“El hecho no existió”, repite Fernando de la Rúa siempre que es interrogado sobre las coimas en el Senado. Pero según un juez, dos camaristas y los fiscales, no hay dudas de que senadores peronistas recibieron dinero de parte del gobierno de la Alianza para lograr la sanción de la Ley de Reforma Laboral. Ahora que nueve acusados van camino al juicio oral, resta definir el rol del ex presidente en la maniobra. Su cercanía con los principales involucrados, el contexto en el que se logró la votación de la ley, el relato del ex secretario Mario Pontaquarto y los indicios de una reunión clave en la Casa de Gobierno son parte de las evidencias que pueden complicarle el futuro.

El principal argumento de defensa de De la Rúa es que toda la investigación sobre las coimas en el Senado es una “operación política” (así se llama el libro que editó para difundir esa versión). Desde su visión, los principales responsables de su desgracia son, en una primera etapa, el líder de la CGT, Hugo Moyano (que popularizó la frase que le habría dicho el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique: “Para los senadores tengo la Banelco”) y el ex senador Antonio Cafiero. La segunda parte sería obra de gobierno de Néstor Kirchner. El ex presidente no busca despegarse de las coimas, sino que insiste en que no hubo reparto de dinero.

La acusación contra De la Rúa presume que estuvo al tanto de que se iba a sobornar al bloque peronista y no hizo nada para impedirlo. La figura bajo la que está imputado es “partícipe de cohecho”, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

La semana pasada, luego de la irrupción de la asistente del ex senador Remo Costanzo, Sandra Montero, el ex presidente aprovechó todos los micrófonos para dar su versión. “La causa está extinguida, apelan a esto a ver si la reflotan”, fue una de las cosas que dijo. Lo cierto es que el testimonio de la mujer que aseguró ver un maletín en el despacho de su jefe con 300 mil pesos provenientes de la coima no fue central en la investigación ni la salvó de la catástrofe. Por supuesto, sirvió para reforzar la versión de Pontaquarto, pero el juez consideraba que tenía pruebas suficientes para elevar la causa a juicio antes de escuchar a Montero. De la Rúa también denostó la investigación con el argumento de que nunca se probó lo que decía el anónimo que comenzó a circular en el Parlamento cuando estalló el escándalo de las coimas. Pero el juez Daniel Rafecas nunca tomó ese papel como evidencia, sino que se basó en otros indicios para procesar a los acusados.

De la existencia de las coimas están más que convencidos el fiscal Federico Delgado y el juez Rafecas. Los jueces de la Cámara Federal Horacio Vigliani y Martín Irurzun dudaron cuando apareció Pontaquarto, pero después se convencieron. Una de las pruebas que los hizo cambiar de idea es un informe sobre las comunicaciones telefónicas de los acusados.

El hecho

Según el relato del “arrepentido” ex secretario parlamentario, el 18 de abril de 2000 él retiró de la SIDE 5 millones de pesos/dólares que repartió una semana después. 4 millones 300 mil pesos –dijo– fueron entregados al senador peronista Emilio Cantarero en su departamento el 26 de abril por la noche, después de la sesión en que se votó la ley en cuestión. Los otros 700 mil los habría recibido al día siguiente el radical José Genoud en su despacho del Congreso. Cantarero habría repartido la plata con otros legisladores que fueron pasando por su casa después de abandonar el Congreso. Pontaquarto agregó que Genoud le dijo que la mitad de lo que había recibido era para Flamarique.

El informe de las comunicaciones telefónicas de los acusados permitió confirmar el relato del “arrepentido”. Esta pericia estableció no sólo quién, a qué hora y a qué numero hizo una llamada, sino también desde dónde la realizó. Es que las compañías telefónicas dividen la ciudad en una cuadrícula y detectan desde cuál de ellas (y a cuál de ellas) seestableció la comunicación. Así se confirmó que los ex senadores Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda estuvieron en la celda 52 –que corresponde al departamento de Cantarero– el 26 de abril de 2000 por la noche.

