Están a la vista. De uniforme. Los dos custodios observan cada auto que pasa por la calle que lleva a la casa del juez Carlos Rozanski. Son la única marca visible que dejaron las amenazas que recibió el presidente del Tribunal Oral Federal 1, tras la condena a reclusión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía de Ramón Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz. Para el juez, ni las cartas intimidatorias que recibieron en sus despachos distintos jueces y fiscales esta semana ni la desaparición del sobreviviente Jorge Julio López pueden detener ya los juicios por crímenes de la dictadura. “El Estado argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible. No se modifica con amenazas”, señala. En diálogo con Página/12, plantea a partir de la experiencia del juicio algunas medidas posibles para proteger a los testigos que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Fuera de la custodia, su casa transmite tranquilidad: el viento juega con los pinos de su patio, mientras el magistrado explica los alcances del fallo que firmó junto con los jueces Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, en donde sostiene que los crímenes de Etchecolatz fueron “en el marco del genocidio cometido entre 1976 y 1983”. Rozanski suele tener un estilo campechano para expresarse, pero se pone serio a la hora de hablar de la sentencia a la que le dedicó casi todo su tiempo en los últimos meses (los cientos de fojas con las que se escribió el fallo de 400 páginas todavía reposan en su escritorio).

Con 55 años, Rozanski es el primer juez federal nombrado por concurso por el Consejo de la Magistratura. Fue titular de la Cámara del Crimen de Bariloche y participó en el Consejo de la Magistratura de Río Negro. Como especialista en legislación sobre maltrato y abuso infantil, es el autor del libro Denunciar o silenciar y del texto de la ley que modificó el Código Procesal Penal para que los menores víctimas de abuso sólo puedan ser interrogados por especialistas y en una Cámara Gesell. De allí provienen los planteos que hace con respecto al cuidado de los testigos en las causas de derechos humanos. “Hay que sacar el tema de la protección exclusivamente de la presencia de un hombre armado al lado”, evalúa.

–¿Cómo recibió la carta con la que lo amenazaron?

–Llegó al tribunal. Es personal, pero llegó a mi despacho.

–¿La amenaza detalla que lo han estado siguiendo?

–Del contenido prefiero no opinar, porque justamente eso es lo que está analizando el juez (Arnaldo) Corazza. Parecería que el resto de las amenazas tienen un tenor parecido, incluso en su origen, entonces es interesante que lo analicen. Por eso prefiero no comentarla.

–¿Por qué cree que se producen ahora estas amenazas a jueces y fiscales?

–Acaba de terminar el primer juicio en 25 años por estos temas y comienzan los otros. En el caso de los jueces, debemos mantenernos en contacto con lo cotidiano y las amenazas son una realidad, pero tenemos que poder establecer la distancia que permita que sigamos con nuestra actividad. El punto de inflexión es ése: si la amenaza logra que uno no trabaje, entonces está haciendo efecto. No significa que no las sienta. Es doloroso, pero se debe buscar ponerla en el lugar que corresponde como un delito calificado en un contexto específico y darle la dimensión que tiene. Ni más, ni menos.

–¿La desaparición de López puede dañar los futuros juicios por crímenes del terrorismo de Estado?

–No. En mi opinión, no. El caso es extraordinariamente grave. Pero por más tristeza que nos produzca, no altera el avance de los juicios. El Estado argentino –no hablo de un gobierno ni un gobernador, sino de la totalidad del Estado– y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es irreversible. No estoy hablando de cómo termina el caso López, porque lo desconozco. Hablo de las razones por las que creo que es irreversible. No se podría haber hecho este juicio si la República Argentina no hubiera estado en condiciones. Es la suma de una historia. Y esto no se modifica con amenazas. Eso lo vemos en la reacciones en la calle, en las marchas, en los pronunciamientos institucionales de la Corte Suprema, del Ejecutivo y el Legislativo. La respuesta ha sido inmediata.

–¿Se inclina por la hipótesis del secuestro o la del shock emocional?

–No. Me inclino por la gravedad. No puedo pensar que le haya pasado algo, porque soy parte del juicio, porque lo escuché y porque valoré su testimonio. Cuando se inicia un juicio de esta naturaleza, con 130 testigos, no se le puede imponer a nadie una custodia que no pidió. Aunque no sea un tema de derechos humanos, no se puede. Y menos en estos casos, porque el acusado era comisario general de la policía y la custodia es policial. Pero no sólo desde el punto de vista institucional, porque evidentemente los que hoy podrían custodiarlo todavía no habían nacido. Me estoy refiriendo al punto de vista del propio testigo, que es lógico que pueda tener desarrollado ciertos mecanismos que lo hagan rechazar la custodia. Esto no tiene que ver con no protegerlo.

–Otra hipótesis es el shock emocional que podría haber sufrido López. ¿Cómo lo vio cuando declaró?

