“Rodolfo Walsh fue un brillante intelectual que al asumir un compromiso ético con su pueblo sumó la acción a las ideas y resultó víctima de la intolerancia y el odio de los enemigos de la libertad.” Así definió al desaparecido periodista y escritor el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y lo hizo en el escrito con el que se presentó como querellante en la causa por su asesinato. De esta manera, cuando el proceso llegue a juicio oral la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que ayer se presentó en el expediente, se sumará en la acusación a los querellantes ya existentes. Cuando las leyes de impunidad fueron anuladas quedó abierta la puerta para que, más tarde o más temprano, haya justicia en uno de los casos más emblemáticos de las aberraciones de la dictadura. Según los testimonios acumulados, varios de los represores ya procesados por la Justicia no sólo saben cómo murió Walsh, sino también podrían responder sobre el destino de sus escritos, saqueados de su casa de San Vicente luego del operativo.

Duhalde actuó en cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo que fijó como “responsabilidad primaria” de la secretaría la de impulsar y hacer el seguimiento de las causas relacionadas a violaciones a los derechos humanos. Admitido como querellante, el organismo puede pedir medidas de prueba y otras iniciativas para tener intervención efectiva en el desarrollo del expediente. La Secretaría de Derechos Humanos participa así en causas como ésta, en las que “están en juego delitos de acción pública, en los que el Estado tiene la obligación legal, indelegable e irrenunciable de investigar”. Además, de acuerdo con lo establecido a través de las normas internacionales conocidas como de Ius Cogens, los Estados deben combatir la impunidad definida como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

Respecto de la víctima (Walsh), Duhalde, junto a Martín Rico y Luis Alén, relató que “el escritor de obras policiales, amante del ajedrez, dedicado a la reflexión, se encontró un día ante una encrucijada: llegó a sus manos la denuncia de los crímenes cometidos por la dictadura militar de Aramburu y Rojas (...) Su vida tomó el camino de la denuncia y se convirtió en precursor del relato testimonial en el que se articulan tres géneros: no ficción, policial y periodismo”. Al mencionar la investigación que culminó con la publicación de Operación Masacre indicó que “no fue el gesto de periodista que advierte que ha llegado a sus manos un material con el que producir una nota destacada de impacto (...) Fue parte de su compromiso personal como ciudadano y de la colocación de su pluma valiente e incisiva al servicio de las luchas populares”. El último hecho que concretó Walsh, coherente con esa línea de conducta, fue la Carta Abierta de un Escritor a las Juntas Militares, el 24 de marzo de 1977. Al día siguiente moría enfrentándose con los miembros del grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Tenía 50 años.

El 20 de julio la Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos por un millón de pesos del represor Alfredo Astiz y otros nueve integrantes de aquella patota, en la causa que instruye el juez federal Sergio Torres, colocándolos en camino del juicio oral y público.