La reaparición pública del ex senador Eduardo Duhalde en un desayuno con una asociación de ex becarios en Gran Bretaña, el intento del ex presidente Raúl Alfonsín por obtener el apoyo de la UCR a la candidatura de Roberto Lavagna y la reasunción del ministerio de Desarrollo Social por la senadora Alicia Kirchner marcan la aceleración de los tiempos políticos y los realineamientos con vistas a los comicios del año próximo. Estas jugadas previsibles conviven con el lanzamiento al ruedo electoral del obispo católico Joaquín Piña y la irrupción en la escena política de Estela Carlotto, Hebe Bonafini y Juan Carlos Blumberg, cuatro personalidades que no provienen de los partidos sino de la sociedad civil. Cada caso responde a su propia lógica, pero en conjunto muestran la porosidad de las fronteras del sistema político y la suma de nuevos actores, a un lustro de la hecatombe.

De Videla a Macri

El ex Senador Duhalde no hizo presentaciones públicas desde su derrota en las elecciones de octubre pasado en la provincia de Buenos Aires y la posterior fractura de las fuerzas que lo acompañaron en aquél intento. Pasado mañana a las 10 quebrará esa abstinencia con un desayuno organizado por la Argentine Chevening Alumni Association (AChA), que reúne a ex becarios argentinos del British Council. Chevening es el nombre de la residencia oficial de campo del ministerio inglés de Relaciones Exteriores, que creó el programa de becas. Las especialidades más habituales que siguen los becarios en el Reino Unido son Políticas Públicas, Economía y Finanzas, Comunicaciones y Derecho. La cita tendrá lugar en las oficinas de la senadora Hilda González, quien en forma periódica repite que su esposo se ha retirado de la política.

Esta misma semana, los Chevenings se reunirán con Jorge Fontevecchia, el editor de los semanarios Noticias y Perfil, discriminados por el gobierno nacional en la asignación de avisos publicitarios. La convocatoria a ambos encuentros es realizada por Matías Campodónico, quien solicita confirmación de asistencia a su dirección electrónica de la consultora Burson-Marsteller, y a la de Andrés Zenarruza, del Citigroup. Campodónico (ex periodista de La Nación y de la agencia alemana DPA) y Zenarruza no actúan en representación de esas empresas sino como presidente y ex presidente de la AChA. Citigroup es la organización financiera global que a través de una de sus ramas condujo el canje de títulos de deuda externa argentina por acciones de empresas públicas en el proceso de privatizaciones de la década pasada. Burson-Marsteller es una de las mayores consultoras mundiales de prensa y Relaciones Públicas, con agencias en 58 países. Hace tres décadas el entonces presidente Jorge Videla la contrató para que contrarrestara las denuncias que se hacían en todo el mundo sobre la situación en la Argentina. La respuesta fue el slogan “Los argentinos somos derechos y humanos”. Su objetivo declarado es narrar la historia de sus clientes de modo de “imponerse sobre sus críticos, legisladores, inversores, clientes, socios y/o empleados”.

En 2004 Maurizio Macri la eligió como agencia de comunicaciones internacionales de Boca Juniors. Según la organización Source Watch, del Center for Media and Democracy, otros de los clientes de Burson-Marsteler fueron el denominado Congreso Nacional Iraquí, creado por el gobierno de Estados Unidos para preparar el derrocamiento de Saddam Hussein, los gobiernos de Indonesia y las Filipinas, el ministerio de Economía de los Estados Unidos, empresas vendedoras de implantes de siliconas, tabacaleras asediadas por demandas de ex fumadores, compañías petroleras que se opusieron a un impuesto con el que el ex presidente Bill Clinton se proponía enfrentar el problema del calentamiento global y, a través de empresas controladas, las campañas presidenciales de George W. Bush. Su presidente latinoamericano, Santiago Hinojosa, es uno de los directivos del organismo creado por el gobernador de Florida Jeb Bush para conseguir que el secretariado del ALCA se instale en Miami. Entre sus clientes en la Argentina figuran Repsol, Telefónica, Visa, Bayer, Bagley, Alto Palermo, Disco y Abasto Buenos Aires. Su principal directivo en Buenos Aires es el ex director de Aguas Argentinas Diego Segura.

Las Diez Verdades

El mes pasado, Burson-Marsteller difundió en Nueva York una investigación basada en las opiniones de 685 funcionarios de gobiernos, presidentes de empresas, directivos de medios de comunicación y analistas financieros recogidas en 65 países, según quienes una buena estrategia de administración de crisis “puede revertir una mala reputación mucho más rápidamente”. Al presentar sus resultados, el 19 de julio, la directiva Deborah Bowker explicó que siguiendo unas pocas estrategias bien ejecutadas e integradas, es posible reducir el tiempo de recuperación y regresar al terreno con la reputación restaurada. Lo decisivo es “transmitir el mensaje correcto por medio de los emisores apropiados, a las audiencias debidas, por una combinación de viejos y nuevos canales”. De ese modo, la recuperación de una crisis que afecta la reputación insume poco más de tres años. Éstas son las Diez Verdades que los expertos de Burson-Marsteller recomiendan como conclusión del estudio:

1 Revelar lo antes posible los detalles del escándalo o fracaso.
2 Mostrar la recuperación.
3 Analizar qué es lo que anduvo mal.
4 Mejorar la estructura de conducción.
5 Permitir el acceso de la prensa a la jefatura y la dirigencia.
6 Despedir al personal involucrado en el problema.
7 Comprometerse a cumplir elevadas normas de conducta en el futuro.
8 Revisar cuidadosamente las pautas éticas.
9 Contratar un auditor externo.
10 Emitir un pedido de disculpas del Líder máximo.