–Bien. Es un testigo sólido, con la mezcla de cosas de quien sufrió traumas enormes y los tiene que revivir treinta años después. Había coherencia aun en el dolor que produce el testimonio. No solo en su declaración, sino en las inspecciones oculares. Estuvo en casi todas y señaló lugares específicos que él había descripto. Llegamos al lugar y la palmera que él relató estaba y el techo de tejas estaba. Todo eso significa una coherencia, en el medio de la angustia que genera el juicio.

Protección integral

–¿Qué medidas se deben tomar para proteger a los futuros testigos?

–Las medidas futuras con los testigos es uno de los desafíos en esta etapa. Hay que definir cómo se protege a los testigos, que no las puede determinar un policía, un abogado o un juez independientemente.

–El Ministerio del Interior y la Procuración están haciendo un listado de los testigos para asignarles custodia...

–Sí, eso está bien. Marca una preocupación genuina de los poderes del Estado. Pero sería interesante que esto se viera en una perspectiva que no se tiene cuando se habla de un testigo tradicional. Tiene características especiales, que las tiene que definir un equipo desde distintas disciplinas. Tiene que ser en conjunto.

–¿Qué características tiene una víctima del terrorismo de Estado?

–Todas las personas que sufrieron traumas de cualquier tipo generan mecanismos de defensa, que varían según el trauma, la persona y cómo sea contenida. En el caso del terrorismo de Estado, vimos a los testigos en la causa en la que se juzgó a los ex comandantes, en la causa 44 (en la que se condenó a Etchecolatz por 91 casos de tormento) y en este juicio. Llevamos veinte años en contacto y siguiendo la evolución de los testigos. Es inexorable el paso del tiempo, que en algunos casos juega en contra y en otros a favor, porque se han podido elaborar cosas que en otro momento no se podían decir. Hay gente que no podía antes y no puede ahora. Hay algunos que pudieron siempre. Otros podían antes y ahora no pueden. Las infinitas formas de elaborar un trauma obliga a que se preparen estrategias que protejan integralmente. Hay que sacar el tema de la protección exclusivamente de la presencia de un hombre armado al lado.

–¿Usted apunta a la revictimización de los testigos?

–Sí. Por eso digo que tenemos que definir qué es proteger. Si comprendemos la dimensión del sufrimiento, evaluemos una posibilidad que sea superadora de lo que está planteado actualmente (sin vulnerar, por supuesto, ningún derecho de defensa). Cuando se elaboraron las normas procesales no se tuvo en cuenta lo que significa que treinta años después se le pregunte a una persona si la violaron o si la torturaron más o menos. Con la experiencia de este juicio tenemos la posibilidad de encontrar una forma de que esto sea mejor.

–Entonces, ¿piensa en formar un equipo interdisciplinario?

–Se impone, porque es necesaria la elaboración de una estrategia para estos juicios. Esto me ha pasado en Bariloche: el testigo siempre entra con un grado de angustia. Lo que solicitábamos era el cuerpo médico que nos diga si sentarse a declarar podía perjudicar su salud psicofísica. Donde decían que podía pasarle algo, nosotros introducíamos una declaración anterior por lectura y no le tomábamos testimonio.

–¿Considera que esto se puede tomar como criterio?

–Sí, en mi opinión, debe incorporarse a la discusión. No solamente pensar en términos tradicionales la protección: dos custodios de cada lado. Por más que sean excelentes personas, esos custodios le pueden generar angustia. Estamos en condiciones de diseñar estrategias que lo que requieren es una voluntad de hacerla, que yo la veo en el Ejecutivo. El gobernador Solá habló de mirar en perspectiva esta historia. Atomizar causas y hacer miles de juicios es una empresa no imposible, pero atenta contra el daño que queremos evitarles a los testigos. Y termina atentando contra la propia verdad, si agotamos a las personas que sufrieron estos delitos, las hacemos venir interminablemente a declarar. Así vamos a estar cincuenta años haciendo juicios.

Genocidas

–¿La tipificación del genocidio podría resolver la atomización?

–La gran discusión sobre el derecho internacional es si para el ejercicio de determinados derechos de las convenciones que están en la Constitución es necesario que estén tipificados. Mi opinión es que no hace falta. Las convenciones se aplican de manera automática. En el caso puntual del genocidio, se da una particularidad, ya que en nuestro juicio se llega a la sentencia siendo que Etchecolatz no fue indagado, ni procesado por ese delito. Esto significaba un riesgo procesal: nadie puede ser condenado por un hecho por el que no fue acusado. Eso se llama principio de congruencia. Por eso, llegamos a la sentencia por los delitos por los que se lo procesó. Pero a mi entender era obligatorio decir que esos delitos... para la ley argentina lo que ocurrió es un genocidio. Para analizar si se trató de un genocidio, el desafío intelectual es: ¿cuánta gente tenemos que matar para que sea un genocidio? Y estoy convencido de que se trató de un genocidio.

–Ustedes recuperaron el debate en la ONU de 1946 sobre genocidio.

