“La mujer que nos dio la información lo vio a Astiz en un hall. Estaba de traje y corbata, no con pijama de internado. Y estaba hablando con otra gente. Después de ese hecho, esta señora empezó a preguntar a otros enfermeros y todos aseguraban que Astiz iba al hospital cada dos por tres. Uno de ellos le dijo: ‘usa esto como una oficina, el cuarto piso es de él’”, explicó a Página/12 Carlos Lordkipanidse, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

El organismo de derechos humanos, a través de la abogada Elea Peliche, pidió que el juez Sergio Torres, a cargo de la causa sobre los crímenes de la ESMA, investigue si hay alguna irregularidad en las frecuentes salidas de Astiz de su lugar de detención. Otro de los hechos que se menciona en el escrito es que no se vio en el lugar donde estaba Astiz a ningún integrante del Servicio Penitenciario Federal, supuestamente encargado de custodiar al represor.

Desde el juzgado de Torres señalaron que el juez investigará la denuncia, que le fue anticipada extraoficialmente el jueves, en una inspección ocular que realizó a la ESMA junto con sobrevivientes de ese centro clandestino de detención. “Astiz y todos los detenidos piden seguido salir al hospital. El no va todos los días, pero sí todas las semanas, tal vez más de una vez. Eso se hace con pedido de los médicos”, dijo uno de los investigadores del caso. El juez citará a la paciente del Hospital Naval que se encontró a Astiz y a su hijo, que están dispuestos a declarar.

“Nosotros enmarcamos esto en la desaparición de Jorge Julio López. (El ministro de Seguridad bonaerense León) Arslanian dijo que pensaban aislar a los represores detenidos para que no tengan reuniones. Astiz tiene reuniones, ya sea con gente de la patota o con quien sea que tenga estómago para reunirse con él, pero lo cierto es que tiene reuniones”, aseguró Lordkipanidse.

Según el informe que el vicejefe de la Armada, Benito Rótolo, le envió por escrito ayer a la ministra Nilda Garré, Astiz está detenido en la Base Naval de Zárate dentro de un “perímetro que está cercado y alambrado y asegurado por su sistema de guardias” y sale de allí “sólo por razones judiciales o médicas y siempre con autorización del juzgado”. La custodia del represor, señaló la Marina, está integrada por personal de la Armada. Rótolo aseguró que la última vez que Astiz fue al hospital fue el 10 de este mes y que la autorización fue concedida el 6.

Aunque en el informe no se indique, es sabido que Astiz fue operado de cáncer. Pero la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos quiere conocer cuál es su estado de salud actual para comprobar si las visitas de “El Angel Rubio” al hospital están justificadas. Para eso, solicitó que el director del establecimiento proporcione la historia clínica del represor. En diciembre del año pasado, la Cámara Federal resolvió que Astiz no podía seguir siendo custodiado por sus camaradas sino que esa función debía cumplirla el Servicio Penitenciario, ya que esto acercaba su situación a la de los detenidos comunes. La medida, que al parecer no fue instrumentada por el Juzgado de Primera Instancia, había sido reclamada por organismos de derechos humanos y abarcaba a otros represores presos en unidades de la Marina.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos reclamaron en varias oportunidades que los militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura no sean alojados en cuarteles o bases de las Fuerzas Armadas sino en cárceles comunes. La petición era reforzada en el caso de Astiz por el hecho de que fue echado de la Marina. La respuesta judicial –tanto de Torres como de la Cámara Federal–- siempre estuvo referida a que en las cárceles no se podía garantizar la seguridad de los represores, aunque hay varios de ellos –por ejemplo Miguel Etchecolatz– alojados en Marcos Paz.

“Exigimos al presidente de la Nación que, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, informe inmediatamente a los jueces que de ahora en más no permitirá que ningún genocida sea alojado en dependencias militares. Exigimos a los jueces que ordenen el inmediato traslado de todos los detenidos a establecimientos carcelarios”, señaló ayer a través de un comunicado, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.