El Gobierno de la Nación envió al Congreso el proyecto de ley para crear la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, presidida por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y con representantes de la Nación, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires. La Autoridad estará facultada para unificar las normativas sobre efluentes industriales, monitorear su cumplimiento y, llegado el caso, “ordenar la cesación de actividades o acciones dañosas”, “disponer la clausura preventiva, parcial o total de establecimientos” y “ordenar el decomiso de bienes”. El organismo tendrá presupuesto propio a partir de un Fondo de Compensación Ambiental, para el que se anuncia un mínimo de 3000 millones de dólares en los próximos años. La Autoridad “tendrá facultades prevalentes respecto de cualquier otra en el ámbito de la Cuenca”. Los 14 municipios del área estarán representados en un Consejo con funciones de “cooperar, asistir y asesorar”. También se incluirá una Comisión de Participación Social con representantes de la sociedad civil. El proyecto no equivale a una declaración de “emergencia ambiental”, ya que la Autoridad de Cuenca se establecería en forma definitiva.

El proyecto fue firmado ayer por Néstor Kirchner, presidente de la Nación, y rubricado también por Felipe Solá, gobernador bonaerense, y por Jorge Telerman, jefe de Gobierno porteño. Sus fundamentos destacan la “situación de histórica contaminación y de extrema gravedad de un ecosistema en condiciones críticas, que constituye un peligro para la salud pública”; observa también “el cuadro intrincado y tortuoso de la administración ambiental de la región” y “la innegable superposición de jurisdicciones que presenta”, todo lo cual “se agrava por la enorme concentración de pobladores en situación de pobreza, la situación caótica de desarrollo urbano desarreglado y la escasez de servicios públicos básicos”.

Según los fundamentos del proyecto de ley, se ha llegado a una “situación de crisis terminal o colapso ambiental”, lo cual “justifica imponer limitaciones de orden ambiental en los poderes y funciones de los organismos del Estado, sociedades del Estado, autoridades públicas y entes reguladores” ante la creación de “un poder prevaleciente, en cabeza de la Autoridad de Cuenca”. La fundamentación advierte que “las violaciones a derechos humanos originadas en problemas ambientales revisten una extrema gravedad, ya que en muchos casos se trata de actividades que afectan a comunidades enteras, con continuidad en el tiempo”, y que “son especialmente los sectores más desposeídos quienes soportan, casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la degradación ambiental”.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo estará compuesta –según el proyecto– por ocho integrantes: el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ejercerá la presidencia, acompañado por tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Ciudad Autónoma. Además, “en el ámbito de la Autoridad de Cuenca se conformará un Consejo Municipal, integrado por un representante de cada municipio de las jurisdicciones comprendidas, cuyo objeto será el de cooperar, asistir y asesorar”. También se creará, en el mismo ámbito, “una Comisión de Participación Social, con funciones consultivas, integrada por representantes de las organizaciones con intereses en el área”.

La Autoridad de Cuenca “tendrá facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, los servicios públicos y cualquier actividad con incidencia ambiental”. Estará facultada para: unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes y emisiones gaseosas; planificar el ordenamiento ambiental del territorio; establecer y percibir tasas por servicios prestados; intimar a comparecer con carácter urgente a todos los sujetos relacionados con posibles daños; auditar instalaciones; exigir evaluaciones de impacto ambiental; imponer regímenes de monitoreo; formular apercibimientos; instar al ejercicio decompetencias sancionatorias en el ámbito de la administración; ordenar el decomiso de bienes; ordenar la cesación de actividades dañosas para el ambiente; disponer la clausura preventiva, parcial o total, de establecimientos o instalaciones de cualquier tipo.

Para todo ello, “las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo en materia ambiental prevalecerán sobre cualquier otra concurrente, debiendo establecer su articulación y armonización con las competencias locales”.

La Autoridad de Cuenca que postula el proyecto no tiene plazos previstos para su actuación. Alberto Fernández, jefe de Gabinete de Ministros, explicó que “no se trata de encontrar una respuesta de emergencia, sino de definir una autoridad que no se ocupe sólo del saneamiento, sino de evitar la contaminación en lo sucesivo”.

Romina Picolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacó que –tal como anticipó el viernes Página/12–, pese a trascendidos previos no se solicita una emergencia ambiental, sino “la creación de una autoridad permanente”.

El proyecto de Autoridad de Cuenca se considera una herramienta clave para la respuesta unificada que la Nación, la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires presentarán, el 5 de setiembre, en la audiencia pública sobre el tema convocada por la Corte Suprema. Picolotti manifestó la expectativa de “que el Congreso apruebe esta ley lo antes posible: confiamos en que pueda promulgarse en un mes, luego de lo cual deberá ir a las legislaturas de la Ciudad Autónoma y de la provincia de Buenos Aires”.