El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ordenó al ejército que custodiara la planta de Botnia en Fray Bentos. La papelera, que sigue su construcción a todo ritmo, ya tiene vigilancia policial, de la Armada y de la Prefectura, a la que ahora se sumarán los militares con torretas o casetas a lo largo de todo el perímetro, en un gesto directamente vinculado con la protesta que los vecinos de Gualeguaychú mantienen sobre la ruta 136, a pocos kilómetros de la cabecera del puente internacional. El prosecretario de la presidencia y hermano de Tabaré, Jorge Vázquez, dijo que buscan prevenir así que ocurran episodios de violencia: “Cuando uno toma medidas de seguridad no puede esperar a que pase algo. Hay que tomarlas antes”. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa fue incluso más allá: “Algunos representantes de la asamblea de Gualeguaychú han dicho que puede aparecer un Bin Laden. Queremos garantizar el desarrollo de las inversiones en Uruguay”.

La noticia de la militarización de la planta M’Bopicuá fue recibida en Gualeguaychú entre el estupor y la amargura. “Somos un mal ejemplo para el mundo; nos metimos contra el orden económico y nos van a hacer mierda”, dijo al enterarse de la novedad el coordinador de la asamblea ambientalista, Gustavo Rivollier.

Minutos antes, el hermano de Tabaré había hablado de la posibilidad de que los asambleístas cruzaran el río para llevar la protesta a Botnia: “Si lo llegan hacer, nosotros tenemos que tomar nuestras medidas”, señaló el prosecretario. Vázquez abrió el paraguas ante las previsibles quejas del gobierno argentino: “Cualquier medida de seguridad que se tome desde el punto de vista interno del país es un problema del país, no un problema internacional”.

Página/12 publicó, el domingo, un panorama del caldeado clima social que se vive en la ciudad entrerriana, donde la gente observa cómo las obras de la papelera siguen avanzando sin que las gestiones ante el Banco Mundial ni la demanda ante La Haya ni la protesta sobre la ruta logren frenarla. En la actualidad, en el predio de Botnia trabajan cuatro mil obreros. En el corte de ruta de Gualeguaychú la idea de cruzar el puente circula de boca en boca.

Un vocero del gobierno uruguayo consultado por este diario señaló que la orden de intervención fue dada el jueves pasado por Tabaré Vázquez al comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Rosales, durante la primera reunión de trabajo que mantuvo con el nuevo jefe militar.

Ayer, los funcionarios uruguayos que comentaron la orden buscaron suavizarla, interpretándola como de una cosa de rutina, pero la verdad es que el país no tiene antecedentes de un despliegue del ejército de este tipo en democracia.

El caso parece calcado, en cambio, de lo que resolvió dos meses atrás en Chile el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, quien puso a la Armada a “proteger” la papelera Celco, en Valdivia. El resultado fue que en una protesta en defensa del medio ambiente (la papelera ya está en funcionamiento y ha causado un desastre ecológico en el humedal del Río Cruces) hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los marinos y la población que se resiste a que la papelera vierta los desechos industriales en su zona.

El eje del mal

En defensa del operativo, Uruguay argumentó que el ejército es la fuerza que posee la cantidad de efectivos necesarios para la tarea y que, de hecho, ya hace una custodia perimetral en varias prisiones. “Se dispuso el apoyo con torretas de vigilancia del ejército de la misma manera que la fuerza presta custodia perimetral de algunas cárceles. Es sólo una colaboración con la policía”, dijo a Página/12 el viceministro del Interior, Juan Faropa.

El despliegue militar es parte de un proceso iniciado en octubre, cuando Tabaré dispuso que la Armada se hiciera cargo de la seguridad del puerto de Botnia. Al mismo tiempo, encargó a la Prefectura proteger las aguas de una “eventual amenaza exterior”, ante la posibilidad de que hubiera protestas en el río. Es que habían comenzado a llegar al puerto buques con materiales para la construcción de la pastera, que los vecinos de Gualeguaychú fotografiaron y luego hicieron circular por cadenas de mail.

La Cancillería argentina hizo conocer su malestar por la medida uruguaya por boca del vicecanciller Roberto García Moritán. “En las actuales circunstancias no parece ser una buena señal involucrar a las fuerzas armadas en una tarea de carácter policial, que puede ser mal interpretada por la opinión pública y causar una alarma innecesaria”, declaró el funcionario.

Varios vecinos de Fray Bentos consultados por este diario sostuvieron que todavía no vieron llegar a la ciudad los efectivos del ejército. Para ellos, si la orden fue dada hace casi una semana pero todavía no se puso en práctica, que la noticia haya sido dada a conocer ayer –justo cuando la administración de Tabaré presentó la denuncia por los cortes de ruta ante la Corte de La Haya– la movida viene con olor a marketing. “Algo así como decirnos ‘los argentinos son capaces de invadirnos’”, tradujo una vecina de Fray Bentos, integrante del pequeño grupo local que rechaza a las papeleras y que, por cuestiones de tranquilidad personal, pidió no ser identificada.

La vecina hablaba de pura intuición. No sabía que el vicepresidente Nin Novoa había blanqueado ese argumento: “Estamos tratando de garantizar las inversiones que se realizan en el Uruguay en un marco complejo que hay con algunos ciudadanos de la República Argentina”, había sostenido en Montevideo al asegurar que existe preocupación oficial porque podría “aparecer algún Bin Laden”. En la película de Nin Novoa, los vecinos de Gualeguaychú acaban de ser convertidos en los nuevos protagonistas del eje del mal, pero en versión latinoamericana.