obviar la explicación, eso da motivo para la sospecha”, especuló el arista. Según Macaluse, el Presupuesto que hace el Gobierno produjo “una distribución del ingreso y una atención a los más postergados peor que en los ’90”.

Siguieron las metáforas faunísticas y varios pases de facturas entre justicialistas, sobre todo por los cambios de posturas respecto de los llamados superpoderes en los últimos años. “Entre las modificaciones a la distribución del Presupuesto que firmamos junto a (Roberto) Lavagna hubo una disposición para incrementar el Plan Jefas y Jefes que provocó una ampliación de esa red de contención social”, precisó Alfredo Atanasof, ex jefe de Gabinete de Eduardo Duhalde. Sin embargo, Jorge Sarghini, ex ministro de Economía de Duhalde en la provincia, fue terminante al afirmar que “no son necesarios los superpoderes para administrar”.

A medianoche el recinto se había vaciado a medida que se iban poblando los restaurantes de la zona de Congreso. Pero a las cuatro había 227 legisladores en el recinto cuando el jefe del bloque radical Fernando Chironi anticipó que iba a ser “telegráfico”. “Se nos quiere hacer creer que estamos debatiendo sólo por un artículo y que por eso se trata de una cuestión administrativa... Y ahora resulta que durante 153 años de vigencia de la Constitución, que faculta al Congreso a fijar límite al gasto, hemos vivido equivocados”, ironizó. Al mismo tiempo calificó de “sanata” las “tres hojas” de fundamentos que envió el Poder Ejecutivo. “(Néstor) Kirchner les decía ayer (por el jueves) a los rosarinos que le votaran esta ley porque tenía obras en esa zona paradas. Y esto es falso”, arremetió Chironi.

En el cierre del debate, Rossi comentó: “Menos mal que iba a ser telegráfico, pareció más una carta documento”. Y continuó resaltando que “estuvo bueno el acto en Rosario, con el Presidente inaugurando obras en una intendencia de signo opositor”. En ese momento, a pesar del cansancio, oficialismo y oposición cruzaron irónicas bromas sobre candidaturas. “Les va a pasar lo del pastor con las ovejas: tantas veces dicen que está en peligro la institucionalidad del país, los poderes de la República, el advenimiento del autoritarismo, que el día que pase algo la sociedad no nos va a creer porque están bastardeando las palabras”, enfatizó el legislador por Santa Fe mientras se restregaba los ojos. “El jefe de Gabinete va a tener movilidad de partidas, pero este poder no es absoluto porque hay partes del Presupuesto que son inamovibles”, aclaró yendo al eje del debate. Y concluyó que “estamos bastante alejados de decir que estamos presenciando el fin de la República, sino más cerca de aprobar una ley que permitirá darle al Gobierno mayor capacidad para desempeñarse con eficiencia administrativa”, en referencia a las afirmaciones en ese sentido realizadas por el ex presidente de la Nación Raúl Alfonsín.