“No nos extraña ni nos asusta sesionar en minoría porque así fue la larga lucha que culminó en la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final”, dijo ayer la diputada del ARI Marcela Rodríguez, entre la resignación y la esperanza, ante el fracaso de la sesión especial para tratar el proyecto de nulidad de los indultos a los altos jefes de la represión militar. “Esta semana se cumplen dos meses de la desaparición de Jorge Julio López, lo cual nos lleva a la conclusión de que la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos implica que hay aparatos de represión que están intactos”, completó la legisladora. Acudieron al fallido debate 13 diputados radicales, con su presidente de bloque Fernando Chironi, hubo asistencia perfecta del ARI, con su líder Elisa Carrió, la socialista Laura Sesma y el diputado Carlos Tinnirello (Redes).

Pasada la media hora reglamentaria, el diputado Juan Urtubey declaró fracasada la sesión, ante la ausencia de la bancada oficialista y la consecuente falta de quórum. Rodríguez abrió la sesión en minoría y recordó que aquella batalla por la nulidad de las leyes de impunidad había tenido como protagonista a la ex diputada Patricia Walsh –una de las autoras del actual proyecto sobre los indultos–, que seguía el discurso desde el palco bandeja. Hizo una breve síntesis de la iniciativa, que retoma el dictamen emitido el año pasado en base a los proyectos de Walsh, Gerardo Conte Grand, Margarita Stolbizer y Araceli Méndez de Ferreyra, producto del consenso general, a excepción de la derecha.

Con los tres decretos de indulto de 1990 que firmó el ex presidente Carlos Menem fueron beneficiados 46 represores de alto rango, 38 con los dos primeros y 8 con el último en el cual aparecen los condenados durante el Juicio a las Juntas. El proyecto establece que los delitos de lesa humanidad “no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”. Es decir que ya no se pretende regular la facultad presidencial de indultar, sino utilizar la competencia que tiene el Congreso sobre los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. En el primer artículo los legisladores aclararon que los indultos serán nulos “aunque hayan sido dictados con fecha anterior a la promulgación de esta ley”. El segundo artículo apunta a dejar en manos de la Justicia la última palabra, para preservar la separación de poderes.

“No se explica por qué los diputados kirchneristas que antes firmaron aquel dictamen estén hoy ausentes, pero demuestra que no hay un compromiso con los verdaderos actos que evitarían que los genocidas sigan sueltos”, reclamó Rodríguez. En tal sentido, un influyente operador del oficialismo en Diputados expresó a Página/12 que cualquier iniciativa sería cuestionada porque “no se puede legislar contra decisiones constitucionales” como los indultos. En cambio, un poderoso diputado oficialista dijo: “Hay voluntad de hacerlo, pero primero debe expedirse la Justicia” (el tema está en la Corte). Este diario consultó a otro diputado K si acaso no pesaba el temor a una reacción de la derecha que reclamaría la nulidad de los indultos a los jefes guerrilleros. “No creo, el problema es la mala costumbre del bloque de actuar sólo con instrucciones de arriba”, confesó. El diputado Tinnirello opinó que “la ausencia del bloque mayoritario envalentona a los sectores represivos y grupos de tareas a que sigan actuando en las sombras”, en alusión a la desaparición de Julio López.