La Argentina rechazó oficialmente la invitación de Uruguay para monitorear la construcción de las papeleras. En una carta que el canciller Jorge Taiana mandó a su par Reinaldo Gargano, el Gobierno planteó que aceptar sería “convalidar un acto ilícito” y reiteró su oposición a que las plantas de celulosa se instalen en Fray Bentos.

La carta fue enviada a Montevideo en vísperas del juicio por los cortes de ruta ante el Mercosur, en un gesto con el que la Cancillería buscó remarcar que si hubo un delito, éste fue cometido por el país vecino cuando autorizó unilateralmente la instalación de las pasteras frente a la ciudad de Gualeguaychú.

El texto dice que “la localización y las tecnologías propuestas” causarán “un perjuicio al río Uruguay y sus áreas de influencia”. Y se queja de que el gobierno de Tabaré no haya cumplido “con el mecanismo de información y consulta previa” que fija el Tratado del río Uruguay.

Por otra parte, la Cancillería reitera su disposición a negociar, siempre que se pueda discutir una relocalización de las papeleras y el tipo de tecnología que utilizarán.

La oferta de la administración de Tabaré Vázquez había sido formulada el mes pasado, durante la cumbre de presidentes del Mercosur realizada en Córdoba, poco después de que el tribunal internacional de La Haya diera vía libre a la construcción de Botnia y Ence. En ese fallo, que fue adverso al reclamo argentino, los jueces incluyeron de todas formas algunos puntos favorables. Señalaron, por ejemplo, que Uruguay será responsable por cualquier daño por contaminación y que, como cualquier Estado, tiene “la obligación de controlar que las actividades desarrolladas dentro de los límites de su jurisdicción o bajo su control respeten el medio ambiente de los otros Estados”. Los jueces agregaron que, si en la cuestión de fondo se demuestra que la República Oriental violó el Tratado del río Uruguay, podrían llegar a ordenar el desmantelamiento de las plantas de celulosa.

La semana pasada, el gobierno de Tabaré había formalizado también por carta su oferta de un monitoreo conjunto. Pero la Argentina no quiere dar ningún gesto que pueda ser interpretado como un aval a la instalación de las fábricas en la cuenca del río Uruguay. Aceptar la propuesta, dijeron fuentes de la Cancillería, implicaría tolerar la localización de las plantas “como un hecho consumado”.

La estrategia oficial, por el contrario, consiste en insistir con el juicio en La Haya e impulsar, al mismo tiempo, medidas destinadas a cortarles el financiamiento a ambas empresas.

La respuesta fue firmada ayer por Taiana, para que el viceministro Roberto García Moritán se la entregue al canciller Gargano. Incluye un párrafo que reafirma la vía diplomática y el funcionamiento de la CARU (Comisión Argentina del Río Uruguay) “para la realización de todas las actividades orientadas a asegurar los más altos estándares de calidad ambiental del río Uruguay y sus áreas de influencia”.

Fuentes oficiales dijeron, por otra parte, que en este marco Taiana se reunió nuevamente con los abogados asesores y representantes de la Asamblea de Gualeguaychú y el gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de continuar con la elaboración del memorial que el país deberá presentar ante la Corte Internacional de La Haya en enero próximo.

El rechazo argentino a la propuesta uruguaya fue comentado por el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente oriental, Jaime Igorra. “Nos provocó pena, pero no sorpresa”, dijo el funcionario, quien señaló que ya estaban enterados de la posición, pero querían una respuesta formal para “que todo quede por escrito”.