El ex juez Juan José Galeano, el ex titular de SIDE Hugo Anzorreguy, el ex presidente de la DAIA, los otrora fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y además otros jefes de la SIDE, el entonces imputado Carlos Telleldín y su abogado Víctor Stinfale fueron procesados ayer por gravísimos delitos relacionados con la investigación falsa del atentado contra la AMIA. El juez Ariel Lijo emitió un largo (413 páginas) fallo en el que analizó con detenimiento las maniobras que se hicieron y calificó los delitos como peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad, coacción y falsedad de documento público. Varios de esos delitos tienen penas con un mínimo de dos años y máximos que llegan a diez, por lo que los acusados podrían terminar en la cárcel tras el juicio oral que, tarde o temprano, se llevará a cabo. Los cargos a Galeano superan largamente los máximos de 20 años de prisión.

La resolución de Lijo tiene un pequeño resquicio que podría llevar las acusaciones hacia arriba: el juez ordenó un careo entre Galeano y su ex secretario, Claudio Lifchitz, quien sostuvo que la pista falsa se puso en marcha luego de una reunión del juez con el ex ministro del Interior, Carlos Corach. Es que, justamente, la causa amenazaba –y aún amenaza– con quedarse en un hecho urdido entre un juez y un jefe de la SIDE, pero la lógica indica que el poder político, empezando por el ex presidente Carlos Menem, no podían desconocer la maniobra.

De forma minuciosa, Lijo describió los hechos y los delitos:

- Considera que está más que probado el pago a Telleldín de 400 mil pesos/dólares.

- También da por probado que el dinero salió de la SIDE y estaba bajo la custodia de Anzorreguy.

- Analiza que la operación del pago fue hecha por agentes de la SIDE bajo la conducción de los espías Alejandro Broussón y Patricio Finnen.

- El juez explica con detalle que en un primer video, grabado en su juzgado, el propio Galeano negocia con Telleldín cuál será el contenido de su declaración y le va diciendo los nombres de los policías que El Enano, como le decían a Telleldín, debe identificar como los que se llevaron la Trafic que posteriormente estalló en la AMIA. O sea que en forma ilegal, Galeano le marca las fotos y los nombres que luego tendrá que identificar en su declaración judicial.

- En el segundo video se ve al juez otra vez negociando con Telleldín. Arreglan la cuestión del dinero y hablan nuevamente de las fotos, ya que Telleldín iba a aportar el testimonio falso de dos de sus compinches.

- Lijo sostiene que resulta clave la identificación falsa y armada de la foto del subcomisario Raúl Ibarra, ya que eso dio lugar a la detención del principal policía bonaerense acusado por Galeano: Juan José Ribelli.

- El magistrado sostiene que tal vez hubiera algunos indicios que pudieran apuntar a los policías, pero que los elementos fundamentales y decisivos se consiguieron en forma ilegal y mediante el pago.

- La ilegalidad de la maniobra quedó demostrada –según el juez– cuando ya se dio a conocer el video y se intentó armar un expediente para simular que el dinero se pagó como una recompensa por información dada por Telleldín. El expediente no llegó a nada por ser evidentemente irregular.

- Lijo va paso a paso demostrando que participaron de la operación del pago el juez el ex titular de la SIDE, los dos jefes de inteligencia que estuvieron a cargo de la maniobra, el propio Telleldín, su abogado Víctor Stinfale y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. A todos ellos los acusa por el delito de peculado, que significa sustraer fondos del Estado. El principal imputado es Anzorreguy que tenía esos caudales a su cargo y que no pagó por información, sino por una declaración judicial ilegal, armada y destinada a sembrar una pista falsa. En esa maniobra, a Galeano se lo acusa de partícipe primario, porque fue el protagonista del armado, el que arregló con Telleldín. Este último también es imputado como partícipe primario, porque estuvo de acuerdo en la maniobra y sin él no se hubiera podido cometer. En la misma línea de acusación quedaron Ana Boragni, la esposa de Telleldín, que recibió el dinero; Víctor Stinfale, el abogado del Enano, que participó en la negociación y estuvo cuando Boragni cobró y Rubén Beraja que, según el juez, siempre supo del acuerdo y el pago, trató de que no se difundan los videos, pero tuvo una actuación menos preponderante, por lo cual se lo procesa como partícipe secundario.

- Respecto de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el juez manifiesta dudas. Cree que hay indicios de que supieron del armado de la pista falsa y del pago, pero cree que las evidencias no alcanzan. Por eso decidió que seguirá investigando la actuación de ambos en éste punto.

- La acusación más grave contra Galeano es por privación ilegal de la libertad: es decir que mantuvo presos en forma arbitraria, sabiendo que la acusación no era cierta, a cuatro policías, Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Raúl Ibarra y Anastasio Leal. Lijo afirma que Galeano “imputaba a los policías sobre la base de hechos sobradamente irregulares y falsos”.

- El juez considera que los fiscales Mullen y Barbaccia fueron partícipes de estas detenciones ilegales, ya que aun cuando vieron los videos en los que se exhibían las negociaciones entre Galeano y Telleldín, no enfrentaron el accionar ilegal del juez según era su obligación.

- A Galeano también se lo acusa de coacción agravada porque amenazó con procesar a dos personas –Miriam Salinas y Gustavo Semorile– por distintos delitos que cometieron, pero luego los sobreseyó de esos delitos a cambio de que declararan contra Telleldín y los policías bonaerenses.

El fallo de Lijo reitera el concepto general que planteó el Tribunal Oral, la Cámara de Casación Penal, el ex titular de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa y el actual titular de esa Unidad, Alejandro Slokar: la causa del atentado derivó en una maniobra cuyo objetivo fue entregar a la sociedad culpables falsos, tal vez para acallar los reclamos de los familiares y para que no se evidencie que el atentado fue producto de promesas pre-electorales hechas a líderes islámicos que luego fueron incumplidas. El vacío que hasta ahora dejan las 413 páginas de Lijo es que todo queda reducido a una maniobra entre el juez Galeano, el jefe de la SIDE, Anzorreguy, y el titular de la DAIA, Beraja. El magistrado sugiere hasta el momento no hay pruebas contra la cúpula del Ejecutivo de ese entonces, pero deja una puertita abierta. Decidió citar al ex secretario de Galeano, Claudio Lifchitz, y lo enfrentará en un careo con el ex juez. Lifchitz afirma que Galeano volvió un día de la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión con Carlos Corach, y afirmó: “hay que cerrar la pista de los policías”. O sea que la instrucción venía de arriba. Muy arriba.