Una de cal y una de arena en la polémica reforma del Consejo de la Magistratura. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, avaló ayer la ley que modificó la integración del organismo al reducirlo de 20 a 13 miembros, el paso previo para que la Corte Suprema se pronuncie acerca de la validez de la reforma. Pero, por otra parte, la jueza Carmen Argibay advirtió que, aunque dentro de diez días se concretará en los hechos la reforma del Consejo motorizada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el organismo podría recuperar su integración de 20 miembros si la Corte resuelve que la reestructuración es inconstitucional.

Argibay, integrante de la Corte, reconoció que es difícil que el tribunal se expida sobre esta reforma antes del 16 de noviembre, que es la fecha en la que el organismo comenzará a funcionar con 13 integrantes en virtud de las modificaciones impulsadas por el Gobierno. Y explicó que, una vez puesto en marcha el nuevo Consejo, “podría ser que volviera a la formación anterior”, si la Corte decreta la inconstitucionalidad de la ley 26.080 que alteró el equilibrio en la representación del Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, los abogados y los académicos.

Esta norma fue impugnada ante la Justicia por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA). La administración Kirchner, al responder la demanda, sostuvo que “ningún juez” está en condiciones de expedirse sobre el caso, porque no puede anticipar si la reforma será “disvaliosa para la República”. Por vía de apelaciones, el caso llegó a la Corte y ayer el procurador general, Esteban Righi, dictaminó en favor de la reforma, por lo que la demanda comenzará ahora a circular entre los ministros del máximo tribunal. La opinión de Righi no es vinculante, pero sienta una toma de posición respecto de la controversia técnica. De todos modos, los supremos no tendrían mayor apuro por tratar este tema, que tampoco aparece generando muchas coincidencias.

En su dictamen, Righi sostuvo que “es una facultad constitucionalmente asignada al legislador la de reglamentar el funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura y, en tal sentido, puede definir el número de comisiones que lo integrará, así como la composición y competencias de cada una de ellas”. También destacó que “las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse”, salvo que se advierta que una ley es manifiestamente opuesta a la Constitución Nacional, lo cual no ocurre en este caso. En definitiva, lo que el jefe de los fiscales argumentó es que no corresponde al Poder Judicial analizar el error o acierto, la conveniencia o el mérito de una decisión del Legislativo, que no es judiciable ni tampoco inconstitucional. Según su criterio, la Constitución dispone que el Poder Legislativo procure el equilibrio dentro del Consejo, sin hablar de un número concreto de miembros.