La mayoría de las modificaciones legislativas que pidió Juan Carlos Blumberg en su primer petitorio, del 1º de abril de 2004, se plasmaron en leyes. El ingeniero tuvo éxito con el agravamiento de las penas, aunque la Justicia declaró su inconstitucionalidad en varios casos. Pero le quedaron en el camino la implementación de juicios por jurados y la disminución de la edad de imputabilidad de los menores, con lo cual vuelve a la carga. La diputada kirchnerista Rosario Romero, que votó en contra del paquete inicial, aseguró a Página/12 que no hay consenso para que esos dos pedidos se conviertan en realidad. Hace dos años, el oficialismo parlamentario dice haber sufrido una enorme presión, por lo que cedió, pero el actual escenario es diferente. “Un ladrón no mira la norma penal, que no tiene valor simbólico para quien está dispuesto a delinquir”, expresó Romero, al tiempo que destacó que los índices del delito no bajaron con las llamadas “leyes Blumberg”. Desde la oposición, marcaron que esas normas no deberían llamarse así porque el kirchnerismo las avaló. Y una organización de resistencia a la violencia institucional sostuvo que, más allá de la reforma legislativa, las leyes nacidas al calor de las marchas blumbergianas endurecieron el sistema penal al instalar más consenso para que los jueces agraven las medidas que toman (ver aparte).

Comparado al primer petitorio, el último tiene menos demandas al Congreso pero reitera lo que no se concretó. Pero en el punto 2.3 de las “acciones legislativas”, Blumberg solicitó “el tratamiento urgente en el Congreso del proyecto de ley que modifica las causales de prescripción de las causas penales, cuyo texto fuera consensuado con el jefe de Gabinete, Dr. Alberto Fernández”. La diputada Romero dice desconocer esto, y especuló con que de ser así, “debería existir un proyecto” del que no tiene noticia. Respecto de la prescripción, el año pasado se produjo una reforma que levantó gran polvareda porque algunos imputados de las megacausas de corrupción de los años noventa podían beneficiarse. Pero la legisladora entrerriana recordó que el objetivo de aquella modificación fue “apurar a los jueces” en la instrucción de los procesos. “Se buscó dar más seguridad jurídica, pero ahora no sé qué pretende Blumberg, debe querer más actos que interrumpan la prescipción”, aventuró.

A modo de balance, el jurista Alberto Binder aseguró que “en los temas de fondo no le hicieron caso, nada que implique cambios estructurales desde su mirada, sólo salieron tonterías que empeoraron la situación”. En diálogo con Página/12, este abogado que integra el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales) opinó que “la retórica de mano dura es funcional a la dirigencia política para no encarar las reformas de fondo, incluso las que pide Blumberg”, a quien “le diría que se dé cuenta que lo están tomando de tonto aquellos que se privilegian con las industrias del miedo”. Binder prepara junto a Claudio Lozano y Mariano Ciafardini, entre otros, un “foro por la seguridad ciudadana” del que saldrá un “petitorio alternativo”.

Legisladores, especialistas y funcionarios coinciden en que la apresurada sanción de aquel paquete tuvo una incidencia negativa no sólo en el equilibrio del Código Penal, ya demasiado remendado, sino también en aspectos concretos como la vida carcelaria. Tras la toma del penal de Coronda, el jefe del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Fernando Rosúa, había dicho a este diario que “la ejecución penal modificada por la ley Blumberg distorsionó las condenas y los beneficios”.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Luis Cigogna, afirmó que las medidas en las que insiste Blumberg “no tienen que ver con lo que marca el derecho penal avanzado, y cuando se implementaron las referidas al agravamiento de penas tuvieron un resultado inocuo. La experiencia en el mundo marca que donde hay pena de muerte no baja para nada el delito”. Según este diputado oficialista, el ingeniero “está asesorado por la peor derecha, con un planteo clasista porque se conduelen por sus hijos muertos pero no por los de los pobres”.

Marcela Rodríguez, diputada del ARI y miembro del Consejo de la Magistratura, enfatizó que Blumberg “pidió cosas que no sirven para nada, y de sus reclamos salieron más de la mitad transformados en leyes, pero no eran reformas profundas”.

Legislar bajo presión

En tan sólo cinco meses, luego de la primera manifestación convocada por el padre del joven secuestrado y asesinado Axel Blumberg, se votaron aumentos de penas para la portación y tenencia ilegal de armas, que pasaron a no ser excarcelables, la registración de los teléfonos celulares, aumentos de penas para delitos como homicidio, secuestro y violación, se pusieron límites a la excarcelación y la sumatoria de penas por distintos delitos fue elevada a un máximo de 50 años. La diputada Romero admitió que el oficialismo terminó impulsando parte de los reclamos del petitorio, aunque no lo acompañó con su voto. “Lo teníamos (a Blumberg) todos los días en la comisión, y a María del Carmen (Falbo) y a mí nos dijo que éramos las abogadas de los delincuentes, así era muy difícil...”, recordó la legisladora kirchnerista. Tras establecer que “no sirve armarse del Código Penal sino que hay que atacar las causas del delito”, Romero admitió que “no todo lo que pide Blumberg es malo, es sensato mejorar los instrumentos de investigación, contemplar delitos nuevos y sofisticados como los informáticos y abordar temas como las adicciones, ya desde un marco que excede lo legislativo”.

En marzo, la Cámara del Crimen porteña declaró la inconstitucionalidad parcial de la modificación del Código Penal que agravó las penas por portación de armas en el caso de personas con antecedentes penales. Y en la reciente sentencia contra el represor Julio Simón, el Tribunal Oral Federal 5 no le aplicó el máximo logrado por Blumberg de 50 años, pedido por los querellantes, sino 25. “Esas elevaciones fueron disparatadas y colisionan contra el sistema penal, por ejemplo dejando al robo calificado o de ganado con penas mayores que el intento de homicidio”, opinó Romero. Paradójicamente, esta diputada tiene un proyecto propio sobre la implementación de los juicios por jurados, uno de los puntos sobre los que vuelve el ingeniero, pero confió a Página/12 que no hay consenso para convertirlo en ley. Lo mismo pasa con la disminución de la edad de imputabiliadad de los menores, que Blumberg quiere llevar a 14 años. La diputada considera que hay que revisar todo el régimen de menores, no sólo la edad de imputabilidad.