Este decálogo sugiere que Duhalde no ha contado hasta ahora con el asesoramiento de Burson-Marsteller. La presentación del martes y sus pasos sucesivos indicarán si algo ha cambiado.

El mal menor

También se verá si el ex ministro Roberto Lavagna es uno de los emisores apropiados. Duhalde y el ex presidente Raúl Alfonsín son los patrocinadores de su eventual candidatura a la presidencia. Un importante sector externo y empresarial la considera como el mal menor frente al riesgo que asignan a la posible reelección de Néstor Kirchner o la postulación de CFK. La exposición de Duhalde ante el auditorio de los Chevenings es coherente con los pasos dados hasta ahora por su ex ministro de Economía, quien hizo su lanzamiento político desde Washington, hace tres meses, con una andanada contra el presidente de Venezuela; dijo en Madrid que “el Gobierno no está para tomar participaciones en el mostrador de un aeropuerto, en la cola de un avión o para entregar una empresa de servicios esenciales como la de agua a los sindicatos”; en Francia atribuyó a “una presidencia autista” las críticas de Kirchner a algunos medios y periodistas, y en el diario británico de negocios Financial Times denunció un supuesto giro del gobierno a la izquierda.

El otro patrocinador de la candidatura de Lavagna pondrá a prueba su estrategia el viernes, ante la Convención Nacional de su partido. Es probable que el líder histórico de la UCR y su jefe nominal, Roberto Iglesias, cuenten con los números necesarios para imponer su voluntad en ese cuerpo deliberativo. Pero Iglesias no controla ni siquiera su propio territorio, Mendoza, cuyo gobernador Julio Cobos encabeza a los radicales dispuestos a acordar políticas y también fórmulas electorales con Kirchner. Lanzado a una frenética competencia declamatoria con Elisa Carrió, Iglesias llamó “tirano” a Kirchner. Como hace un cuarto de siglo, los principales colaboradores de Alfonsín son Federico Storani y Leopoldo Moreau. Pero los tres sumados son irrelevantes en su propia provincia de Buenos Aires. Tanto los radicales Iglesias y Storani como los duhaldistas residuales Juan José Alvarez, Jorge Sarghini, Francisco De Narvaez y Eduardo Camaño votaron en favor de la admisión del diploma del ex subcomisario Luis Patti. El radicalismo se fracturó hace medio siglo, cuando dos figuras tan fuertes como Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, que habían encabezado la oposición a Juan Perón, se disputaban la candidatura presidencial para una elección en la que estaba prohibida la participación de cualquier rival de riesgo. Nada semejante ocurre hoy, lo cual permite sospechar que el viernes 25 transcurra sin una ruptura formal.

El camino radical hoy pasa más bien por la fragmentación, al estilo justicialista pero con pocos votos. A la diáspora de Ricardo López Murphy y Elisa Carrió, que dejaron sus filas hace años, se suman ahora las posiciones antagónicas de Radicales K y Radicales L y también la tercera posición de Margarita Stolbizer, quien propugna una alianza con comunistas, socialistas y el movimiento político que desde hace cuatro años quiere crear la CTA y que podría concretarse este año si su secretario general Víctor De Gennaro consigue dejar ese cargo sin que se fracture el Congreso que sesionará el mes próximo.

