Miles de fotografías reproducen la imagen de Jorge Julio López en afiches, en taxis, en móviles policiales. Millones de llamadas telefónicas, de correos electrónicos y de mensajes de texto, además de los diarios, la radio y la tevé comunican su búsqueda y la oferta de recompensa. Se escudriñan una a una las 1400 llamadas telefónicas producidas en los alrededores de la casa del testigo desaparecido el último día que la moró. Abundan las denuncias pero, hasta ahora, derivan a callejones sin salida o pistas falsas. “Todos los días tenemos cinco o seis datos que nos resultan interesantes, que se desbaratan a medida que los estudiamos”, confiesa uno de los principales investigadores. La pesquisa llevó a la SIDE a Santa Fe el viernes, derivó en rastrillajes infructuosos en todo el Gran Buenos Aires.

Así las cosas, sea cual fuere el desenlace, las comparaciones con el terrorismo de Estado son imprecisas y desmesuradas. El estado democrático, con sus fatigas y lacras a cuestas, se pone del lado de las víctimas. Esa referencia liminar, lo señaló con pertinencia ayer en este diario Emilio García Méndez, no debe ser olvidada. Tampoco, añadió el diputado del ARI (quizá autor de la mejor intervención de un político hasta ahora) de cuál estado estamos hablando. Sus agencias de seguridad y de inteligencia están desacreditadas, con motivos basados en la crasa experiencia de décadas. Con esos bueyes hay que arar en un nuevo escenario que, acaso, debió ser previsto.

Algo que podía pasar

Con los hechos a la vista es ostensible que se subestimó cuán revulsivo resultó el cambio en la política de derechos humanos, en especial la derogación de las leyes de impunidad y la consiguiente estimulación de las causas contra represores. Criminales aislados por la repulsa social pero cubiertos por las leyes de obediencia debida y punto final o por los indultos afrontan un riesgo que, en medio de grandes peripecias, venían gambeteando desde 1983 y que tal vez creían extinguido. Sus intentos de obtener apoyos por vía democrática (que los hubo) tuvieron como respuesta un marcado ostracismo. La perspectiva de acudir a la violencia puede integrar su menú de opciones, en un contexto de soledad y desesperación cuando leen que la hora de la justicia se acerca y que no tienen otra forma de entorpecerla.

Se insiste, no es riguroso dar por hecho que opera una organización tenebrosa que ejercita la violencia para impedir el avance de esa etapa. Pero es diáfano que esa hipótesis es posible y que faltó perspicacia para anticiparla. El activismo actual de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia, por contraste, espeja que poco se hizo antes para precaver lo que ahora se asume como verosímil, como casi seguro.

León Arslanian, que trabaja 24 horas por día en dirigir a miles de hombres en los que nadie en sus cabales puede confiar del todo, comenta en la intimidad que hubo “falta de profesionalidad” en la prevención de eventuales represalias y franca desidia en el armado de una “ingeniería judicial” más tutelar con los testigos, que hiciera más espinosa la cadena de amenazas que se propaga a decenas de fiscales y jueces.

El caso de López (incluso en la perspectiva de que haya sufrido un schock traumático emocional) es ilustrativo de una situación que se repite. Testigos que peregrinan por numerosos juzgados, repitiendo su calvario, reviviéndolo con la consiguiente sobrecarga psíquica. Juicios por la verdad, procesos que buscan condena, expedientes contra distintos represores. Conociendo el actual cuadro, estremece pensar cuánto se ha posibilitado la virtual acción de inteligencia de grupos siniestros, sencillamente siguiendo las apariciones públicas de importantes, repetidos, testigos como López.

Hubiera sido mejor, tal vez todavía pueda obrarse, agrupar los procesos en megacausas que limiten la proliferación de expedientes, de juzgados implicados, de testigos a los que se debe proteger. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Edgardo Binstock, hizo pública la necesidad de subsanar ese dispendio (evitando, por caso, repetir en otros estrados las declaraciones ya vertidas en juicios de la verdad) que puede tornarse un engorro o una pesadilla en los próximos meses. No es simple hacerlo en un sistema democrático que debe preservar el derecho de defensa de los acusados y también la seguridad de las víctimas, los testigos de cargo y los integrantes del Poder Judicial.

La creación democrática

Nadie sabe al tiempo de cierre de esta nota qué pasó pero, entre todos los escenarios imaginables (y aun abiertos), en el gobierno nacional y el bonaerense crece un temor: que López no aparezca vivo, incluso que no sea hallado. Puede que los funcionarios o los investigadores retaceen alguna información para no entorpecer la búsqueda, pero la impresión del cronista es que no saben más que lo poco que cuentan, que sus vaticinios pesimistas no se nutren de data oculta sino de su creciente decepción y de la aplicación del sentido común. A más tiempo de ausencia, menos chances de un final indoloro.

