La jueza federal Cristina Garzón de Lascano dictará hoy el procesamiento de Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, y de los agentes Villaruel, Marcelo Luna y Miguel Angel “Gato” Gómez, integrantes de la temible D2 de Informaciones de la policía provincial. Todos están acusados de la privación ilegítima de la libertad de Marcelo Rodolfo Tello Biscayart, un dirigente obrero del gremio de la madera secuestrado el 9 de marzo de 1976, antes del golpe, y desaparecido luego de haber sido torturado en el Cabildo Histórico de esta capital, donde funcionaba el centro clandestino de la policía cordobesa.

La desaparición de Tello Biscayart es otro caso que confirma que el terrorismo de Estado comenzó a implementarse antes del golpe del 24 de marzo del ’76. Secuestrado el 9 de marzo, 15 días antes de que la Junta Militar asumiera, este dirigente del gremio maderero desapareció en manos de agentes de la policía cordobesa a la salida de la fábrica Fiat, a la altura de la Ruta 9 sur, camino a Buenos Aires. Fue trasladado junto a Soledad García, entonces docente y hoy integrante del gremio de educadores provinciales, a las dependencias de la D2 de Informaciones en el Cabildo Histórico, el centro clandestino que utilizaba la policía local para torturar a los presos políticos, en pleno centro de esta capital, al lado de la Catedral, a la vista de todos los cordobeses.

Comandada por el fallecido comisario Pedro Telleldín (padre de Carlos, el implicado en el caso Amia), la D2 era el paso obligado de todas las detenciones que hacía la policía o el Comando Libertadores de América, la versión de la Triple A cordobesa, previo al golpe de Estado y luego bajo su gobierno. Vinculado a la inteligencia del Ejército, este grupo paramilitar-policial actuó con muchísima intensidad en la provincia desde fines del ’74 y durante todo el año ’75. Villaruel, Luna y Gómez formaron parte de la estructura represiva de la D2 y fueron los autores del secuestro y desaparición de Tello Biscayart, según se desprende de la resolución que hoy dará a conocer la jueza Garzón de Lascano.

El procesamiento por “privación ilegítima de la libertad” contra Menéndez es porque desde hacía cinco meses estaba en vigencia el decreto 2771, firmado por el entonces presidente interino Italo Luder y otros ministros isabelinos, que colocaba bajo el mando de las Fuerzas Armadas a todo el personal de las fuerzas de seguridad y penitenciarias. Y Menéndez era desde septiembre del ’75 el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y el responsable militar de todos los operativos que se realizaran el área 311, donde fue desaparecido el dirigente maderero. En su último viaje oficial a Francia, Kirchner recibió personalmente a la madre de Biscayart, quien le pidió que intercediera por su hijo desaparecido.

Con 79 años, preso en su casa de Bajo Palermo, Menéndez enfrentará con éste su quinto procesamiento en Córdoba, ya que está imputado en la causa Brandalisis, Hunziker, Bruno Laborda y Morales, además de los procesos por el Plan Cóndor, que se le siguen en Buenos Aires, en Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja. En todos se negó a declarar por considerar “inconstitucionales” los tribunales civiles federales. Una sola vez respondió por sus actos y fue ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en 1986.