Misiones

La candidatura del obispo misionero Joaquín Piña Batllevell no es la primera de un eclesiástico. La mitad de los congresistas que declararon la Independencia en 1816 eran sacerdotes, si bien distanciados de la Santa Sede que sostenía los derechos de la monarquía española. El arzobispo de Buenos Aires Federico Aneiros fue diputado nacional durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, entre 1874 y 1875. El sacerdote Virgilio Filippo ocupó una banca de diputado durante la primera presidencia de Perón y el obispo Jaime de Nevares fue convencional constituyente en 1994. En 1973 el sacerdote Carlos Mugica no aceptó la candidatura que le ofreció el Frejuli y en 2001 el electorado bonaerense negó los votos necesarios para que resultara electo el cura Luis Farinello. Ni la Constitución ni las leyes prohíben que Piña se postule para ése o para cualquier otro cargo público. Una voz distinta podrá enriquecer así desde la sociedad civil la polifonía de las voces que intervienen en el debate democrático. Establecidos sus derechos y antecedentes, resta el análisis político. Piña dijo que había consultado su decisión con el presidente del Episcopado, cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuyo vocero oficial lo confirmó. El padre Jorge Oesterheld aclaró que no se había tratado de una autorización, que sólo puede conceder el Vaticano. Esto significa que tanto la Iglesia universal como la argentina apoyan el lanzamiento del obispo de Puerto Iguazú en el Frente Unidos por la Dignidad, que se propone impedir la reelección del gobernador Carlos Rovira mediante la reforma de la Constitución de Misiones. Dignidad fue también la denominación del partido político creado por el ex coronel Aldo Rico, luego integrado a las filas del justicialismos. Pero Piña se ha ganado el derecho al uso de ese sustantivo. Identificado desde siempre con los pequeños colonos, fustigó al neoliberalismo capitalista durante sus años de auge en el país y reivindicó la teología de la liberación. Cuando el marino Adolfo Scilingo reveló que la jerarquía católica había aprobado los vuelos como una forma cristiana de muerte y que los capellanes sosegaban con parábolas bíblicas los escrúpulos de los verdugos, Piña dijo que “pedir perdón es lo menos que se puede hacer ante la actuación cómplice de algunos eclesiásticos. Es la actitud noble que corresponde a un cristiano que reconoce que se equivocó. Y es el único verdadero camino para la reconciliación”. Sus actuales consignas contra “la vieja política” y en favor de la “gente honesta” que desea “poner freno a la pretensión hegemónica” del gobernador son elocuentes respecto del rol político que la Iglesia se propone cumplir, tal como también se desprende de las sentenciosas homilías del cardenal Bergoglio, jefe de una Iglesia en la que la línea de Piña está en absoluta minoría.

Damas y caballeros

Dos íconos nacidos en el reclamo contra la dictadura militar y por la aparición con vida de sus víctimas se han lanzado de lleno a la competencia política en la Ciudad de Buenos Aires. Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, se erigió en la más vocal defensora de la política del ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. Hebe Bonafini, líder de una de las fracciones de las Madres de Plaza de Mayo, acompaña en cambio al actual gobernante porteño, Jorge Telerman, quien solicitó la renuncia de la principal operadora política de Ibarra, Gabriela Alegre. Carlotto, quien ya había participado en actos de adhesión a Ibarra durante el juicio político que culminó con su destitución, comparó el pedido de renuncia de Alegre con la desaparición de personas durante la dictadura militar (sic). También increpó a los periodistas que durante una conferencia de prensa le preguntaron a Alegre cómo podía probar su afirmación de haber entregado a su sucesora, María José Guembe, un par de cajas con pertenencias personales de los muertos en Cromañón. El involucramiento político de Carlotto y Bonafini abre un capítulo nuevo en la compleja historia del movimiento en defensa de los derechos humanos, cuya proximidad con el poder no transcurre sin consecuencias. Kirchner pudo convencer a las dos dirigentes de que lo acompañaran en el palco levantado en la Plaza de Mayo hace tres meses, pero no impedir su confrontación en la política porteña. Hasta ahora sólo el democristiano Augusto Conte y el socialista Alfredo Bravo pasaron del campo de los derechos humanos al de la política electoral y, en ambos casos, había una militancia partidaria anterior. Carlotto ha rechazado candidaturas a cargos electivos y empleos públicos, de lo que se encarga el resto de su familia. El jueves 31 hará su lanzamiento político Blumberg, otro emergente de la sociedad civil cuyo hijo también fue víctima de la violencia, pero en este caso no estatal sino delictiva. Su concentración sobre la Plaza de Mayo, para la que ha solicitado al gobierno de la Ciudad la malversación de recursos públicos, se hará en torno de consignas autoritarias y desconocedoras de los límites constitucionales, como la creación de una policía única que desplace a las fuerzas provinciales. Los encuentros que ha sostenido en las últimas semanas muestran una mayor afinidad con Macri, quien lo tentó con una candidatura electoral, que con Lavagna, quien cuestionó su obsesión por el incremento de penas.

La Biblia y el Calefón

Hace dos semanas, mientras se debatía la reforma de la ley de administración financiera y la creación de la Comisión Bicameral que deberá tratar los decretos de necesidad y urgencia, Blumberg intentó un abrazo al Congreso, frustrado por la escasez de brazos. Sí tendieron los suyos la radical Stolbizer, la multipartidaria Patricia Bullrich, los legisladores Jorge Enríquez (macrista) y Enrique Olivera (ARI), la trotskista Vilma Ripoll y la nostálgica Cecilia Pando de Mercado, del nucleamiento en ciernes “La Biblia y el Calefón”. En cambio, casi inadvertida pasó esta semana la ley que dispuso hacer públicas un centenar y medio de leyes secretas sancionadas desde el siglo XIX, prohibir esa aberración en el futuro y circunscribir la aplicación de fondos reservados a gastos de inteligencia y seguridad del Estado, bajo control del Congreso. Radicales y aristas señalaron la mitad vacía del vaso: se derogaron las leyes pero no los decretos secretos.