“El presidente Néstor Kirchner designó como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina al brigadier Normando Costantino, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de Personal de la misma.” El comunicado del Ministerio de Defensa sólo informó que “Costantino reemplaza al brigadier general Eduardo Schiaffino, quien pasa a situación de retiro”. A media tarde, la ministra Nilda Garré hizo público el cambio en la Casa Rosada en una rueda de prensa en la que no se permitieron preguntas. “A él creo que lo sorprendió pero en los corrillos de El Cóndor, hace rato que había un run run sobre su partida”, comentó a este diario un alto oficial que atribuyó el desplazamiento “a una cuestión de arrastre que reconoce su origen en su misma designación, era un mal gerente”. Costantino asumirá esta semana –probablemente mañana– y se convertirá en el tercer jefe aeronaútico del gobierno de kirchner, una fuerza sacudida en las últimas semanas por las irregularidades en el control del espacio aerocomercial denunciadas por la película Fuerza Aérea Sociedad Anónima, de Enrique Piñeiro, que derivaron en una causa judicial y en sumarios internos.

El desplazamiento de Schiaffino sonaba desde principios de septiembre. En ese momento estalló el escándalo por la falta de control del espacio aerocomercial y el Poder Ejecutivo recordó que ya era una decisión tomada la desmilitarización de esa tarea, es decir el traspaso a manos civiles de la supervisión del transporte aéreo. Una decisión estratégica en la que se había empezado a trabajar durante el ministerio de José Pampuro, pero que quedó postergada tras el escándalo de las narcovalijas de Southern Winds (SW).

Pero, la muestra de la falta de reflejos para ponderar la gravedad del cuadro lo dio otro hecho: Schiaffino convocó a una reunión de altos mandos para evaluar el proyecto de construcción de una vivienda oficial para el jefe de Estado Mayor de la fuerza en El Calafate. A todas luces, una iniciativa “relevante” para estrechar lazos con Kirchner en sus días de descanso.

Schiaffino había llegado a la cúpula de la Fuerza Aérea en forma inesperada. El relevo de su antecesor Carlos Rohde se había producido en medio de la polémica desatada tras el contrabando de 50 kilos de cocaína a España en un vuelo de la entonces línea aérea SW en el que estuvo involucrado el hijo del comodoro Walter Beltrame, responsable del control áereo en Ezeiza. El episodio provocó el desmantelamiento de la Policía Aeronáutica Militar (PAM) y su reemplazo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo la tutela del Ministerio del Interior. En el camino quedó la flor y nata de la Aeronaútica y Schiaffino, quien conocía a los kirchneristas por su paso como jefe de Operaciones Aéreas de la Patagonia, fue ascendido dos grados en una semana para cubrir los requisitos. También pasarán a retiro el subjefe de la fuerza Eduardo Bianco y el titular del Comando de Regiones Aéreas (CRA), Carlos Matiak.

Si la creación de la PSA significó para la Fuerza Aérea la pérdida de unos 1000 efectivos, el pase a manos civiles del CRA, que regula y fiscaliza la aviación civil, implicará que entre 5000 y 6000 militares –casi un tercio de esa fuerza– dejará esa dependencia. La decisión tomada es que el control aerocomercial pase a la órbita del Ministerio de Planificación. De ese complejo proceso se está ocupando el brigadier mayor Horacio Orefice, titular de la Organización Regional del Sistema Nacional de Aeropuerto (Orsna), un hombre que reporta al ministro Julio De Vido. El ex diputado socialista e integrante de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) Ariel Basteiro señaló que “esperamos que el relevo de Schiaffino permita acelerar el proceso de desmilitarización del control aéreo que se anunció hace tres meses pero que no avanza. Esperamos que se designe a funcionarios que garanticen transparencia, cosa que no han tenido los brigadieres en estos años”.

Costantino parece gozar de más respeto entre los oficiales. Fue piloto de combate en la guerra de Malvinas, dos veces condecorado y probablemente mañana se hará cargo de una fuerza que viene más que vapuleada. Una fuerza que, además, tendrá participación en uno de los proyectos más postergados del Gobierno: el llamado a licitación para el plan de radarización.