La perspectiva es angustiante pero no debe paralizar las acciones políticas, judiciales y de seguridad. Puede estar en ciernes una nueva instancia histórica, un hito cuya vigencia sólo sería desmentida por un desenlace no trágico que cabe desear pero que cuesta predecir.

Ante un cambio de esa magnitud, lo primero es jerarquizar los problemas y los desafíos. Luego, definir aliados posibles y enemigos. La expresión “adversarios” propia de las lides democráticas no cuadra cuando se habla de quienes desean salirse de las reglas del sistema.

Lo sustantivo es que es posible la existencia de al menos un grupo armado de cierta capacidad operativa con intenciones de amedrentar a la sociedad. Una contingencia que, en esos términos, no se produjo en 23 años de recuperación democrática. Si algo atroz le ocurrió a López hay responsables directos, centrar la mira en otro lado sería un error fenomenal.

La primera reacción de muchos protagonistas ha sido demasiado autocentrada. Lo que se podría poner en cuestión no es (no es solamente) el gobierno de Néstor Kirchner o el de Felipe Solá. Ni siquiera es riguroso alegar que se ataca (exclusivamente) “la política de derechos humanos del Gobierno”. Toda acción política (los crímenes pueden serlo, todos lo sabemos) impacta sobre quienes gobiernan, eso es de manual. Pero, en este caso, al menos, las proyecciones son mucho más vastas.

La centralidad de la lucha por los derechos humanos (a la que este gobierno ha hecho aportes esenciales que integran los mayores méritos de su gestión) es una proeza de la sociedad argentina en su conjunto, que tuvo a los organismos como vanguardia.

Esa brega, empero, no es debidamente explicada ni aun por los que están a su favor. La búsqueda de verdad y justicia, apelando a las solas armas del apego a la ley y renunciando al ejercicio de la fuerza aún contra los contendientes más nefastos, no tiene precedente ni parangón en la historia argentina. Igualarlas sin más con las prácticas militantes de décadas pasadas (incluidas las comprometidas con el advenimiento de una sociedad mejor) es una simplificación. La agenda de derechos humanos no es una prolongación lineal de las luchas del pasado ni un subproducto de su derrota (como se afirma “por derecha” y a veces “por izquierda”) sino un salto de calidad de un momento ulterior. Emparentar esas viejas luchas y las contemporáneas tiene sus razones porque son los familiares de muchos de esos militantes (arrasados por el terrorismo de Estado) quienes encabezaron la cruzada de los DD.HH. Pero el ejercicio pacífico, creativo y ceñido a la ley es una auspiciosa creación colectiva que alboreó durante la dictadura, se fue haciendo masiva en estos años y consiguió (tras vaivenes y desaires crueles de sucesivos gobiernos) un predicamento y una ejemplaridad inusuales.

La actual etapa democrática puede ser cuestionada desde variados ángulos que ameritan ríos de tinta (este cronista ha aportado afluentes caudalosos), pero una de sus virtudes cúlmines es haber albergado la metodología contra lo que fue la tradición argentina de siglos expandida en casi todo el espectro político: renunciar a levantar la mano aún contra los peores especímenes de la condición humana.

En ese sentido, que Kirchner (y Raúl Alfonsín, también, a su modo) no hayan sido adalides de los movimientos de DD.HH. antes de ser presidentes y doblaran la apuesta una vez en el poder debería ser computado a su favor y no en su contra. Una mutación así, contrapuesta a la lógica del famoso teorema de Baglini, agranda el mérito de haber doblado la apuesta, poniéndose a la cabeza de la sociedad y motivándola a comprometerse con una causa superior.

Los primeros alineamientos ulteriores a la ausencia de López no dan cuenta de la existencia de un territorio común a defender, que trasciende al actual gobierno pero que le concierne y lo interpela. Considerar que el Gobierno es el dueño de las políticas de derechos humanos es una demasía en la que el oficialismo incurrió más de una vez. Considerarlo ajeno (u opuesto) a ellas una injusticia, amén de una pésima lectura táctica.

Un cambio histórico que jaquea los nuevos avances sucedidos durante el gobierno de Kirchner encuentra diseminados a los distintos protagonistas de una necesaria respuesta colegiada. La coyuntura inédita se sobreimprime a un cuadro signado por la facciosidad y la dificultad de coordinar acciones, carencias crónicas de los partidos políticos y crecientes de los organismos de DD.HH. Las movilizaciones que se realizaron son auspiciosas en sus designios aunque contuvieron brotes de sectarismo, en proporciones muy variadas. El número de manifestantes y el sesgo de las representaciones convocantes no guardan proporción con la magnitud de lo que se quiere combatir.

