La Sala II de la Cámara Federal ordenó volver a procesar por el escándalo de los sobresueldos al ex ministro de Defensa Oscar Camilión y a Rodolfo Aiello, ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete. Con esta medida y algunas observaciones a la investigación, el tribunal sostuvo –contra una creencia generalizada– que la causa está lejos de prescribir. En este expediente llegaron a estar imputados cerca de cuarenta funcionarios, pero desde fines del año pasado no había ningún procesado. La resolución de los camaristas le da un nuevo envión.

Camilión y Aiello fueron las únicas dos personas que llegaron a estar procesadas en la causa, por orden del juez Jorge Ballestero, por haber desviado fondos reservados. Les aplicó el delito de peculado, que prevé hasta diez años de cárcel. Pero la propia Cámara Federal anuló aquella decisión en diciembre último al evaluar que había “una contradicción en la fundamentación” usada por el magistrado: imputaba peculado pero mostraba otro delito, el de malversación de caudales públicos, que fija un tope de tres años de cárcel. A partir de este llamado de atención Ballestero dictó falta de mérito para los acusados.

El fiscal Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción (OA) apelaron y los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun acaban de firmar una nueva resolución. Allí ordenaron que Camilión quede procesado por peculado y malversación. Como ministro de Defensa, dijeron, tuvo “a su cargo la administración” de fondos secretos a los que “dio un destino distinto al previsto” por las leyes (seguridad y defensa) “disponiendo su utilización para el pago de las sobreasignaciones salariales”. Señalaron que él mismo “dispuso de un monto mensual” que “constituye una sustracción de esos fondos”. Recordaron, además, que ante el fuero Penal Económico Camilión admitió haber cobrado 30 mil pesos mensuales “extra a su sueldo de 10 mil”.

En cuanto a Aiello el tribunal explicó que como jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete en tiempos de Eduardo Bauzá, está probado que manejaba el reparto de sumas de 50 mil a 100 mil pesos en efectivo, provenientes de fondos reservados, que eran entregadas a los titulares de distintos ministerios o sus emisarios. El dinero era entregado “en sobres” y “sin ninguna constancia”, repasó la Cámara. Para el tribunal, Aiello tuvo “absoluto desinterés” por el destino que le daba al dinero “dando lugar a su posible apropiación”. Por eso dispuso procesarlo por participar “en la administración fraudulenta de bienes públicos”.

En el mismo fallo la Cámara dictó la falta de mérito de otros nueve ex funcionarios porque consideró que, aunque se sabe que cobraron sobresueldos, no se investigó su “conocimiento e intervención en la malversación o en la sustracción de fondos”. “La investigación de las responsabilidades –cuestionó el tribunal– se ha limitado a la recepción y apertura de sus declaraciones juradas e impositivas.” El grupo beneficiado está compuesto por José Armando Caro Figueroa, Carlos Eduardo Sánchez, Alfredo Aldaco, Jorge Rodríguez, Liliana Gurdulich, Félix Manuel Cirio, Jesús Antonio Leguiza, Oscar Chialvo y Alejandro Mayoral.

Los camaristas se empeñaron en disipar fantasmas sobre el cierre de la causa. El temor a que “el paso del tiempo” la haga caer, advirtieron, es “infundado” y “extemporáneo”. Explicaron que para hacer el cálculo se debe tener en cuenta el delito más grave entre los que comprende el expediente, que en este caso es el de peculado. En dos resoluciones complementarias rechazaron los planteos de prescripción que habían presentado Camilión y Aiello.

La investigación de los sobresueldos nació cuando Roberto Martínez Medina contó ante un tribunal oral que retiraba todos los meses 50 mil pesos para su ex jefe, Raúl Granillo Ocampo, cuando era ministro de Justicia del menemismo. La revelación fue en abril de 2004 durante el juicio por enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray, quien admitió los sobresueldos y luego se convirtió en una testigo clave sobre el funcionamiento del sistema.

La situación de Granillo Ocampo y de la propia Alsogaray nunca quedó definida, pese a que el fiscal Pollicita insistió en acusarlos. Con el nuevo fallo de la Cámara Federal están dadas las condiciones para que la pesquisa avance y se resuelva qué compromiso le cabe a una larga lista pendiente de funcionarios como Domingo Cavallo, Elías Jassan, Ricardo Cossio y Adelina Dalesio de Viola, entre otros. Por otro carril, la Corte Suprema analiza la validez de la ley secreta 18.302, que fue la que permitió que el pago de sobresueldos sin ningún control se convirtiera en una práctica común y corriente en el menemismo.