La Justicia federal procesó a Fernando de la Rúa y a Domingo Cavallo al encontrarlos culpables de fraude contra el Estado por el megacanje, el cambio de bonos de la deuda externa realizado en junio de 2001. La operación, que el gobierno de la Alianza presentó como una medida para traer alivio a la crisis económica del país, incrementó en realidad la deuda en cincuenta y cinco mil millones de dólares, según concluyeron los peritos del caso. Los expertos contables señalaron además que los únicos beneficiarios claros del programa fueron los bancos que participaron de la operación, que cobraron una comisión de ciento cincuenta millones de dólares por hacer prácticamente nada, ya que cambiaron papeles que ya tenían en su cartera de inversión. “El megacanje fue gestado con el fin de favorecer intereses distintos a los del Estado nacional”, sostuvo el fallo.

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Jorge Ballestero, quien sostuvo que el ex presidente y el ex ministro de Economía impulsaron el megacanje “a sabiendas de que se generaría un perjuicio para las arcas públicas”. Aunque con un embargo sobre sus bienes de 30 millones de pesos, De la Rúa y Cavallo podrán esperar el inicio del juicio oral en libertad, ya que el magistrado no les dictó prisión preventiva. La denuncia inicial había sido presentada por el ARI cinco años atrás (ver aparte).

Otros dos ex colaboradores del ex ministro, el ex secretario de Finanzas Daniel Marx y el ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, fueron también procesados por fraude, que en todos los casos se definió como “agravado” por la condición de funcionarios públicos de los acusados. A Marx y Baldrich se les fijaron embargos por 25 y 10 millones respectivamente. En la misma resolución, el juez dictó la falta de mérito para Horacio Tomás Liendo.

El camino de la deuda

De la Rúa había sido llamado a indagatoria en Tribunales el 12 de septiembre pasado. Sentado frente al juez –un magistrado no especialmente agresivo en esta causa, si se considera que le dictó a Cavallo una falta de mérito en 2002, por lo que recibió un llamado de atención de la Cámara de Apelaciones para que profundizara la investigación–, el ex presidente argumentó que desde el mismo día que entró a la Casa Rosada “estaba todo en ruinas” y que lo único posible era reestructurar la deuda. Por otra parte, agregó, el megacanje debía ser visto como un “acto político–económico” destinado a evitar el default y no “como un hecho ilícito”.

En el fallo, Ballestero recordó la historia de la operación económica. Citó el trabajo de los peritos oficiales designados por el fiscal Federico Delgado: Alfredo Eric Calcagno, Eduardo Conesa, Eduardo Melinsky y Jorge Schvarzer. El racconto tiene su punto de partida en 1999 cuando, luego de la devaluación brasileña, Carlos Menem vendió al Estado español el 20 por ciento de las acciones de YPF que eran propiedad argentina, “en un esfuerzo desesperado por estirar la vigencia de la convertibilidad”. Así, al asumir la Alianza “la sobrevaluación cambiaria continuó, pero el endeudamiento externo” no era suficiente para reactivar, “lo cual llevó a que en el 2001 la capacidad crediticia del país estuviera colmada”.

Según un informe del Banco Mundial mencionado por los peritos, ya en 2000 la Argentina era el país más endeudado del planeta. A comienzos de ese año “se sabía que deberían obtenerse créditos por 26 mil millones de dólares para ‘gestionar’ la deuda”, pero los bancos internacionales se negaban a conceder nuevos préstamos. En diciembre se anunció un acuerdo con los acreedores para obtener una suma cercana a los 40 mil millones, en lo que se promocionó como “el blindaje”. Sin embargo, los fondos no llegaron “en las magnitudes esperadas ni en las fechas deseadas”, de modo que se acercó el momento de la “crisis de liquidez” con un gobierno que no podía conseguir nuevos créditos.

“Fue en ese momento –recordó el juez que indicaron los peritos– cuando David Mulford propuso públicamente un ‘canje voluntario’ de la deuda argentina.” Esto alertó a los acreedores sobre las dificultades que enfrentaba el país. El gobierno, concluyó Ballestero, “se vio obligado a adoptar de inmediato alguna medida, comenzando el proceso del megacanje”.

Los daños

El canje de deuda postergó el pago de 15 mil millones de dólares por cinco años, hasta 2005. Sin embargo, la investigación judicial estableció que:

- Produjo un gran perjuicio para la Argentina, ya que aumentó la deuda externa en 55 mil millones de dólares

- Se pagaron 150 millones de dólares a los bancos. Según los peritos, el megacanje se realizó “con el propósito de posibilitar el cobro de las comisiones”. Para probarlo, señalaron que unos meses más tarde se realizó un nuevo canje sin pagar comisiones. Vale recordar que en su momento, la fiscalía investigó una denuncia que atribuye a Cavallo el cobro de sobornos por 15 millones de dólares.

- Existen elementos para sospechar que no se está frente a una decisión de política económica equivocada por parte de De la Rúa y Cavallo. Creer eso “sería cuanto menos ingenuo de mi parte”, sostuvo en el fallo Ballestero. “Es posible sostener, con la certeza que etapa procesal requiere, que los imputados obraron con absoluta conciencia de que actuaban en perjuicio de los intereses nacionales.”

El turno de los bancos

Tras conocer el fallo, De la Rúa dijo que se trataba de una “maniobra política”. El ex presidente calificó de “asombroso” al contenido del procesamiento. “Ballestero no miró mi declaración ni practicó las pruebas pedidas”, por lo que “lo evidente es la maniobra política”, sostuvo.

Domingo Cavallo dijo, por su parte, que “la decisión del juez” le parecía “absurda”. El ex ministro está en Buenos Aires desde hace pocos días y no está seguro de quedarse por mucho tiempo, dijeron sus allegados. Posiblemente vuelva al exterior la semana que viene. Ayer, cargó además contra Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, a quienes acusó de haber dado “un golpe institucional para sacarnos a De la Rúa y a mí del gobierno y frustrar la última etapa de la reestructuración de la deuda”.

La lista de bancos investigados por la operación incluye al Galicia, Río–Santander, BBVA Francés, Crédit Suisse First Boston Corporation, HSBS Bank Argentina, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney. Los directivos de esas entidades ya fueron citados a declarar en audiencias fijadas hasta el 25 de octubre. Deberán explicar cómo se armó la arquitectura financiera de una operación que, lejos de aliviar la situación financiera, la hizo más agobiante y perjudicial.