Uruguay no sólo le reclamó al tribunal arbitral del Mercosur que declare la responsabilidad de Argentina por permitir los cortes de ruta contra las papeleras, sino que pidió que se le exija al gobierno de Néstor Kirchner hacer cesar futuras protestas que puedan afectar la libre circulación de bienes y servicios. Ambas partes ya mostraron sus cartas esta semana en dos audiencias orales. Ahora se abre la pregunta crucial: ¿qué consecuencias puede tener un fallo de este tipo de pleito? Contra las grandes expectativas, el peso de la sentencia tendría un efecto más simbólico que práctico. Según cuál sea el resultado, fortalecerá a un país y debilitará al otro en el contexto general del conflicto por la instalación de las pasteras en Fray Bentos.

Hay dos datos favorables a los intereses de la Argentina que generan fuertes expectativas en la Cancillería: cuando Uruguay presentó la demanda ya no había bloqueos y, según la jurisprudencia del propio tribunal del Mercosur, que resuelve casos desde 1999, nunca se admitieron planteos a futuro, por hechos que no ocurrieron. Esto no quita que evalúe lo sucedido y emita un fallo declarativo que incluya, si le parece, algún llamado de atención. Eso queda sujeto al criterio y las ganas de opinar de los árbitros que intervienen, que son el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio –nombrados por las partes– y el español Luis Martí Mingarro.

Los expertos argentinos que prepararon el alegato que se hizo en Montevideo el jueves último tampoco cantan victoria anticipada. En voz baja, desconfían de la imparcialidad del tribunal. Los uruguayos, en un comienzo, habían puesto sobre el tapete la idea de que pretenden un resarcimiento por pérdidas económicas que sitúan en 400 millones de dólares y que adjudican a los cortes de los vecinos ambientalistas en los pasos fronterizos. El tribunal arbitral no falla sobre daños económicos, pero los orientales anunciaron al alegar que “se reservan sus legítimos derechos” de reclamar una reparación.

Por ese punto, el de los daños y perjuicios, pasaría en buena medida la lógica de la demanda de Uruguay en el Mercosur: habría buscado, hacia adentro, calmar los ánimos de sus empresarios e industriales que se quejaron porque los cortes complicaban su actividad comercial. Un pronunciamiento favorable del tribunal arbitral les daría respaldo, suponen, para litigar en forma individual y pedir resarcimientos a la Justicia argentina.

Uruguay presentó su denuncia en el Mercosur a comienzos de junio, después de que dio por cerrado el diálogo sobre la instalación de las papeleras. Sostuvo que había responsabilidad internacional del gobierno de Kirchner por “omitir” actuar frente a los bloqueos. El argumento es que no se extremaron los esfuerzos pare evitar los piquetes, lo que dio lugar a la violación del Tratado de Asunción, que establece la libre circulación de bienes y servicios entre los países de la región. Argentina respondió que actuó para disuadir la protesta y lo logró, que fue un camino “razonable”, ya que debe prevalecer la libertad de expresión, que la circulación nunca estuvo totalmente trabada e incluso aumentó el comercio bilateral. Y que aun así, al no haber más cortes el caso es abstracto.

El planteo es atípico entre los que suele definir el Tribunal de Resolución de Controversias, que falla ante disputas comerciales cuando un país dice que otro no respeta la normativa del Mercosur. Sus sentencias evalúan si determinadas medidas resultan, por ejemplo, restrictivas para el comercio o paraarancelarias. Si evalúa que lo son, ordena levantarlas. Entre algunos antecedentes, Argentina ganó en un laudo iniciado por Brasil, por la aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles. El resultado fue inverso en un pleito por subsidios a laproducción e importación de carne de cerdo. A Uruguay le rechazaron tres pedidos para frenar “actos normativos” que aún no se habían producido.

Teniendo en cuenta que ahora no hay cortes de rutas o puentes –no existe situación que hacer cesar– lo más probable es que el fallo del tribunal sea meramente simbólico. Diferente será el que se espera de la Corte de La Haya, hacia fines de 2007, que definirá la viabilidad misma de las plantas de celulosa. El tribunal del Mercosur tiene plazo para dictar sentencia, luego de que se presenten los alegatos escritos la semana que viene, hasta el 7 de septiembre. No habrá una audiencia sino que lo entregará a las partes, que tienen derecho a apelar ante el tribunal permanente de Asunción.