Las declaraciones de Hebe de Bonafini, poniendo a la víctima en el lugar del sospechoso (¡!), fueron un pico desdichado de la proclividad a buscar culpables que no sean los principales. Pero Bonafini no fue una oveja negra sino quien incurrió más acabadamente en un vicio extendido, el de hacer afirmaciones terminantes y descalificadoras sin otro aval que la intuición. Asimismo sus palabras son un síntoma de la división de los organismos de derechos humanos que tiene larga historia pero que se complejizó a partir de la irrupción de Kirchner. Bonafini obró en función de su relación con el Gobierno así como otros emergentes del movimiento parecieron tributar con sus actos y sus declaraciones a su desconfianza respecto del oficialismo. El producto conjunto luce demasiado kirchner-céntrico siendo que hay muchas otras (algunas tremendas) variables en juego.

El oficialismo no era tampoco una tabula rasa cuando recibió el impacto. Aníbal Fernández y Felipe Solá se detestan, lo que (entre peronistas) sería lo de menos si no estuvieran compitiendo por una posible candidatura a gobernador el año que viene. Arslanian y el ministro del Interior se desconfían, aquél agrega sospechas sobre líneas de relación entre intendentes ahijados de Fernández y policías bonaerenses no muy estimables. Estamos hablando de los funcionarios más concernidos por la necesidad de un trabajo conjunto.

En los primeros días proliferaron, en la Casa Rosada y en la Casa Gris versiones de laderos que cuestionaban al interlocutor y lo sospechaban. El correr del almanaque parece haber mitigado esas tendencias centrífugas y ahora prima el discurso conjunto, cauteloso, nimbado por la percepción de que se afronta un problema común. Kirchner y Solá dialogaron a solas después de que hablara Bonafini, cuentan a ambas orillas de la avenida General Paz, y el compromiso de cooperación está sellado. También se acordó que Solá restrinja sus apariciones mediáticas. Igualmente, si se mira muy en detalle, subsisten algunas diferencias. Por ejemplo, en torno de Kirchner se piensa que, si hubo secuestro, los principales sospechosos serían policías bonaerenses. En derredor de Arslanian y Solá se infiere que, en tal supuesto, habría que pensar en quienes alguna vez vistieron uniformes verdes, los del ejército argentino.

La oposición política y el Gobierno, cual es su costumbre compartida, no han creído pertinente tenderse algún puente. La carencia de diálogo y de sensatez es una viga de estructura del sistema político realmente existente. De momento no parece que haya ganas de cambiar.

Todos de a una

El Presidente ha ejercitado en estos días su acostumbrada primacía política. No tomó la iniciativa, más bien parece replegado tal como ocurriera cuando vivió circunstancias novedosas y acechantes, como la tragedia de Cromañón y la primera movilización de Juan Carlos Blumberg. La incertidumbre sobre lo que pasó con López es un factor no menor, que podría acicatear la infrecuente continencia de un gobernante inclinado a moverse siempre, a ser el dueño de la iniciativa.

La indefinición agrega un matiz sombrío a la crisis actual y nadie puede dar por hecho que cesará. López no aparece hace demasiado tiempo y una hipótesis de trabajo es que la ocultación lleve el designio de generar un desaparecido en democracia. La finalidad de los violentos (y la de los que ejercitan acción psicológica, con llamadas o cartas amenazantes) no sería tanto la de obtener adhesiones a sus posturas, aplastantemente minoritarias. Sí podrían buscar instalar resquemores ante los avances en las investigaciones sobre el terrorismo de Estado, la idea que “se fue demasiado lejos”. Impregnar al sentido común del temor a las consecuencias aciagas del cambio puede ser tentador para los cómplices de los represores e interesar a sectores de derecha más sistémica. Esa virtualidad irrita al Gobierno, que quizá deba enfrentarla con discursos más sofisticados y menos binarios que los que le han bastado hasta ahora. Frente a la instauración del miedo no basta la afirmación de identidad, también se requiere transmitir templanza y equilibrio.

Ante la creciente hipótesis de la resurrección de la violencia en un nuevo contexto político, la respuesta democrática deberá emerger, más orgánica, más representativa y menos dispersa que la de los primeros días. No es razonable fijarle plazo, dadas las circunstancias, pero lo que hace falta es una presencia de amplios sectores sociales, corporativos y políticos. La matriz de algunas protestas ciudadanas de otros tiempos (como fueron los cacerolazos o apagones en los ’90) o de marchas pluripartidarias aunando oficialismo y oposición de otras latitudes (como las realizadas en España contra el terrorismo) debería ser objeto de exploración. Un mapa faccioso no es la digna réplica a una eventual resurrección de prácticas que todos deberían desdeñar.

Ojalá que muchas especulaciones que contiene esta nota sean desvirtuadas por la aparición de López sano y salvo. Si así no pasara o si ese alivio se demorara excesivamente (lo que se leería como corroboración de las peores sospechas) sería imprescindible una respuesta política de magnitud, una presencia colectiva, plural, amplísima en las calles que demostrara una sociedad civil presente y una corporación política que sabe distinguir lo contingente de lo esencial.

Ojalá que no haga falta. Ojalá que, si hace falta, todos se pongan las pilas.