Un funcionario de la embajada argentina en Montevideo llevó ayer al Tribunal del Mercosur, poco antes de las cuatro de la tarde, el escrito con el alegato en el juicio por los cortes de ruta contra las papeleras. El documento insiste en que la denuncia uruguaya es abstracta porque las protestas de los vecinos de Gualeguaychú ya no existen, ni existían al momento de la demanda. Uruguay también hizo su presentación, en la que acusa al gobierno de Kirchner de “inacción” y reclama que se lo comprometa a futuro a no permitir más cortes. Con esto se cerró la anteúltima etapa del litigio; los árbitros quedaron habilitados para dictar un laudo, lo que deberán hacer antes del 7 de septiembre.

El bajo rango del enviado habla de la inexistencia de novedades en el escrito: todo lo que las partes querían decir ya fue dicho en las audiencias orales de principios de mes. El documento, de 37 páginas, refuerza la postura argentina en un resumen:

- El caso es abstracto, porque las manifestaciones no existen ahora ni cuando se presentó la demanda.

- Ningún tribunal juzga acciones a futuro, que todavía no ocurrieron, por lo que Uruguay no puede pedirle a los árbitros que comprometan a la Argentina a impedir nuevos cortes.

- No se violó ninguna norma del Mercosur, ya que no hubo medidas gubernamentales que afectaran la libre circulación. Los cortes fueron realizados por particulares que actuaron por su propia voluntad, no bajo gestión del Estado.

- El gobierno argentino aplicó con los manifestantes la disuasión, porque entendió que era la conducta debida. La elección fue eficiente ya que los cortes se levantaron.

- Uruguay no sufrió daños económicos, lo que se demuestra con el hecho de que el comercio y el turismo bilateral crecieron en la época de los cortes.

Sobre este último punto el escrito añadió datos oficiales según los que el turismo de argentinos a Punta del Este y otras playas creció un 8,6 por ciento de abril a junio de 2006 con respecto a la misma etapa de 2005. (Abril fue el mes en el que el bloqueo del puente Fray Bentos-Puerto Unzué se volvió permanente).

El gobierno uruguayo, en tanto, ratificó su “certeza” de que el Estado argentino incurrió en “omisión” frente a los cortes de rutas. El documento de la administración de Tabaré Vázquez fue más largo que el argentino, ya que tiene 50 páginas y una serie de anexos.

Una de las curiosidades de la demanda es que en ningún momento Uruguay relaciona los cortes con su origen objetivo, el rechazo a la instalación de las plantas de celulosa de Botnia y Ence en Fray Bentos. Los uruguayos se refieren a los bloqueos sencillamente como acciones que “violaron” el “derecho de libre circulación de bienes y servicios”.

El tribunal que emitirá el laudo está presidido por el español Luis Martí Mingarro; los restantes árbitros son el argentino Carlos Barreira y el uruguayo José María Gamio. El plazo que tienen para expedirse es de quince días. En el caso de que la decisión no conforme a alguna de las partes, podrá ser apelada ante el tribunal permanente del Mercosur, que funciona en Paraguay; en el gobierno, sin embargo, evalúan que esa instancia no sería favorable a la Argentina, ya que tradicionalmente se ha inclinado en favor de los países chicos del bloque.