En la Escuela General Básica (EGB) Presbítero Manuel Alberti, una de las que funcionan dentro del predio de 67 hectáreas que la Fundación Felices los Niños ocupa en la localidad bonaerense de Hurlin-gham, los mingitorios del baño de varones son apenas un recuerdo de los tiempos de esplendor. Ya no existen. Los adolescentes, muchos de los cuales viven en los barrios cercanos, orinan de pie contra la pared “y el olor es insoportable”, le comenta a Página/12 uno de los empleados de limpieza que vienen realizando protestas porque no cobran los sueldos desde diciembre pasado. En ese marco, la situación de los 160 chicos que viven en la fundación y los cerca de mil que vienen “de afuera” para estudiar y sobre todo, para comer, “es insostenible”, afirman los trabajadores. El Estado nacional sigue manteniendo, dentro del presupuesto, un subsidio para la fundación que rondaría los 1,9 millones de pesos anuales, pero este año “nadie le quiso poner el gancho a la autorización y por ese motivo, la plata no llegó nunca, no vieron un peso”, le asegura a este diario un funcionario que trabaja en un área de minoridad.

“Antes la partida estaba a nombre de Julio César Grassi y de la Fundación, pero después del escándalo por el abuso sexual se modificó el nombre por uno más genérico, como ‘organizaciones de infancia’, por ejemplo. Pero este año se retuvo el dinero por los rumores y sospechas de que esos fondos pudieran utilizarse para pagar a los abogados que trabajan para el cura. Esa es la información que tenemos de algunas fuentes del Ministerio de Desarrollo Social”, informa el vocero. Otras fuentes oficiales consultadas por este diario coincidieron en que “al no producirse el envío de los fondos, ahora los trabajadores de la fundación están reclamando que el gobierno designe un interventor, para de ese modo poder superar la traba y descongelar los fondos. Alguna solución van a tener que encontrar, porque los chicos están a la deriva”.

En los comienzos de la fundación, todo fue hecho a lo grande, desde que Grassi recibió las tierras que le fueron arrebatadas al Instituto Forestal Nacional (Ifona) por decisión del gobierno de Carlos Menem. El predio fue ocupado por la fundación el 6 de enero de 1994. Además de las tierras, recibió la suma de cinco millones de dólares, durante el uno a uno, por decisión del ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. Por eso, tal vez, las formas grandilocuentes de las estatuas con motivos religiosos, que adornan el ingreso principal al Hogar Don Bosco de la fundación, que está sobre la calle Gorriti 3520, en Hurlingham. Uno de los grupos de imágenes es presidido por una virgen que abre y cierra los ojos. “Nos deben estar filmando cada vez que nos mira la virgen”, se persigue uno de los dirigentes de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), que encabeza la protesta por el cobro de sueldos.

En esos tiempos de jolgorio menemista, según datos de la fundación, en el predio funcionaban nueve escuelas, 33 talleres de capacitación laboral, ocho hogares para alojar niños en forma permanente y un comedor central con capacidad para 1000 chicos. Eso solamente en el predio de Hurlingham, dado que la fundación tiene también subsedes en las localidades bonaerenses de Carlos Spegazzini, en el barrio El Ñandú (Hurlingham), Isidro Casanova, Pilar, Ituzaingó, General Rodríguez, José León Suárez, San Martín, tres en la Capital Federal y filiales en las provincias de Formosa, Santa Cruz, San Juan, Chaco y Santiago del Estero. Según una publicación oficial de la entidad, se daba asistencia a 6200 chicos.

En una nota publicada por el diario Ambito Financiero en septiembre de 2000, se dijo que el presupuesto anual de la fundación era de 4,6 millones de dólares. El dato debía ser oficial, de la institución, dada la cercanía entre Grassi y el director del matutino económico, Julio Ramos, defensor a capa y espada del cura acusado de abuso sexual de menores. En agosto de ese año, el cura Grassi le dijo al Diario Popular que el presupuesto para el año 2001 iba a llegar a los 6,5 millones de pesos, motivo por el cual le pidió al Estado un subsidio del orden de los cinco millones. En ese momento, por vía del entonces titular del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Norberto Liwsky, se confirmó que el Estado le brindaba a Grassi un aporte anual de 1,8 millones de pesos.

Las cosas comenzaron a complicarse para el cura, antes de la denuncia por abuso sexual, cuando el obispo de Morón, monseñor Justo Laguna, resolvió desplazar a Grassi de su cargo de presidente de la Fundación Felices los Niños. Esto se debió a que El Diario de Morón publicó una nota denunciando la existencia de “irregularidades administrativas” en la institución con sede en Hurlingham. “Lo autorizo sólo a desempeñarse como director espiritual de esa institución”, dijo la declaración pública dada a conocer por Laguna en julio de 2001. Después se confirmó que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General estaban realizando dos investigaciones paralelas sobre el manejo de fondos de la fundación.

