EL PAíS › EL FISCAL PIDIO QUE LA CAUSA POR LOS SOBORNOS EN EL SENADO VAYA A JUICIO
El fiscal Federico Delgado reclamó la elevación a juicio oral para nueve acusados. El escrito no incluye formalmente a Fernando de la Rúa, porque no está procesado. Pero señala la responsabilidad del ex presidente en la maniobra del pago de coimas para aprobar la ley de reforma laboral.
› Por Victoria Ginzberg
Fernando de la Rúa no está procesado en la causa por las coimas en el Senado. Sin embargo, el escrito con el que el fiscal Federico Delgado pidió la elevación a juicio de los nueve acusados de dar y recibir dinero a cambio de aprobar la ley de reforma laboral, alude en varias ocasiones a la responsabilidad del ex presidente en la maniobra. De hecho, Delgado aseguró que fue en el despacho presidencial que se concretó “el pacto” entre el oficialismo y la oposición sobre el pago de sobornos.
Para el fiscal no existen dudas acerca del delito: “La acción concreta que guió el devenir histórico del proceso, expresada fríamente, es un cohecho, una coima, un soborno (cualquier cosa que mueve, impele o excita el ánimo para inclinarlo a complacer a otro, según el diccionario enciclopédico Planeta)”. Lo que no está del todo resuelto es quiénes participaron del hecho.
El requerimiento de elevación a juicio presentado por Delgado ayer alcanza a los nueve procesados por el juez federal Daniel Rafecas: los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. De la Rúa fue indagado por el juez, pero Rafecas todavía no definió su situación procesal.
El fiscal señaló que los nueve involucrados en este escrito fueron coautores del delito “en la medida en que todos cumplieron un rol relevante en la maniobra a la par que en todo momento tuvieron la posibilidad de impedir el resultado debido a las posiciones de poder decisivas que ocupaban”. Así, los ex senadores y ex funcionarios fueron “eslabones, bien que necesarios, de una amplia cadena”. Delgado describió el papel que, según su convicción, tuvo cada uno de los procesados en el hecho:
- Genoud: Se hizo cargo de transmitir la inquietud del gobierno a los opositores. Solicitó la venia para materializar el ofrecimiento concreto. Se encargó de monitorear personalmente el desarrollo óptimo del plan criminal y de autorretribuirse esa gestión.
- Flamarique: También se autorretribuyó. Se encargó de obtener el “título” de “único negociador” de la ley en nombre del Ejecutivo. Colaboró en la construcción de un imaginario simbólico que permitió que el ofrecimiento del dinero pareciera parte del “juego democrático” mientras coordinaba con Genoud y De Santibañes el desarrollo del cohecho.
- De Santibañes: Puso a disposición los fondos de la SIDE. Acordó con Pontaquarto la entrega del dinero y ordenó a personas de su máxima confianza que asistan al entonces secretario parlamentario en el retiro y traslado del dinero. Acordó con Genoud el resguardo del dinero durante una semana y llevó a cabo distintas acciones propias o a través de terceros, para contener al “arrepentido”.
- Pontaquarto: Recibió, guardó y entregó el dinero. Una parte lo recibió Cantarero en su casa el 26 de abril de 2000. El resto fue para Flamarique y Genoud.
- Los ex senadores peronistas: Cantarero repartió el dinero en su casa entre Alasino, Costanzo, Branda y Tell. Esa recepción obedeció a que modificaron su voluntad y contribuyeron a la sanción de la ley.
El pacto
La participación de De la Rúa está descripta en el escrito a partir de la necesidad –que Delgado define como “existencial”– del gobierno de la Alianza de lograr la ley de flexibilización laboral. Para el fiscal, la reunión en el despacho presidencial descripta por Pontaquarto, en la que se habría hablado del pago, fue “sustancial porque tenía el objetivo de ‘quitar las trabas’ que impedían la implementar una política pública”. Allí habrían estado De la Rúa, Genoud, Flamarique (un rato) Alasino y Tell, además del ex secretario parlamentario.
Fue en ese lugar –reseñó el fiscal– que Genoud le explicó al entonces presidente que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para apoyar la ley. “Ese puls era dinero”, afirmó Delgado. “Frente a tamaño interrogante del justicialismo, el presidente de la Nación le indicó al presidente provisional del Senado de la Nación (Genoud) que ese tema, el del dinero para sobornar senadores, lo debía tratar con Fernando de Santibañes, a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado”, agregó. Para el funcionario judicial, allí se puso en marcha el proceso (“se consumó el pacto”) que continuó cuando Pontaquarto retiró los cinco millones de pesos/dólares de la SIDE y culminó cuando se repartió la plata.
El teatro
Delgado calificó a los sobornos del Senado como el hecho que “generó la crisis más aguda de la ‘vida’ institucional de la República Argentina desde la salida democrática del 10 de diciembre de 1983”.
El fiscal mencionó que el pago de coimas conllevó otra maniobra, la destinada a ocultar el delito y hacer que las cosas no parecieran lo que eran: “La entidad y gravedad del hecho reclamaban como un requisito ineludible el secreto, la oscuridad, porque no se puede mostrar que el presidente y su partido ofrecen dinero para conseguir leyes y que, encima, los opositores lo acepten”. También analizó el doble discurso que manejaban los involucrados cuando estalló el escándalo. El ejemplo paradigmático es una frase de Alasino durante el debate de la ley. “Lo importante es lo que está en poder del señor secretario”: para el público general, el dictamen de mayoría que tenía Pontaquarto; para los entendidos, el dinero.
El escrito incluyó citas de Ha-nnah Arendt, René Descartes, Fedor Dostoievski, Nicolás Maquiavelo, Max Weber, Carlos Marx y Jacques Derrida, pero el mayor homenaje fue para Rodolfo Walsh, quien –señaló Delgado– describió en ¿Quién mató a Rosendo? un fenómeno que presentaba la imagen de una época y que anticipaba otras. En ese sentido, afirmó: “La investigación sobre las coimas en el Senado permitió retratar una lógica de construcción de poder que pretende amalgamar dos planos: uno real o material y otro simbólico o meramente discursivo. Una lógica que aspira a condensar una forma de hablar y otra, diferente, de actuar. Podríamos resumirlo como la institucionalización de la hipocresía”.
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