El Gobierno presentará hoy en la Casa Rosada el proyecto de Ley de Educación nacional que aspira a reemplazar a la Ley Federal, promulgada durante el menemismo. El acto se propone mostrar el consenso alcanzado. “Sólo faltará el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero”, aseguraban ayer y, como ejemplo de que no será un solo del oficialismo, completaban con que “van a estar Claudio Lozano, Carlos Heller, Rubén Giustiniani, los cuatro sindicatos docentes y hasta diputados de PRO”. Al retorno de la primaria y la secundaria, a la extensión de la obligatoriedad de diez a trece años y al reemplazo de los profesores “taxis”, anticipados en el borrador, se les agregaron en los últimos días la obligación del Estado de garantizar vacantes para todos los chicos de 4 años y la decisión de que las escuelas primarias tendrán jornada extendida o completa. El ministro de Educación, Daniel Filmus, dijo a Página/12 que “como con la ley 1420 (que a fines del siglo XIX estableció la enseñanza gratuita, laica y obligatoria), el impacto no será en un año o en dos, por lo menos se necesitará una década para que se universalice” y confió en que los cambios llegarán al aula porque “se trabajó con los docentes y ninguna reforma es posible en contra de ellos”.

–¿Cuáles son los cambios centrales del proyecto final con el que llegará el proyecto al Congreso?

–Lo más importante es la obligatoriedad de la sala de 4 años para la oferta del Estado: es decir que se deben ofrecer tantas vacantes como demanda haya. La primaria va a ser de jornada extendida o completa en un proceso. La obligatoriedad de la escuela media tiene cláusulas transitorias, que determinarán el período de transición. El Consejo Federal de ministros fijará los tiempos. Un tercer punto que se profundiza es el cambio institucional de la escuela media: el modelo tiene que incorporar profesores de tiempo completo, coordinadores de cursos, tutores, gabinete pedagógicos, los temas vocacionales en los últimos años ubicando los aprendizajes más cerca de la educación de los chicos, una vinculación más importante con el mundo fuera de la escuela con la incorporación de pasantías pedagógicas. En el terreno de los principios: habíamos puesto el Mercosur, la reivindicación de la soberanía en las islas Malvinas y el golpe del 24 de marzo, ahora se amplió a todos los procesos que interrumpieron el orden constitucional. Además será obligatorio enseñar los Derechos del Niño y la ley 26.061. Se profundizó la educación rural, de adultos y hay una mayor presencia de educación física y artística.

–La ley de Financiamiento Educativo, sancionada el año pasado, que prevé llegar al 2010 con el 6 por ciento del PBI para educación, no tenía en cuenta la extensión general de la jornada completa ni las vacantes para nenes de 4 años. ¿Cómo se va a sostener esa inversión?

–Sí, para jornada completa o extendida había fijado cubrir el 30 por ciento de la matrícula al 2010, ese porcentaje alcanza al sector más pobre de la población. El cambio va en esa línea.

–Pero cómo se va a financiar teniendo en cuenta la cantidad de docentes y de aulas que se necesitarán...

–Terminado el plan de construcción de 700 escuelas, impulsaremos llegar a 1000 para ampliar la educación inicial, la jornada completa o la extendida. Cada jurisdiccion definirá el modelo curricular. Pensamos en la jornada extendida para pasar de cuatro horas a seis de clase. En ese tiempo se profundizará la enseñanza de otra lengua, de tecnología. A este nivel de crecimiento del PBI, sostenido durante varios años, y a la continuidad del 6 por ciento de ese PBI destinado a la educación, va a ser posible. Hoy en día Chile está llegando al 80 por ciento de sus escuelas con jornada completa en un proceso continuado que empezó hace diez años.

–¿Hay suficientes docentes para abastecer esa oferta?

–Será necesaria más inversión en salario docente. En el caso de la primaria hay docentes suficientes, los cuellos de botella se pueden producir en inicial y en media. En la formación, también es fundamental que pasaremos de tres a cuatro años de estudio y se incluirá, como en el caso de los médicos, la figura del residente antes de recibirse como parte del plan de estudio. También se dividirá la carrera docente entre aquellos que quieran continuar dentro del aula y los que aspiren a los cargos de conducción. Se creará el Instituto de Formación Docente.

–En los países desarrollados es una tendencia la extensión de la obligatoriedad, pero ¿cómo se atacará la deserción y el desgranamiento, es decir los chicos que entran y salen del sistema?

