El intendente de Bahía Blanca, Rodolfo Lópes, fue destituido ayer por el Concejo Deliberante, cuyos integrantes, en franca mayoría, entendieron que “cometió faltas graves” en el desempeño de su función. Lópes, electo por el Frente para la Victoria (FPV), se convirtió en el primer jefe comunal de esa localidad que es separado de su cargo por una Comisión Investigadora, que lo acusa, entre otras cosas, de “irregularidades en las contrataciones administrativas” y “el empleo indebido de bienes del patrimonio municipal”. Enterado de la resolución, Lópes denunció “un armado mafioso” en su contra, armado por los poderes “político, legislativo, judicial y periodístico”.

Ahora, su mandato deberá ser completado por el dirigente justicialista Christian Breitenstein, quien lo reemplazó cuando fue suspendido por 90 días por el Concejo Deliberante, que aceptó la recomendación de una Comisión Investigadora del cuerpo deliberativo. El jefe comunal fue destituido con el voto mayoritario de 18 concejales, contra 6 (todos ellos del FPV) que se pronunciaron por la negativa durante una sesión especial que realizó, por la tarde de ayer, en el Concejo Deliberante local.

El ahora ex intendente bahiense está siendo investigado por presuntas irregularidades con fondos públicos en el municipio, en una causa ya conocida como “el bahía-gate”. Entre los siete cargos que se le imputan figuran “el indebido fraccionamiento de las obras viales, compra de tosca tipo suelo, el pliego licitatorio de la Terminal de Omnibus y las contrataciones con la firma Ediba SRL”.

La Comisión Investigadora también culpa a Lópes de “la cesión del automóvil oficial al intendente (del partido de la Costa) De Jesús; irregularidades en la asignación de telefonía celular; irregularidades en el otorgamiento de planes de empleo y reparto de alimentos en el ámbito de la secretaría de Desarrollo Social”. Asimismo, la Comisión lo encontró responsable por las desprolijidades en “la planificación de las obras a ejecutar y el rechazo de la rendición de Cuentas del Concejo Deliberante”. Tras la lectura de los cargos, Carlos Ocaña, presidente del bloque de la UCR, dijo que la conducta del intendente “tiene la suficiente gravedad institucional” como para que no continúe al frente del municipio. Por su parte, Esteban Obiol (del FPV) remarcó que “Bahía Blanca y este cuerpo ha perdido la confianza en Lópes” y, tras señalar que el intendente “no puede ser responsable del erario público”, puso de relieve “la responsabilidad institucional del Concejo Deliberante”, ante la situación derivada por la conducta del jefe comunal. Salió en defensa del ex intendente el concejal Fabián Lliteras, del FPV, quien denunció que “durante el proceso investigativo se vulneraron derechos consagrados en la Constitución”.