El Centro y el Círculo Militar uruguayos, que agrupan a retirados y personal en actividad, acusaron al embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño Mayer, de actuar con “resentimiento, odio y vulgaridad”. Lo hicieron en respuesta a unas declaraciones que el embajador realizó sobre diez represores del país vecino, a quienes la Justicia argentina pidió en extradición, acusados de violaciones a los derechos humanos. Patiño Mayer había dicho que se trata de “criminales” y criticó a los clubes militares que, dijo, “aprobaron” el golpe de Estado en Uruguay.

Las dos instituciones reaccionaron con la publicación de un comunicado conjunto en los diarios de Montevideo, en el que sostuvieron que el embajador tuvo palabras “improcedentes” y “violatorias” del artículo 41 de la Convención de Viena, “en cuanto incumple su obligación de no inmiscuirse en asuntos internos de Uruguay”. Además, consideraron que fueron “una agresión incomprensible que sólo puede explicar un profundo resentimiento y odio a la familia militar”.

Además del comunicado hubo declaraciones públicas. El presidente del Círculo Militar, general retirado Ricardo Galarza, sostuvo que “anular el indulto (como ocurrió en Argentina) es una fábula, porque no puedo decir hoy te perdono para que mañana otro te quite el perdón. El indulto es instantáneo y se extingue en sí mismo. En todo caso, contribuye a dar certeza jurídica como uno de los pilares del Estado democrático republicano”.

Los pedidos de extradición fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga lo sucedido en Automotores Orletti, un centro clandestino de detención en el que actuaron represores argentinos y uruguayos que usaban el lugar como base de operaciones en Buenos Aires.

Diez de los acusados son de esa nacionalidad. Rafecas pidió que se extradite a seis que ya están presos y se detenga a los cuatro restantes. Todos pertenecieron al Servicio de Información de Defensa (SID) uruguayo, que operó en la Argentina junto a la SIDE.

El juez, mediante los relatos de los sobrevivientes, ha reunido pruebas de la detención en Orletti de unas 70 personas, la mitad uruguayas.

Entre ellos estuvo Sara Méndez, quien relató que fue secuestrada en su casa de Belgrano por un grupo que comandaba el militar uruguayo José Nino Gavazzo, uno de quienes ahora tienen pedido de extradición. Los otros son Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ricardo José Medina Blanco, Jorge Ricardo Arab Fernández y Gilberto Valentín Vázquez, detenidos en la Cárcel Central de Montevideo. Las cuatro órdenes de arresto internacional son para Manuel Cordero, Luis Alfredo Maurente, Ernesto Soca y Ramón Díaz Olivera.

El embajador Patiño Mayer señaló que sus declaraciones no habían sido espontáneas, sino “una respuesta a un vocero de alguna de esas instituciones, señalando que los pedidos de extradición tenían por propósito someter a un linchamiento a los militares, porque la Justicia argentina no es independiente, sino que responde al presidente Néstor Kirchner”. Esas expresiones, consideró, “constituyeron un agravio al Poder Judicial de mi país”.