El Gobierno tendrá que dominar su ansiedad y esperar por lo menos una semana más para dar por cerrado el juicio político a la Corte Suprema. Originalmente, el oficialismo tenía previsto llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles. Allí pensaba poner en evidencia su voluntad conciliadora para con los cortesanos, de quien depende cada vez con mayor urgencia. Son ellos los que tienen en sus manos uno de los últimos deseos del Fondo Monetario: cerrar las puertas al drenaje de los depósitos, dictaminando la inconstitucionalidad de los recursos de amparo. Por el momento, la conducción del justicialismo no cuenta con la voluntad de los 129 legisladores que dan quórum a las debates parlamentarios.
Lejos de ese número, la bancada peronista sólo puede exhibir, con poco orgullo por cierto, los 80 votos que pueden dar por tierra con el pedido de juicio político. Para que la iniciativa prospere es necesario el respaldo de los dos tercios de legisladores presentes. Si los 257 diputados estuvieran en sus bancas, alcanzaría con la oposición de 85 para que la iniciativa se frustrara.
Para archivar las actuaciones contra los nueve integrantes del máximo tribunal, el duhaldismo no se propuso convocar a una sesión especial sino que pretende hacerlo en el desarrollo de una sesión ordinaria. Para ello buscó la aquiescencia de sus socios del radicalismo. Precisamente, los seguidores de Leandro N. Alem y Raúl Alfonsín habían sido el primer bloque en reclamar el tratamiento del tema en el recinto. Habían reclamado una sesión para el 3 de julio. Corridos por la movida de Camaño postergaron su propuesta ya que quedaban muy en evidencia.
Al momento de explicar porque no darían quórum, el radical catamarqueño Horacio Pernasetti, no fue todo lo contundente que son muchos sus correligionarios. Se limitó a decir que no bajarían al recinto “hasta que no se acuerde”. Sí lo pensaba, no podía haber encontrado una mejor palabra para definir su posición respecto al enjuiciamiento de los jueces de la Corte Suprema. Los radicales que participan de la comisión parlamentaria que revisó el comportamiento de los magistrados suscribieron unánimemente los cargos formulados por el dictamen oficial. Sin embargo, y a pesar de que oficialmente el sanjuanino Mario Capello había asegurado a este diario que detrás del pedido radical de una sesión especial no se escondía el propósito de rechazar la acusación, la movida terminó siendo funcional al PJ.
Rápido de reflejos, Camaño se movió para conseguir el apoyo de los radicales siempre dispuestos a volver a la política del “acuerdo” que tantos éxitos le dio a los representantes del bipartidismo. Por el momento el bonaerense sólo obtuvo el respaldo público de los representantes de los partidos provinciales encabezados por el santafesino Alberto Natale y una media docena de cavallistas.
Como últimamente sucede, la primera batalla se librará en la interna de la bancada peronista. El santacruceño Sergio Acevedo y el tucumano Ricardo Falú, dos de los impulsores de la acusación, se explayarán sobre “el mal desempeño” del alto tribunal. Tan profunda es la trama que une a los miembros de la Corte con el menemismo como es hoy la defensa que los seguidores del ex presidente hacen de ella. La riojana Alejandra Oviedo y el pampeano Manuel Baladrón llevarán la voz cantante de los menemistas. El interbloque del ARI, Autodeterminación y Libertad, Izquierda Unida y Frente para el Cambio respaldan la acusación.