Con la idea de plantear que la coalición que se opone a la reelección de gobernador Carlos Rovira “no es una cruzada religiosa”, un grupo de dirigentes del Frente Unidos por la Dignidad (FUD) dará hoy una conferencia de prensa en el Congreso. Los opositores intentan por todos los medios que la campaña no se nacionalice. “No somos la Iglesia, sino un frente social y político en defensa de la Constitución”, señala el diputado provincial del Movimiento Agrario y Popular (MAP), Jorge Galeano. También denunciarán “un fraude que se está gestando” y detallarán persecuciones por parte de la policía provincial. El obispo Joaquín Piña se excusó pero enviará un representante.

El FUD reúne prácticamente a todo el arco opositor misionero, de derecha a izquierda, con la sola excepción del ARI. La alianza agrupa desde la CTA y la CGT, pasando por expresiones de izquierda como el PC y el PS, hasta llegar al MAP. Galeano es el líder de este movimiento provincial y tiene como referentes a nivel nacional al gobernador neuquino Jorge Sobisch y al líder de PRO, Mauricio Macri. En el FUD también hay un sector kirchnerista, que integran la agrupación Barrios de Pie y el senador Luis Viana, uno de los posibles candidatos a gobernador junto con el intendente Jorge Brignole y el presidente de la Legislatura Esteban Lozina. Estos dos últimos están dentro del partido oficial, el Frente Renovador, pero apoyan a Piña. También adhiere a la candidatura del obispo el ex gobernador Ramón Puerta, al que la mayoría del FUD consideran un piantavotos.

En la conferencia los dirigentes expondrán una serie de denuncias sobre el proceso electoral. El FUD recusó sin éxito a la presidenta del Tribunal Electoral, Cristina Leiva, a quien señalan como socia en el estudio de Daniel “Fonchi” Duarte, un ex colaborador del gobierno provincial en la dictadura a quien sindican como “el monje negro” de Rovira. Tampoco quieren saber nada con que la policía provincial custodie los comicios. “Tiene que ser Gendarmería o el Ejército”, señaló Viana.

También puntualizarán que el gobierno provincial retuvo los fondos para imprimir las boletas y los que corresponden a cada partido. “No nos dan espacio en el canal 12 (estatal). Además, el gobernador está inaugurando todos los días obras públicas, lo que está prohibido por la ley”, planteó Galeano.

Los opositores denunciarán lo que considera “una serie de aprietes”: recordarán que fue separado de su cargo el capellán de la Policía, Angel Armando Vera, tras pronunciarse contra la reforma de la Constitución, y que el cura párroco de Oberá, Ricardo Buiak, sostuvo que un grupo de funcionarios fue a decirle que dejase de hablar contra la reelección de Rovira. “Hoy es un delito pensar distinto. Mandan policías a las iglesias, a escuchar las homilías, o a las reuniones del FUP y del Frente Renovador”, señaló Lozina, quien descubrió que la policía provincial lo seguía y presentó una denuncia.

“La noche del 22 de septiembre llego a mi casa, viene el guardia de seguridad y me dice que la policía estuvo haciendo averiguaciones sobre dónde estaba mi casa y cuáles eran mis movimientos”, relató Lozina a Página/12. “Fui a la comisaría y hablé con el comisario Núñez. ‘¿Qué estás haciendo?’, le pregunté. ‘Estaba averiguando dónde estabas. Son órdenes’. ‘¿Quién te dio la orden?’ ‘El oficial de inteligencia Romero’, me contestó. Luego Romero reconoció que la orden provenía del jefe de la Policía, Rubén Gabriel”, dijo.

Poco después, el diario El Territorio publicó un documento en el que la vicepresidenta del Instituto de Fomento Agrario, Carmen Posdeley, pedía que echaran a tres personas que respondían a Lozina. “Atento a los acontecimientos que ocurren en la provincia: la ruptura que se produjo entre el presidente de la cámara en contra de nuestro gobernador, cumplo en informar que dentro del instituto existen personas que hoy se encuentran trabajando por el ‘no a Rovira’”, sostuvo. El presidente del Instituto, Raúl Revinski, tuvo que aclarar que no despidió a nadie.