“¿Qué debemos honrar mes a mes todos los argentinos entregándole a este sujeto 15.402,02 pesos? ¿Cuál ha sido su mérito, su valor y su aporte a nuestra democracia?” El sujeto en cuestión no es otro que el dictador Reynaldo Benito Bignone quien recibe, desde 1990, una pensión graciable de ese monto en su carácter de ex presidente. Las preguntas forman parte del fundamento de la denuncia que, tal como adelantó Página/12, presentó ayer el fiscal Guillermo Marijuán ante el juez federal Norberto Oyarbide para que se investigue a Bignone por “defraudar al Estado” y se suspenda en forma inmediata ese privilegio.

El último dictador del siglo XX en la Argentina recuperó la libertad en diciembre del año pasado después de seis años y medio con prisión domiciliaria. Será juzgado por apropiación de menores en una causa que instruye el juez federal Guillermo Montenegro y también está involucrado en la investigación por el Plan Cóndor, represión coordinada entre las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay y la Argentina.

Siete años después de dejar la Rosada y de intentar blanquear los crímenes del terrorismo de Estado mediante la denominada ley de autoamnistía –anulada por Raúl Alfonsín–, Bignone pidió la pensión como ex presidente. Se amparó en la ley 16.989, sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que preveía ese beneficio para presidentes y ex presidentes con un haber equivalente al de un ministro de la Corte Suprema. Durante el gobierno de Carlos Menem, en diciembre del ’90, se le otorgó la asignación especial, móvil, inembargable, que actualmente asciende a más de 15 mil pesos mensuales.

Una denuncia anónima puso en alerta a la Administración Nacional de Seguridad Social sobre la existencia de este jubilado de privilegio. El titular de la Anses, Sergio Massa, elevó el tema a Marijuán en su carácter de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufise), quien ayer le requirió a la Justicia que se suspenda en forma inmediata el pago a Bignone y se lo investigue. Extendió el pedido de investigación para los funcionarios que le otorgaron la pensión.

Marijuán rechazó el argumento del “derecho adquirido” como impedimento para revisar el caso: “Debemos hablar claramente de la comisión de un delito por parte del nombrado, ya que al no haber ostentado legítimamente el cargo de presidente de la Nación Argentina, no debe considerárselo como tal, y por ende debe hablarse de una percepción ilícita de la totalidad de haberes devengados en tal sentido desde su génesis hasta la fecha, lo cual representa un desmedro a las arcas del Estado Nacional”.

Teniendo en cuenta el origen ilegítimo del mandato de Bignone, el fiscal sostiene en su presentación que “nos encontraríamos ante la posible comisión del delito de defraudación contra la administración pública” y destaca que la vigencia desde 1990 de ese beneficio “nos sitúa frente a la comisión de un delito continuado en el tiempo que se perfecciona ante cada cobro indebido efectuado por Bignone”. Marijuán también citó como antecedente que a otro dictador, Leopoldo Fortunato Galtieri, se le negó la pensión que Bignone sigue cobrando.

“Para palpar la ilicitud de pago, tenemos a millones de argentinos que hacen sus aportes y respetan la Constitución y las leyes que, simplemente, reciben una jubilación mínima que les alcanza con esfuerzo a cubrir sus necesidades básicas. Entonces: ¿a quién debemos honrar?”, pregunta el fiscal. El juez Oyarbide tiene que responder.