–Se fortaleció el capítulo en el que se promueve la igualdad educativa, antes se hablaba de políticas compensatorias. Por eso ahora habrá ocho modalidades para que se puedan atender las distintas necesidades: rural, educación especial, situación de encierro, eduación a distancia... para desarrollar estrategias específicas. La promoción de la igualdad supone una atención integral para que los chicos se mantengan dentro del sistema, el desarrollo de instancias puentes para recuperarlos: no se puede esperar a que cumplan 18 años para que sigan en Adultos o que regresen a un aula con diferencias de edad muy pronunciadas. Hay que promover escuelas de reingreso mientras se recuperan en el sistema educativo.

–¿Por qué se da un plazo de seis años para ordenar la estructura educativa en una primaria de siete y una secundaria de 5 o en dos niveles de 6 y 6.

–Es el tiempo que se va a tardar en cumplir efectivamente la obligatoriedad de la escuela media. Es distinta la discusión del séptimo grado cuando hay diez años de educación obligatoria que el séptimo cuando tenés 13 años con los chicos dentro del sistema. Cada provincia tendrá que avanzar hacia una sola estructura, es un esfuerzo muy grande. No queremos que el esfuerzo esté puesto sólo en la edificación.

–La Conferencia Episcopal acaba de pedir una distribución “más equitativa” de los subsidios y que “la nueva ley de Educación debe permitir que los alumnos crean en Dios”. ¿Usted qué opina?

–El proyecto es claro sobre el financiamiento: no creemos que haya que financiar toda la educación privada sino la que atiende a los sectores más carenciados y no a los que atienden a la elite. El Estado va a apoyar el pago del salario docente pero no es una cuestión indiscriminada en la que se favorece a los que más tienen. Es un criterio de justicia social. La función del Estado es sostener la gestión estatal, que tuvo menos recursos durante mucho tiempo. Con respecto al tema de la religión, creemos que la formulación de que la formación tiene que ser integral es suficiente para plantear los conocimientos y valores que tiene que tener la escuela.

–¿Qué cambiará en la escuela a partir de la sanción de la nueva ley?

–Como todo proceso de transformación educativa, los cambios son de introducción lenta, pero como se hicieron de la mano de lo que piensan los docentes hay posibilidades de que empiecen en el aula. Es muy difícil hacer reformas en contra, ésta se hizo con los docentes. Es más probable que vayan ingresando en las aulas y para concretarla tendrá mucha responsabilidad el Estado nacional y las provincias.

–Cuando asumió no había planteado como prioridad cambiar la Ley Federal de educación. ¿Por qué cambió de idea?

–Entramos en una situación de emergencia. Fuimos a Entre Ríos a resolver la huelga porque los maestros no cobraban. En ese momento parecía imposible fijar estrategias de mediano alcance. Las primeras leyes tuvieron que ver con garantizar 180 días de clases, comprometer el pago en término de los sueldos, aumentar el incentivo salarial docente, todo en una primera etapa; luego fijamos parámetros nacionales en los contenidos con los Núcelos de Aprendizaje Prioritarias (NAP), lanzamos el Plan de Alfabetización, las evaluaciones equivalentes en todo el país y promovimos la Ley de Educación técnica. El año pasado, cuando lanzamos la Ley de Financiamiento Educativo, el Presidente anunció el debate de fondo para la Ley Nacional. Ahora tenemos los recursos y el nivel de legitimidad de la ley con un consenso social muy fuerte. Somos optimistas en que salga y no sea la ley de un Gobierno sino de un Estado. Cosas que no pensábamos, ahora están ahí, producto del debate.

–¿No teme que pase lo mismo que con la Ley Federal?

–En parte depende de la grandeza del debate, están los cuatro sindicatos docentes nacionales y la gran mayoría de los provinciales apoyando la transformación. Uno de los problemas de la Ley Federal fue no cumplir con el financiamiento. En cambio, ahora el presupuesto de la Nación ya estará por segunda vez por encima del 5 por ciento del PBI, esto reflejan que se cumple con lo que plantea la ley.

–Pero usted no estaba tan en contra de la Ley Federal de Educación...

–No estuve de acuerdo con el cambio de estructura y con la forma de aplicación de cualquier manera que hizo que se enfatizara el tema de la infraestructura y después, además, no se garantizaron los recursos.