Argentina y Uruguay presentarán hoy sus testigos ante el tribunal arbitral del Mercosur, en la demanda por los cortes de ruta contra las papeleras. Las audiencias se desarrollarán durante dos días en Montevideo, donde los uruguayos buscarán demostrar que el gobierno de Néstor Kirchner “omitió intervenir” para restablecer el tránsito en la frontera. En su defensa, la delegación argentina planteará que la circulación nunca estuvo totalmente cortada y llevará datos de que durante el período en conflicto el comercio bilateral aumentó. Pero la novedad del caso no será la argumentación económica sino la política, ya que los funcionarios plantearán que las protestas constituyeron un ejercicio del derecho de expresión, un bien que los gobiernos están obligados a proteger y que es más valioso que la libre circulación de productos y servicios.

Los cortes que denunció Uruguay se realizaron de diciembre a mayo. Comenzaron antes de las fiestas, de manera intermitente, para prolongarse luego por más de 70 días durante la temporada de verano. Como se recordará, los asambleístas los levantaron una vez que el gobierno se comprometió a presentar la denuncia en la Corte Internacional de La Haya.

Uruguay argumenta que violaron el Tratado de Asunción (fundacional de Mercosur), que en su artículo 1 garantiza la libre circulación de bienes entre los países del bloque. Aunque en este juicio no se discutirá una indemnización, el gobierno de Tabaré sostiene que las protestas le causaron pérdidas por 400 millones de dólares, monto que podría reclamar posteriormente. La ofensiva uruguaya busca además frenar futuras manifestaciones, ya que Botnia continúa con la construcción de su planta, con el plan de entrar en funcionamiento el año que viene.

Uruguay llevará como testigos a Gustavo Teske, propietario de una empresa de transporte de carga, a despachantes de aduana e integrantes de la Cámara Uruguaya de Turismo.

Por su parte, Argentina presentará al titular de la Aduana, Ricardo Echegaray; al presidente de la Comisión Sindical del Transporte del Mercosur, Raúl Cuence; el transportista Aníbal Oszust, el economista Dante Sica, ex secretario de Industria durante la gestión de Eduardo Duhalde, y Jorge Campañá, habitante de Gualeguaychú.

Echegaray ya fue director de Aduanas en Santa Cruz, durante la gobernación de Kirchner, mientras que Sica tiene una consultora que realizó el relevamiento económico que demostraría que el comercio bilateral aumentó, así como el número de argentinos que veranearon en Uruguay.

La delegación argentina que alegará está encabezada por los funcionarios de la Cancillería Juan Vicente Sola y Nora Capello, quienes ya presentaron un primer escrito en el que señalaron que los cortes fueron “una muestra de la libre expresión en defensa de un derecho que considera legítimo”. Sola y Capello viajaron acompañados de dos representantes de Entre Ríos, la fiscal de Estado provincial, Claudia Mizawak, y su adjunta, Rosa Alvez Pinheiro.

El Tribunal arbitral ad hoc será presidido por el juez español Luis Martí Mengarro (impugnado por la Argentina), estará integrado por José María Gamio (en representación de Uruguay), Héctor Masnatta (por Argentina). Los árbitros escucharán mañana los alegatos de las partes y tendrán tiempo hasta el 7 de septiembre para emitir un laudo, que podrá ser apelado en el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con sede en Paraguay.