Un nuevo juez se sumó a la cadena de amenazas que en los últimos días amedrentó a media docena de funcionarios judiciales que investigan causas emblemáticas de violación a los derechos humanos durante la última dictadura. Esta vez, el sobre cerrado con el mensaje de una página llegó al despacho de Alcindo Alvarez Canale de Bahía Blanca a cargo de la investigación de La Escuelita, un centro clandestino que funcionó durante la última dictadura. Ante la estampida de amenazas, la Procuración General de la Nación salió a ofrecer custodia a cada uno de los fiscales amenazados. Investigadores consultados por Página/12 creen que los hechos son “preocupantes” y que se producen en línea con los actos de reivindicación al terrorismo de Estado que se iniciaron el 24 de mayo en plaza San Martín.

El nombre de Alvarez Canale se sumó a la lista de siete nombres que publicó Página/12 en su edición de ayer. La carta con el mensaje de amedrentamiento enviada a través del Correo Argentino a partir del último 22 de septiembre llegó hasta ahora a manos del juez federal Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral de La Plata y que condenó el martes pasado a Miguel Etchecolatz. Junto a él, hubo cartas para el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez y de los fiscales federales Jorge Auat de Resistencia; Eduardo Ferrer de Tucumán; Eduardo Raúl Taiano y Miguel Angel Osorio de Capital. El fiscal Horacio Salman de La Rioja no recibió un ejemplar de los escribas, pero el viernes pasado le dejaron una esquela que decía: “Dejate de joder con la causa Angelelli, no te metas más”.

Luego de analizar el matasello, Alvarez Canale comprobó que el origen de la carta que recibió era de Mar del Plata, “lugar donde el 10 de julio –dijo– ordené la detención de Santiago Cruciani en esa ciudad”, preso por su participación el un centro de detención. “No he tenido contacto con el resto de los colegas amenazados, estoy preocupado, pero igual voy a seguir con la investigación”, agregó. Los escribas firmaron la carta con el remitente de un “III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo”.

Seis jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata repudiaron las amenazas sufridas por los miembros del tribunal que condenó a Etchecolatz.