Abogados de las cancillerías argentina y uruguaya volvieron a cruzarse ayer en Montevideo ante el Tribunal de Resolución de Controversias del Mercosur, que laudará en el conflicto sobre los cortes de ruta contra las papeleras. En el día de los alegatos, Uruguay insistió en su trazada línea argumental acerca de que el gobierno de Néstor Kirchner “no hizo uso de la facultad de todo el poder soberano del Estado” para evitarlos, “afectando la libre circulación de bienes, servicios y personas” entre ambos países aunque sin usar esta vez la palabra “represión” ni mencionar a las pasteras. Argentina sostuvo que la demanda es “abstracta” porque los bloqueos se levantaron, que mientras duraron no afectaron a la economía vecina y que se disuadió la protesta en forma “exitosa” y “razonable”. Agregó que “no existe responsabilidad del Estado” en las medidas adoptadas por los vecinos de Gualeguaychú. En una semana deberán presentarse los alegatos por escrito y el 7 de septiembre habrá fallo.

Esta vez hubo menos sillas ocupadas, pero las delegaciones mantuvieron las mismas ubicaciones asignadas el primer día (durante las declaraciones de los testigos): los argentinos a la derecha del Tribunal, los uruguayos a la izquierda. Con un plazo que no debía superar la hora y media, los abogados de ambas partes utilizaron casi todo el tiempo para exponer ante el tribunal que integran el español Luis Martí Mingarro, el uruguayo José María Gamio y el argentino Carlos Barreira.

El funcionario de la Cancillería uruguaya Hugo Cairus dejó de lado el protocolo de la oratoria argumental y leyó un extenso documento. Al hacerlo, puso énfasis en la “adjetivación” del escrito y acentuó determinadas frases en “un tono agresivo y combativo”, según describieron fuentes de la delegación argentina. La exposición incluyó párrafos de un editorial del diario La Nación con la firma de Joaquín Morales Solá y el título “El delito no es derecho” que hacía referencia a la legalidad de los cortes en Gualeguaychú. Luego anexó a su alegato una carpeta con ese y varios artículos periodísticos más de distintos diarios porteños.

“La Argentina no usó la facultad soberana de todo el poder del Estado” para evitar los cortes de ruta, fue nuevamente el eje del libreto uruguayo. “La disuasión no alcanza, no es eficaz”, dijo Cairus para referirse a la política del gobierno argentino. Le imputó, otra vez, una actitud de “inacción” que a su entender trabó la “circulación de bienes, servicios y personas” entre los países que componen el Mercosur afectando el turismo y la economía uruguaya en 400 millones de dólares, según evaluaron e hicieron público anteriormente varios funcionarios orientales. Aunque el tribunal arbitral del Mercosur no tiene atribuciones para pronunciarse sobre posibles “daños económicos”, la estrategia legal del gobierno uruguayo prevé la posibilidad que un fallo favorable en este ámbito internacional le abra las puertas de los tribunales argentinos a empresarios y comerciantes privados de su país para litigar contra el Estado por un resarcimiento económico.

A su turno, los representantes de la Cancillería argentina, Juan Vicente Sola y Nora Capello, dedicaron sus alegatos a rebatir jurídicamente los argumentos uruguayos. La estrategia se centró en cuatro puntos. El fundamental fue dejar sentado que “no hubo responsabilidad del Estado” en los cortes de ruta, sino que fue una “actitud tomada por particulares sin ninguna relación directa ni instrucción del Estado ni de sus funcionarios”.

Por eso entre los testigos presentados por la Argentina se incluyó a un asambleísta de Gualeguaychú. Jorge Campañá relató el miércoles ante el Tribunal las formas de decisión autónomas de los ambientalistas de la ciudad entrerriana, tomadas en asambleas públicas. Un dato que corroboró un testigo uruguayo, quien aseguró que “veía por TV” o “escuchaba por radio” las asambleas desde Fray Bentos para saber qué iba a pasar al otro día en la ruta.

En ese punto, Sola y Capello incorporaron los discursos de Néstor Kirchner en los que expresó que no apoyaba los cortes. Un dato de importancia en la jurisprudencia internacional sobre el apoyo de los Estados en distintos conflictos. Como el respaldo público del ayatola Jomeini durante la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán o la comprobación del gobierno sandinista del respaldo económico de los Estados Unidos a la “contra” que combatía en Nicaragua.

La delegación argentina también se refirió a la jurisprudencia internacional sobre conflictos económicos entre países europeos por el ingreso de distintos productos. Argentina negó que los cortes hayan sido “una barrera extra aduanera” a sus productos, como argumentó Uruguay. “¿De qué estamos hablando?”, se preguntó uno de los abogados para discernir si el planteo uruguayo de “libre circulación de bienes y servicios” es un reclamo económico que “excede el ámbito del tribunal arbitral del Mercosur”, en este caso concreto.

Otros de los planteos fue la “razonabilidad” de la “persuasión” del Gobierno sobre los asambleístas. Juzgaron su aplicación como “exitosa” porque terminó con los cortes, privilegiando otros derechos internacionales como la libertad de expresión y de manifestarse. Aunque en esta oportunidad los abogados uruguayos no usaron el término “reprimir” a los asambleístas, como sí lo hicieron en los escritos que dieron origen a la demanda.

Los abogados manifestaron lo “abstracto” de la demanda, realizada después que los cortes y rechazaron el argumento uruguayo de “inseguridad jurídica” que provoca la “incertidumbre” de nuevos cortes de ruta. Un tema que según los argentinos hace referencia a “objetivos misteriosos” y evita mencionar que la protesta se originó por la instalación de las pasteras en Fray Bentos.

La delegación argentina se mostró cauta, aunque dejó trascender su satisfacción sobre la labor realizada. Ayer, antes de regresar a Buenos Aires, una de sus preocupaciones era la seguridad personal del camionero entrerriano Aníbal Oszust, que declaró como testigo y volvió inmediatamente a Entre Ríos después de que le avisaron del “apriete” que sufrieron dos compañeros suyos en Fray Bentos, con una amenaza dirigida directamente a él. Una amenaza que le repitió telefónicamente un funcionario de la aduana uruguaya.