El proyecto de reforma del Código Penal que tanto revuelo desató tres meses atrás está recibiendo las últimas pinceladas y la semana próxima será entregado al ministro de Justicia, Alberto Iribarne. El borrador pasó por una consulta pública que cosechó 7800 correos electrónicos –más de la mitad era una cadena antiabortista– y cerca de 900 sugerencias en papel. La versión final lucirá ajustes técnicos, pero no cambiará la esencia de los puntos más conflictivos: mantendrá la despenalización del aborto en los tres primeros meses de gestación, la legalización de la tenencia de droga para consumo personal, la eliminación de la cadena perpetua y limitará la aplicación del Código a los mayores de 18 años. Como novedad, se elevaría la pena en casos de fellatio para igualarla a la violación.

En un escenario preelectoral, donde los discursos de la derecha buscan asociar la propuesta de reforma del Código a la inseguridad, es improbable que el Gobierno la envíe al Congreso ahora. Iribarne ya dijo claramente que no es una “prioridad”. Pero la comisión de juristas que la elaboró apuesta a que el ministerio la testee con las grandes instituciones académicas para mantener vivo del debate.

El grupo que trabajó en el anteproyecto se reunirá el jueves próximo para terminarlo. Esa fecha tope fue fijada hace meses. Por esas cosas de la vida, el mismo día y en simultáneo será la marcha de Juan Carlos Blumberg en reclamo de seguridad. El empresario es uno de los críticos más férreos de la reforma, a la que calificó como un “zafarrancho” que parece “escrito por los presos”. Uno de los pedidos de su procesión a Plaza de Mayo será que haya una policía nacional y, el otra, bajar la edad de imputabilidad porque “no hay que permitir que los menores sigan matando gente”.

Angeles y demonios

En un panel en la Facultad de Derecho, el viernes al atardecer, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni reivindicó la reforma del Código Penal y señaló que “no tiene nada que ver con la seguridad, aunque sí con la seguridad jurídica”. Eso es así, ilustró, porque el Código actual –con parches fruto de los pedidos de mano dura– “no se ajusta a la Constitución” y “tiene penas desproporcionadas”, lo que a menudo empuja a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas o, en otros casos, a no aplicar penas que consideran absurdas. “Por eso decimos que el aumento de penas es lo que lleva a la impunidad”, sostuvo el penalista Daniel Erbetta, integrante de la comisión reformista.

En esa línea, el espíritu de la iniciativa para cambiar el Código planteó como una meta central devolverles proporcionalidad a los castigos. Según la ley vigente, suelen destacar los “garantistas”, es más grave un delito contra la propiedad que algunos homicidios. Otro punto central –opacado por la discusión del aborto– y que no estará sujeto a cambios, es la inclusión de los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, los crímenes de guerra y otros delitos de lesa humanidad, considerados imprescriptibles. Toda la normativa penal quedaría adaptada a las convenciones internacionales.

La comisión trabajó durante más de un año en el ámbito de la Secretaría de Política Criminal de la cartera de Justicia, que encabeza Alejandro Slokar. Había sido convocada por el anterior ministro, Horacio Rosatti. Nadie entendió muy bien por qué su sucesor, Iribarne, eligió anunciar públicamente el anteproyecto –candidato cantado al espamento– poco antes del Tedéum del 25 de mayo, cuando en realidad el borrador llevaba casi dos meses listo. En el mismo acto, convocó a la ciudadanía a una consulta pública sobre el tema que terminó el 15 de agosto.

Desde entonces llegaron al ministerio más de 7800 e-mails. Cerca del sesenta por ciento eran textos idénticos con consignas antiaborto basadas en convicciones religiosas. Hubo 783 presentaciones en papel y, además, 93 trabajos de análisis minucioso sobre el texto del Código propuesto. La mayoría de las presentaciones, dicen en el ministerio, apoyaron una reforma, pero hubo comentarios en los dos extremos. “Rechazamos enfáticamente la demagogia punitivista y apoyamos la racionalidad técnica y la participación democrática del anteproyecto”, celebró el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA. En otro extremo, desde el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) se advirtió: “Temas tan preocupantes como los secuestros, delitos sexuales, aborto, eutanasia o delitos perpetrados por menores deben legislarse escuchando a toda la sociedad (...) que está harta de la inseguridad”. Una idea que repitieron la Fundación Axel Blumberg y la Bicentenario.

Ultimos retoques

En definitiva, después de largas reuniones y visitas de ONG y todo tipo de entidades del derecho, los expertos votarán esta semana qué modificarán de su texto original. Harían, según pudo saber este diario, un sinfín de correcciones técnicas y serían pocos los retoques profundos a los temas más ríspidos.

- Aborto: Pese a que dos jueces de la Corte, Za-ffaroni y Carmen Argibay, aconsejaron separar el debate sobre el aborto resto de la reforma (lo ven como un obstáculo), la comisión mantendrá la fórmula que lo despenaliza en los tres primeros meses de gestación con consentimiento de la mujer. Está en discusión si quedará la aclaración que dice “siempre que las circunstancias lo hicieren excusable”. Otro artículo dirá que el médico debe asesorar sobre las consecuencias de la intervención “para preservar la vida del feto”. También se permite el aborto ante cualquier violación.

- Fellatio: A raíz de múltiples planteos de organizaciones de mujeres, la nueva versión igualaría la pena por la fellatio con la de violación, al darle de cuatro a doce años de prisión. En el primer borrador aparecía como un “abuso simple”.

- Drogas: Quedará despenalizada la tenencia para el consumo personal y se harán precisiones para focalizar la persecución de los delitos más graves sobre estupefacientes (producción, tráfico y comercio).

- Penas: se elimina la máxima de cincuenta años, el tope pasa a ser treinta, como en el boceto inicial. Se elevan penas para algunos delitos de corrupción, como cohecho y enriquecimiento ilícito. Desaparece la “reincidencia” porque la escala penal es mucho más amplia que antes.

- Menores: El Código no dirá que los menores de 18 años son inimputables, sino que los excluirá de sus alcances. Dirá que deben estar sometidos a un régimen especial. Para eso, y pese a que Poder Ejecutivo mandó un proyecto al Congreso, los juristas armaron un estatuto especial para regular las sanciones a los menores que cometen delitos y prevenir esas conductas.

- Delitos económicos: Habrá reajustes técnicos y precisiones para los delitos tributarios y el lavado de dinero.

Entre la infinidad de sugerencias recibidas, algunas de las que más influyeron en la discusión fueron las del Instituto Superior de Estudios para la Justicia (Icejus), Unicef, un grupo de profesores cordobeses, la Asociación de Mujeres Jueces y una cátedra de Derecho de Familia de la UBA.

Consciente de que el Gobierno no quiere jugarse con este proyecto en este momento, el equipo de expertos buscará estrategias para que no quede en un cajón y se sostenga la discusión. Tal vez, estiman, cuando pase la fiebre electoral puedan llegar más lejos y lograr, según dice el penalista Erbetta, que “ni el miedo ni el dolor sean motores de la política criminal del Estado”.