EL PAíS › PIÑEYRO PRESENTO PRUEBAS ANTE LA JUSTICIA
Las anomalías en el control del espacio aéreo fueron detalladas por el autor de la película Fuerza Aérea Sociedad Anónima ante el fiscal Carlos Rívolo. Defensa espera el resultado del sumario interno.
› Por Nora Veiras
Mientras en el Ministerio de Defensa esperan el informe del inspector general de la Fuerza Aérea, brigadier Eduardo Bianco, sobre las denuncias de irregularidades en el (des)control del tránsito aéreo, el fiscal federal Carlos Rívolo escuchó ayer el testimonio de Enrique Piñeyro, el autor del documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima, como primer paso para avanzar en una investigación que podría implicar a la cúpula aeronáutica. En ese contexto se está desarrollando el complejo proceso de desmilitarización de la regulación y supervisión del espacio aerocomercial que implica a casi seis mil personas. Un camino que llevará más de un año una vez que el presidente Néstor Kirchner firme el decreto que efectivice el pase a la órbita de la Secretaría de Transporte.
Durante cuatro horas el ex piloto estuvo en el despacho de Rívolo para testimoniar y entregarle la documentación que sustenta las denuncias de la película. Registros de irregularidades en los vuelos, las condiciones de las aeronaves y, sobre todo, la irresponsabilidad con la que se realiza el trabajo en las torres de control donde –entre otras cosas– se cortan las imágenes del radar son algunos de los hechos que muestra el film.
El fiscal inició la pesquisa de oficio, cuando empezaron a aparecer las primeras notas que daban cuenta del contenido del trabajo de Piñeyro. Rívolo fue el fiscal que investigó en su momento el accidente del avión de LAPA en agosto de 1999 –empresa en la que Piñeyro trabajó como piloto– y acusó a directivos y funcionarios de presunto estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después de casi siete años, la fiscalía está apelando ante la Cámara de Casación una presentación de los oficiales de la Fuerza Aérea que pidieron la prescripción de la causa.
En el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py comentaron que el testimonio de Piñeyro aportó “datos muy fuertes” para seguir recogiendo información. El fiscal seguirá reuniendo pruebas con el fin de pedirle a la Cámara Federal que sortee un juez para instruir la causa. Piñeyro consideró que la presencia de la Fuerza Aérea en el control aerocomercial es una “rémora del Proceso” porque los militares “no tienen nada que hacer en esa área”.
Las denuncias por irregularidades en los controles habían llegado ya a los tribunales el 22 de diciembre de 2000, cuando el mismo fiscal Rívolo –junto al entonces juez federal Gustavo Literas– formularon serias advertencias en el marco de la causa por el accidente del avión de LAPA. En aquella ocasión el juez envió sendos oficios a los entonces ministros de Defensa, Ricardo López Murphy; de Economía, José Luis Machinea; de Trabajo, Patricia Bullrich, poniéndolos al tanto de diversas anomalías que reflejaban “importantes falencias” en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. Los requerimientos llegaron también al entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier general Barbero, y al ex comandante de regiones aéreas, brigadier Horacio Orefice, a quienes se les notificó de las “falencias operativas” del Aeroparque que “hacen peligrar la seguridad aérea de dicho aeropuerto en las operaciones de despegue y aterrizaje”.
Las denuncias se acumulan, pero la realidad no parece haber mejorado. En febrero pasado, la ministra de Defensa, Nilda Garré, pasó a disponibilidad al director de Habilitaciones, comodoro Juan Carlos Delgado, por no haber dado una respuesta satisfactoria a las denuncias de un inspector civil contra ese organismo encargado de acreditar las horas de vuelo de los pilotos.
El brigadier Carlos Matiak es el jefe del Comando de Regiones Aéreas (CRA), el organismo que queda en el centro de la polémica a partir de las denuncias del documental de Piñeyro. El jefe de la Fuerza Aérea, Eduardo Schiaffino, dispuso –por orden de Garré– un sumario interno para deslindar responsabilidades a partir de los hechos que registra el film y que, en rigor, comprometen a la actual conducción, puesto que las cámaras ocultas registran irregularidades hasta abril del corriente año. Queda por verse la celeridad con la que realizarán la investigación interna.
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