Tal como lo había hecho antes con el represor Alfredo Astiz, la Cámara Federal prorrogó por un año las prisiones preventivas que cumplen el capitán de la Armada Jorge “el Tigre” Acosta y el prefecto Héctor Febres, imputados por el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, entre otros crímenes. Los jueces estimaron que ambos represores “en caso de obtener la libertad intentarán burlar la acción de la Justicia”, motivados por la “gravedad de los hechos” y la gran cantidad de delitos que se les atribuyen.

La resolución estuvo a cargo de los camaristas Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, quienes intervienen en la “megacausa” por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). “La gravedad y características de los hechos, el compromiso social de investigarlos, perseguirlos y sancionarlos, la imposible reparación del daño causado, la calidad de las víctimas y los riesgos procesales son extremos que autorizan la prórroga concedida”, enfatizaron los miembros del Tribunal de Apelaciones, que incluyeron en su resolución un párrafo en referencia a los 16 años en que estuvo “pospuesta” la investigación, a raíz de la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida, actualmente anuladas. La causa está siendo tramitada por el juez federal Sergio Torres, quien, antes de procesarlos, analizó 175 casos de víctimas de la dictadura que comprometen a estos y otros represores.

Febres y Acosta –a este último los jueces ya lo habían considerado como organizador del grupo de tareas 3.3.2.– también están siendo juzgados en Roma desde principios de junio pasado por la desaparición de tres ciudadanos ítalo-argentinos. Entre los hechos por los que se encuentran imputados los represores figuran los secuestros de las religiosas francesas, de la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de De Vicenti, y los de Angela Aguad, Eugenia Ponce de Bianco, José Fondevilla, Eduardo Horane, María Ballestrino de Careaga, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Remo Berardo y Horacio Elbert. El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó, a fines de agosto del año pasado, los restos de algunos de estos desaparecidos en un cementerio de General Lavalle, quienes fueron sepultados como NN luego de aparecer en playas bonaerenses, en lo que constituyó la primera evidencia científica de los “vuelos de la muerte”. Además de estos crímenes, los jueces tuvieron en cuenta que los imputados eran integrantes “de una fuerza armada que atentó contra bienes jurídicos fundamentales de la población civil local y por la utilización de medios estatales contra víctimas nacionales”.