Aunque con distintos objetivos, varios proyectos pusieron en debate el alcance del beneficio de la prisión domiciliaria para mayores de 70 años. En la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, algunos legisladores kirchneristas propusieron excluir de ese tipo de excarcelación a los militares “procesados y condenados por delitos de lesa humanidad” para los que su otorgamiento “ha sido una regla” por la “discrecionalidad de los jueces” y el “lobby de los poderosos estudios jurídicos”; otros oficialistas quieren asegurar su cumplimiento para mujeres embarazadas y enfermos terminales que purguen condenas por delitos comunes. El macrismo se opuso a ambos proyectos porque considera que la marginación del beneficio a los militares sería “un agravamiento (implícito) de la pena”, mientras que calificó su ampliación como un intento de “abrir las puertas de la cárceles”; en tanto otros diputados quieren sumar entre los excluidos de la morigeración a los “asesinos y violadores”.

El debate quedó postergado, por el funcionamiento paralelo de varias comisiones, pero promete ser arduo. El kirchnerista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse embistió contra el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a los militares procesados y condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. “La excepción de carácter restrictivo para los militares siempre ha sido una regla de cumplimiento automático”, insistió Vargas Aignasse para luego afirmar que la “discrecionalidad de los magistrados” y el “lobby de los grandes estudios jurídicos” logran en estos casos un beneficio que “casi nunca se otorga a los presos comunes sin dinero”.

El legislador del Frente para la Victoria contrapuso los casos de numerosos militares que se acogieron a la prisión domiciliaria con un relevamiento hecho en las cárceles tucumanas donde más de un centenar y medio de presos comunes mayores de 70 años y con enfermedades terminales no gozan de ese beneficio. También ejemplificó cómo Emilio Massera y el coronel Pascual Guerrieri “burlaron la prisión domiciliaria” y en Tucumán el propio Antonio Domingo Bussi había conseguido el beneficio (luego cancelado), “mientras sus hijos anunciaban su participación en un acto político para cuando saliera”.

Vargas Aignasse justificó su postura en adecuar la legislación penal a los tratados suscriptos por Argentina e incorporados a la Constitución nacional en la que se condena firmemente los delitos de lesa humanidad. Aunque aclaró que no se trata de un proyecto “ni capricho ni revanchista” para despojarlo de cualquier asociación a su condición de hijo de desaparecidos durante la dictadura. Sin embargo, no todos los legisladores oficialistas, alineados en distintas escuelas jurídicas, se encolumnarían detrás de su iniciativa.

Quien manifestó su rechazo fue Nora Ginzburg. La diputada del PRO planteó que excluir a los militares de ese beneficio sería “un castigo adicional” por “derecho de autor, violando el principio de igualdad ante la ley”. Tampoco dudó en calificar como “abrir las puertas de las cárceles” para oponerse al proyecto impulsado por la oficialista Diana Conti, que propone el cumplimiento “efectivo” de la prisión domiciliaria para las mujeres embarazadas o enfermos terminales que también ayude a “descomprimir la situación de las cárceles”. Una propuesta similar es impulsada por los legisladores aristas Marcela Rodríguez y Emilio García Méndez. Aunque la diferencia sustancial con el que propone Conti es que los magistrados mantengan la atribución para decidir en qué casos se otorga el beneficio de la prisión domiciliaria.