Costanzo tuvo que reconocer que estuvo en la casa de Cantarero porque usó el teléfono de línea de su colega para llamar a varios dirigentes del PJ de Río Negro y a su propio hijo. Tell aseguró que había estado en La Biela (como es cerca de la casa de Cantarero también responde a la celda 52) con Pardo, pero este último lo desmintió.

El análisis de las llamadas, entonces, confirmó por una vía “imparcial” el relato de Pontaquarto y lo convirtió en un testigo confiable para el juzgado. De hecho, el testimonio del “arrepentido” y los peritajes que los respaldaron fueron la columna vertebral en que se sostuvo el procesamiento de los nueve acusados que ahora se encaminan hacia el juicio oral.

Dentro del relato de Pontaquarto, De la Rúa apareció como anfitrión de una reunión que se realizó en su despacho para hablar sobre la Ley de Reforma Laboral y en la que se mencionaron las coimas.

El despacho

Según la versión de Pontaquarto, en ese encuentro en la Casa Rosada estuvieron De la Rúa, Genoud, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique (un rato) Alasino y Tell, además del ex secretario parlamentario. Fue allí –aseguró el secretario parlamentario– que Genoud le explicó al entonces presidente que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para apoyar la sanción de la ley. Y fue entonces cuando De la Rúa dijo: “eso arréglenlo con (Fernando) De Santibañes”, jefe de la SIDE.

El fiscal Federico Delgado dijo en el escrito con el que pidió el jueves la elevación a juicio de la causa que fue en ese momento cuando se puso en marcha el proceso (“se consumó el pacto”) que continuó cuando Pontaquarto retiró los cinco millones de pesos/dólares de la SIDE y culminó cuando se repartió la plata.

Aunque para el fiscal no haya dudas, comprobar que se realizó esa reunión es una de las tareas pendientes del juez. Y desmentir que haya ocurrido es uno de los principales objetivos de De la Rúa.

El ex presidente asegura que Pontaquarto miente porque, a pesar de que dijo que fue recibido por ceremonial y que estuvo en un hall en el que “había gente”, “no lo vio nadie”, es decir, no hay testimonios en la causa de alguien que lo haya visto. Ante el juez, De la Rúa dedicó una buena parte de su declaración a describir cómo era su despacho y marcar diferencias con el testimonio del “arrepentido”. (“La chimenea es cuadrada y él en distintas ocasiones dijo que era oval, no recuerda los espejos, la mesa era diferente”, etc.)

En marzo, Pontaquarto y los investigadores de la causa realizaron un reconocimiento en la Casa Rosada. Los funcionarios judiciales quedaron conformes con la conducta del ex secretario parlamentario. “Se orientó solo desde la explanada hasta el despacho presidencial”, recordó a Página/12 una persona que estuvo presente. Además, durante la inspección, se encontró detrás de una puerta cerrada un lavatorio que había descripto Pontaquarto. Respecto de la forma de la chimenea y los espejos, un conocedor del expediente arriesgó: “si no hubo una reunión, no se entiende el empeño por discutir el mobiliario, los argumentos son tragicómicos”.

Hay otros indicios por fuera del testimonio de Pontaquarto de que la reunión se llevó a cabo. Uno de ellos también surge del análisis de llamados. Se trata de una llamada entre Genoud y De Santibañes –con quien De la Rúa les había mandado a “arreglar” las cosas– del 4 de abril de 2000. No existen llamados entre ambos antes de esa fecha ni en los días posteriores. Pero el jefe de la SIDE y el presidente provisional del Senado volvieron a hablar el 17, un día antes de que el dinero fuera retirado de la SIDE por Pontaquarto, en ese entonces hombre de confianza de Genoud. Y además, fue uno de los acusados, Ricardo Branda, el que mencionó el 4 de abril como la fecha posible de una reunión en la que dijo que no podía haber estado porque estaba afuera del país. Pontaquarto no había podido precisar el día.

El dinero

“La plata no salió de la SIDE”, repite De la Rúa y cita a la Cámara Federal como fuente. Pero en el expediente las cosas son distintas. El tribunal superior no dijo que el dinero de las coimas no salió de las arcas de la Secretaría de Inteligencia, lo que señaló es que no había pruebas suficientes para asegurar que hubiera sido así. Lo que ocurre es que es difícil hacer un buen peritaje sobre los fondos de la SIDE, que no suelen estar muy documentados.