Poco antes, en junio de 2001, el ministro Cavallo había organizado una cena en beneficio de la fundación que se realizó en el Marriott Plaza, uno de los hoteles más caros del país. La recaudación llegó a los 300 mil dólares, por aportes que hicieron, entre otros, Carlos Ruckauf, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri (una camiseta de Boca se vendió a 35 mil dólares y una de River a 20 mil), Mariano Grondona y los empresarios Santiago Soldati, Alejandro Roemmers, José María Ranero Díaz (Repsol-YPF), Sergio Inaudi (Techint) y Cristiano Rattuzzi (Fiat), entre otros. Todos bailaron al ritmo de Riki Maravilla, estrella del show. Fueron interminables, en esos años, los aportes millonarios a Grassi por parte del supermercadista Alfredo Coto o de empresas como Metrovías, entre otras.

“¿Qué pasó con toda esa plata?”, se preguntan ahora Cristian Colombo, delegado de los trabajadores de Utedyc en la fundación, y el secretario adjunto de la zona oeste del gremio, Jorge Salas. De los ocho hogares que había, hoy sólo funcionan seis. Cuatro de ellos se quedaron sin director. El personal, que en su momento pico llegó a cerca de 400, bajó a 120. Un centenar se fue en 2002, como resultado de un plan de retiros voluntarios. Ellos fueron indemnizados. Otros 80 que se fueron después, todavía están en juicio. La indefensión de los 160 chicos que siguen viviendo en el predio es cada vez más notoria y preocupante.

De un plantel de 20 enfermeras, quedan sólo cuatro. Antes había psiquiatras, terapeutas educacionales, psicopedagogos, médicos clínicos, oftalmólogos, asistentes sociales. Hoy, sólo un médico concurre dos veces por semana. El resto de los profesionales se fue yendo, por la falta de pago y de insumos, y por el escándalo del juicio por abuso sexual. Antes cada hogar tenía un coordinador de actividades, había un encargado o celador por cada 12 chicos (ahora hay uno para cada 30 o 40 pibes) y los tests para los que quisieran ingresar “eran exhaustivos, minuciosos; hoy, en cambio, toman a cualquiera porque en las actuales condiciones es muy difícil conseguir profesionales serios que se hagan cargo de los chicos en estas condiciones”, sostiene el delegado Colombo, que es profesor de educación física.

“Ahora, además de que ya no hay mingitorios en la EGB que funciona en el colegio, son frecuentes los cortes de luz y hasta de agua, por falta de pago. No tenemos material didáctico, ni zapatillas para los chicos del barrio. En el comedor las mercaderías son escasas y malas. Lo único que todavía no cortaron es la conexión de DirecTV, lo que es una suerte porque por lo menos los chicos tienen algo para entretenerse”, explican Colombo y Salas. El secretario adjunto de Utedyc recuerda que el problema de la falta de pago de los salarios comenzó en 2001, luego de que monseñor Laguna anunciara la decisión de sacar a Grassi como presidente de la fundación, tras la denuncia por supuestas irregularidades.

“Lo que nosotros no creemos es que esa medida se haya concretado en los hechos, porque Grassi todavía sigue manejando todo”, aseguran tanto Colombo como Salas. En octubre de 2002, luego del procesamiento del religioso por abuso sexual, Raúl Portal asumió como titular de la fundación en reemplazo de Grassi, quien seguía en ese lugar. Hoy el cargo lo ocupa “en forma simbólica”, según Utedyc, la hermana María Helena Ferracutti, quien ha reconocido en declaraciones a la prensa que “hay una crisis tremenda, al punto que no tenemos comida ni ropa para los chicos”. Son muy pocos los directivos “históricos” que siguen en funciones. Quedan el jefe de Personal, Daniel Herrera, el contador Oscar Laurino, el representante legal de la fundación Agustín Bonaveri y la representante legal de la EGB Alicia Linesky.

Otro de los fieles escuderos que se mantienen en el cargo es Juan Domingo Pérez, el ex policía que se desempeña como jefe de Seguridad. El viernes, durante la recorrida que hizo Página/12 por la fundación, un hombre de civil y rostro muy severo siguió cada movimiento del cronista y del fotógrafo. Pérez se desempeñó como director de Hogares de la Fundación y tuvo –tiene– bajo su cargo a centenares de jóvenes que están internados en la institución. El actual jefe de Seguridad tiene una denuncia penal presentada por su ex esposa, Laura Antonnaci, quien lo acusó de ser “un psicópata que tiene doble personalidad”.

Pérez tiene en su contra cargos por violencia familiar, incluyendo un episodio en el cual la víctima fue uno de sus hijos, cuando tenía ocho años. “Acá todo es oscuro y los reclamos que le hacemos a la hermana Ferracutti nunca tienen respuesta. Ella siempre lo consulta a Grassi, que sigue viviendo en una casaquinta que está sobre Gorriti al 3500, en la vereda de enfrente. Nosotros queremos que intervenga el Estado, porque la situación es insostenible, tanto para nosotros como para los chicos.” Los 120 trabajadores de Utedyc y los 24 docentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) que no cobran desde diciembre, tienen salarios que eran de 800 pesos, promedio, hasta junio pasado y que subieron a 1100 pesos en julio. “Los únicos que cobran acá son los jerárquicos”, es la queja final de Colombo.