La custodia de Juan Carlos Blumberg tiene como vocera a la subcomisaria Lidia Seimandi, puesta en disponibilidad el 29 de septiembre de 2004 –según el expediente de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense– por encabezar una red de recaudación ilegal y otras graves irregularidades. En concreto, Seimandi revistaba en la Subcomisaría Delta y los vecinos denunciaron que utilizaba patrulleros para darles custodia a empresas privadas, entre ellas el Casino de Tigre, recaudaba dinero a cambio en forma ilegal y desprotegía al resto de la ciudadanía de la zona. Además, sus propios subordinados declararon en su contra en el expediente de Asuntos Internos señalando que se quedaba con parte del dinero que les correspondía por horas extras. Otro de los integrantes de la custodia de Blumberg es Mario Attardo, quien participó de la detención del tirador de Belgrano, Martín Ríos. Attardo tampoco fue exonerado de la Bonaerense por una purga sino por dejar en libertad a un prófugo a cambio de dinero, por lo cual estuvo detenido varios meses. Antes de ese hecho, estando de civil, disparó contra un joven en un boliche bailable, por lo que fue condenado a un año de prisión en suspenso.

En una entrevista exclusiva publicada el sábado pasado en Página/12, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, denunció que “Blumberg está rodeado por una guardia de ex integrantes de la Policía Bonaerense apartados por gravísimas irregularidades”. En la marcha del jueves se vio a medio centenar hombres, provistos de modernos equipos de comunicaciones, dándoles custodia a Blumberg y a la zona que rodeaba el palco. La vocera de esos policías exonerados o en disponibilidad fue la subcomisaria Seimandi, abogada, quien dialogó esa noche con varias radios y medios gráficos, sosteniendo que no sólo estaban con Blumberg, sino que promocionaron la marcha y participaron de la seguridad del acto. Para que no quedaran dudas, al día siguiente el ingeniero contestó las acusaciones de Arslanian: “Son extraordinarias personas”, dijo refiriéndose al grupo de policías que lo rodeaban: “Fui a la casa de algunos y vi que viven modestamente. No están en la joda”, remató.

Tanto Seimandi como Attardo afirman públicamente que fueron separados de la fuerza por una purga, pero en ambos casos se les hicieron acusaciones concretas por gravísimas irregularidades, hubo denuncias de vecinos e incluso integrantes de la propia fuerza y existen causas judiciales. Ayer mismo, el titular de Asuntos Internos, Adolfo Naldini, firmó la resolución por la que se determina la cesantía de Seimandi. De todas maneras, existe una causa en el fuero contencioso-administrativo.

Según el expediente de Asuntos Internos, Seimandi está imputada de los siguientes hechos:

- Fue puesta en disponibilidad por encabezar una red de recaudación ilegal y otras graves irregularidades. Junto a ella, en el mismo expediente, fueron acusados otros oficiales y suboficiales. Todos ellos terminaron exonerados, es decir, expulsados de la Bonaerense. En el caso de Seimandi, la Justicia absorbió el expediente, pero ayer se firmó la cesantía.

- Seimandi revistaba en la Subcomisaría Delta del Tigre.

- Según el expediente, no ejerció el control del servicio ordinario y las horas extras, al punto que personal que estaba de servicio aparecía al mismo tiempo haciendo horas extras.

- Existen irregularidades y firmas falsas en la liquidación de las horas extras.

- Una parte de los libros de registros no estaban en la comisaría sino en el auto de un cabo primero.

- Autorizó el uso de dos patrulleros para la custodia de dos empresas particulares. Una de ellas entregaba, a cambio, combustible, cosa que no estaba registrada oficialmente.

- Vecinos de la zona denunciaron que se les prestaba custodia a empresas privadas con personal de servicio ordinario, a esas empresas se les cobraba y había desprotección del ciudadano común. El dinero por esos supuestos servicios tampoco fue ingresado a la contabilidad oficial de la comisaría.

- Esos mismos vecinos –siempre según el expediente de Asuntos Internos– señalaron que el Casino de Tigre aportaba cinco mil pesos mensuales a la comisaría. No hay registro de ese dinero.

- Agentes que revistaban bajo las órdenes de Seimandi declararon que no se les hacían firmar los recibos por las horas extras y que cada mes se les pagaba por esas horas menos de lo que correspondía.

- También los policías declaraban que no existía un ordenamiento sobre el servicio ordinario y las horas extras en la comisaría, por lo que prácticamente iban a trabajar según sus conveniencias.

En función de todas esas irregularidades y, de hecho, la imputación de que se quedaba con importantes sumas de dinero, Seimandi fue puesta en disponibilidad en 2004 y ahora terminó cesanteada.

Respecto de Attardo, las imputaciones fueron reveladas por Página/12 tras la detención del tirador de Belgrano y cuando Blumberg quiso tomarlo como ejemplo de “los buenos policías que son echados de la Bonaerense”.

- Attardo tampoco fue separado de la fuerza por una purga, como se pretende hacer creer, sino porque, junto a dos suboficiales y un oficial, detuvo a dos personas, una de las cuales tenía orden de captura de un juez de Salta. Para dejar en libertad al prófugo, los efectivos pidieron 13.000 pesos.

- Como los detenidos no tenían el dinero, los obligaron a vender el auto de su propiedad, un Peugeot 206.

- Attardo manifiesta que se le decretó la falta de mérito, pero eso fue sólo en relación con si correspondía mantenerlo detenido u otorgarle la libertad. El fiscal Martín Mateos ya pidió la elevación a juicio del caso.

- En la causa judicial figura que los oficiales y suboficiales, entre ellos Attardo, hasta acompañaron a los detenidos a agencias de autos para intentar vender el vehículo.

- Como no lograron su objetivo, los detenidos tuvieron que firmar un boleto de compraventa en blanco. Como igual hubo que dejar constancia del ingreso de detenidos a la comisaría, se modificaron levemente los apellidos y, como es obvio, la averiguación de antecedentes dio negativo.

- Para colmo, Attardo tenía un antecedente gravísimo: estando de franco y de civil, el 30 de abril de 2000 fue apresado por dispararle con una escopeta a un joven en un boliche bailable, provocándole gravísimas lesiones. Fue condenado por esa causa a un año de prisión y dos de inhabilitación, pese a lo cual –en los tiempos de la mano dura de Carlos Ruckauf– resolvieron mantenerlo en la fuerza.

En la marcha del jueves, la subcomisaria Seimandi se presentó a sí misma como vocera de los Sin Gorra. Este diario consultó con quienes fueron líderes de aquel movimiento que se originó en una purga realizada por Arslanian en su primer mandato, en 1998, y en la que hubo muchos casos en los que ni siquiera se especificó la razón de los desplazamientos. Los referentes de aquel movimiento desconocen a Seimandi como vocera y, además, se preocuparon en señalar que no se trata de personas desplazadas en masa o sin motivo, sino que existen expedientes y causas judiciales.