Pero al confirmar los procesamientos contra los nueve acusados, los camaristas entendieron que podía darse por acreditado que Pontaquarto había estado en la SIDE el 18 de abril de 2000 y que esa noche salió del lugar con un bolso lleno de plata. Los registros de entrada de la SIDE prueban que el ex secretario parlamentario estuvo ese mediodía en el lugar. En esa oportunidad habría arreglado pasar por la noche a buscar la plata. La segunda entrada –clandestina– no está registrada. Pero el seguimiento del celular del “arrepentido” coincide con el recorrido que debió haber hecho: SIDE-Congreso. También hay una constancia de su ingreso a la playa de estacionamiento del Parlamento.

La defensa de De la Rúa asegura que los horarios que surgen de los peritajes de las comunicaciones del Pontaquarto no coinciden con los que dio en su declaración. “El dijo que era a la noche y después se comprobó que fue a la tarde. Pero estuvo en los lugares que dijo y el trayecto es posible en los tiempos que dijo, porque miembros del juzgado lo hicieron para comprobarlo. El hecho de que no sea una historia sin fisuras que cierre perfecto implica que no se trata de algo armado”, aseguró un conocedor del caso.

“No se incrementó el patrimonio de ningún senador”, es otra de las frases con las que el ex presidente pretende demostrar la existencia de la “operación política”. Es cierto que se intentó hacer un peritaje sobre los fondos de los involucrados que no tuvo grandes resultados. Pero una desmentida fácil y previsible de este razonamiento la dio la nueva testigo Sandra Montero, cuando declaró ante el juez hace diez días. La mujer señaló que Costanzo había dicho que esa plata no podía depositarla en ninguna cuenta, ni en el país ni en el extranjero. A lo sumo, podría guardarla en una caja de seguridad de Uruguay.

El contexto

Además de los indicios fácticos sobre la maniobra de soborno, los investigadores del caso reconstruyeron con mucho detalle el contexto en el que se sancionó la ley de flexibilización laboral. De la Rúa dice ahora que se trataba de una norma más (“y progresista”), pero no central en su gobierno. No es lo mismo que reconstruyeron el juez y el fiscal.

En la resolución del jueves, Delgado sostuvo que se trataba de una medida “existencial” que tenía dos objetivos: satisfacer al Fondo Monetario Internacional y demostrar que era factible gobernar con un poderoso bloque opositor en la Cámara alta.

“El contexto político, en especial las extremas necesidades del gobierno y la fortísima posición de poder demostrada una y otra vez por parte de los senadores justicialistas abonaron el camino que llevó a algunos representantes de aquel a abandonar la búsqueda del objetivo por medios públicos y lícitos, para pasar a procurárselo por un medio secreto e ilícito: el pago de millonarios sobornos a senadores de la oposición”, señaló el juez cuando procesó a los nueve acusados.

Rafecas y Delgado también evaluaron el comportamiento del gobierno antes y después de la votación. Esto incluye el desplazamiento del entonces jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y el posicionamiento de Flamarique como “único negociador” de la norma. Además de la renuncia del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez después de que los sospechados de negociar los sobornos fueran ascendidos en el gabinete de la Alianza. Tampoco pasó inadvertido que una vez que el escándalo estaba instalado en los medios, De la Rúa se reunió en Olivos con la plana mayor del bloque opositor.

En común

¿Qué tenían en común un banquero, un funcionario proveniente del Frepaso alejado de su referente político y un radical histórico, en ese momento presidente provisional del Senado? Fernando de la Rúa, entonces presidente de la Nación, era lo que unía al jefe de la SIDE Fernando De Santibañes, el ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el senador José Genoud, los tres implicados por haber pagado la coima. Este razonamiento fue la base que siguió el juez federal Daniel Rafecas al decidir que debía citar al ex presidente como sospechoso. La hipótesis que subyace aquí es que es sumamente difícil que una maniobra de ese tipo se pudiera concretar sin haber tenido, como mínimo, el consentimiento de la Casa Rosada.