–Terminada la guerra, el mundo tuvo que dar respuesta a lo que habían hecho los nazis. Ahí se hace la resolución 96 de la ONU, donde se incluye los “grupos políticos” o los genocidios “por motivaciones políticas”. En el ’48, dos años después, se hace un proyecto de la convención contra el genocidio. Y ese proyecto también incluye los grupos políticos.

–¿Por qué no se incluyó finalmente a los grupos políticos en la convención?

–Ahí hay un detalle que es interesante, que tuvo que ver con lo que pasaba en ese momento en el mundo, por lo cual se saca.

–¿Con quién tuvo que ver, en concreto?

(Sonríe) –Con Stalin...

–¿Por qué consideraron que es aplicable la definición del genocidio a la Argentina?

–En 2006, uno dice: masacraron un millón y medio de armenios y es el día de hoy que ni siquiera está reconocido. Esto muestra la resistencia de esto. Son cien años. El nazismo, sí, porque en números fueron seis millones. Pero tenemos que empezar a ver esto en su dimensión amplia: aquí se persiguió y se aniquiló a una parte de un grupo nacional. Esto lo define el genocida, el que decide aniquilar. No podemos tarifar la dimensión del genocidio: “Si es menos de un millón, no es genocidio”. Esos homicidios en la Argentina en el marco de una política de exterminio son un genocidio. Está demostrado: lo dijo (el juez español Baltasar) Garzón, lo dijo la Audiencia Nacional de España. Es importante que se llamen las cosas por el nombre correcto, y en los casos de violaciones a los derechos humanos no llamar las cosas por el nombre correcto demora treinta años la justicia. El genocidio se tiene que llamar genocidio.

La banalidad del mal

–¿En qué aspectos el juicio de Etchecolatz hizo aportes a la reconstrucción al plan sistemático de exterminio?

–Declararon 150 personas, todos testigos veraces. Y el panorama que dan es que hay una lógica en lo que han relatado. El caso de cada uno de ellos no fue casual. El testigo Castellano, por ejemplo, era un preso común, que estaba detenido por un delito común antes del golpe. Y explicó que en el lugar donde estaba se comenzó a trabajar en hacer las divisiones en el edificio, lo que permitiría tener secuestrada gente en el centro clandestino. Eso es uno de tantos testimonios sobre la preparación. El plan sistemático, de todas formas, está fuera de discusión porque lo dijo la causa 13. Es cosa juzgada. Este juicio agrega certeza en otros aspectos: que el plan fue elaborado con anterioridad y tenía una metodología idéntica en cuanto al aniquilamiento físico y emocional, al extermino y la aniquilación selectiva. Esto lo explica muy bien (el sociólogo Daniel) Feierstein, al que citamos en la sentencia. A determinadas personas se las mataba y otras no. Y las que no son las que contaban y producían terror. Se le avisaba al resto de la sociedad que le podía pasar lo mismo. Y eso es el terrorismo de Estado.

–¿Se estableció si hubo violaciones sistemáticas a las mujeres detenidas?

–Había testimonios anteriores donde se percibía un comentario, de que “en la escalera había un manoseo”, por ejemplo. En este caso, no se estaba juzgando delitos sexuales. Pero esto surge por el paso del tiempo. En derecho tenemos esa costumbre de repetir adagios. Uno es: el paso del tiempo es la verdad que huye. Aquí mi sensación es que es la verdad que fluye. Hubo testigos que decían: “A mí me violaron, porque las violaban a todas”. Ese también es un punto de inflexión. Es importante hablar de eso, porque las víctimas pudieron empezar a hablar de eso. Había una cuestión de género que incidió en esto.

–¿Etchecolatz jugó el rol del hombre gris que forma parte de un sistema de exterminio o era un “monstruo”, como plantean algunos enfoques?

–Etchecolatz era el responsable de un circuito de centros clandestinos. Eso está en la sentencia: si bien por momentos la magnitud de los hechos y la saña con la que se hicieron pueda hacer pensar que se alejan de la humanidad los que lo hacen, la realidad es que no se alejan tanto como para no estar en el banquillo. Por otra parte, en estos casos, para cometer estos delitos necesitan sacarle la categoría de humano a la víctima. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Son seres humanos los que cometieron estos delitos contra otros seres humanos. Y en este tipo de delitos se está afectando a la humanidad toda.

–¿Percibió si los juicios funcionan como instancias reparadoras para los familiares y sobrevivientes?

–Creo que sí. Y le cuento una situación que vivimos tras la lectura de la condena. Una Madre de Plaza de Mayo se nos acercó y nos dijo: “Todos estos años, desde que se llevaron a mi hija, yo sentía una opresión acá”. Y se tocaba la panza. “Sentía como una opresión en el pecho por mi hija. Ahora esa opresión no está más”. No nos dijo que a partir de ahora no sienta más dolor, pero sí que puede empezar a sentir algún tipo de tranquilidad. Y eso es muy importante. La Justicia no solo puede ser productora de verdad, en el sentido en el que lo plantea Michel Foucault –no la verdad en latín, sino la verdad concreta, que podamos entender todos– sino que puede ser una instancia reparadora.