La sustitución de la hipotética candidatura del actual mandatario bonaerense Felipe Solá por la también hipotética pero más concreta del vicepresidente Daniel Scioli refleja una insuficiente construcción política en condiciones de desplazar en la provincia de Buenos Aires al rancio esquema de loteo bipartidista PJ-UCR. Ni el kirchnerismo ni las fuerzas que intentan ubicarse a su izquierda han desarrollado alternativas viables a los políticos todo terreno como Solá y Scioli, probados en los pedregosos caminos del menemismo y el duhaldismo. Ambos tienen en común su incondicionalidad al liderazgo de turno, que les fue inculcada a fuerza de rapapolvos. Estas relaciones, basadas en el desprecio de una parte y la codicia de la otra, no parecen las mejores para lidiar con la provincia más poblada e inequitativa del país y mucho menos para renovar los hábitos politicos. Lo viejo ha sido sepultado pero lo nuevo no ha madurado para reemplazarlo.

El resultado electoral de octubre de 2005 fue contundente en términos numéricos, indicador de la apetencia de cambio en la sociedad bonaerense. CFK triplicó los votos de Hilda González de Duhalde, pero esa victoria no fue seguida por una implantación equivalente de fuerzas propias en el territorio. En parte por limitaciones objetivas de quienes adhieren a las propuestas del gobierno nacional, en parte por apuestas institucionales a la gobernabilidad que implicaron abrir las puertas para el retorno de los derrotados. El ejemplo más ostensible es el diputado nacional José María Díaz Bancalari, de San Nicolás, donde el Frente para la Victoria superó por la segunda mayor diferencia en toda la provincia al Partido Justicialista. Sin embargo, el legislador preside uno de los dos bloques que votan sin discutir los proyectos del Poder Ejecutivo. Al explicar ese reciclaje, un funcionario decisivo del gobierno nacional explicó que Díaz Bancalari y los suyos volvían “en medias y calzoncillos y con las manos en la nuca”. Da incomodidad de sólo imaginarlo.

Otro ejemplo es la proximidad de los gobiernos provincial y nacional con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuyo partido ha sido uno de los más visitados por Solá y Kirchner. La detención de uno de sus colaboradores próximos, por su presunta participación en el secuestro extorsivo de un empresario local, es un toque de atención para el equipo patagónico, que puso el pie en el conurbano bonaerense con cierta ingenuidad y sin demasiada conciencia acerca de la fauna con la que debe vérselas.

Tres restricciones

Este tipo de transacciones son inevitables dada la debilidad organizativa en que el kirchnerismo llegó al gobierno, situación mejorada el año pasado pero todavía de ninguna manera adecuada a la magnitud de los cambios políticos, ideológicos, económicos e institucionales que implicó la elección de Néstor Kirchner. La emergencia de Scioli es una constatación palpable de esas limitaciones, pero al mismo tiempo una peligrosa renuncia a modificarlas. Los procesos de transformación no sólo son largos. Tampoco hay garantías acerca de su resultado, que no es independiente de las decisiones que se tomen cada día. La postulación del propio Kirchner para un segundo mandato presidencial, que la Constitución habilita, y la de CFK para la gobernación de Buenos Aires conformarían una apuesta más fuerte y, sobre todo, en la línea de la profundización de los cambios.

Las explicaciones oficiales para el impulso dado a Scioli son de un pragmatismo tan difícil de objetar como de aceptar dado que, con el 40 por ciento del padrón nacional, la provincia de Buenos Aires es decisiva para el resultado de las elecciones presidenciales. Las negociaciones para la unificación opositora, con el ex ministro Roberto Lavagna como candidato presidencial, Maurizio Macri de postulante a la gobernación bonaerense y Juan Blumberg en la lista de diputados plantearon un escenario nuevo. Según el relato oficial los comicios provinciales de 2007 imponen tres restricciones que el gobierno no puede y/o no desea eludir:

1 Esta vez no contará con la candidatura provincial de Cristina Fernández de Kirchner, quien con alta probabilidad encabezará la fórmula presidencial junto con el gobernador radical de Mendoza Julio Cobos.

2 El kirchnerismo no quiere depender del Partido Justicialista bonaerense, al que se representa como un terreno minado por las termitas sobre el que resulta muy peligroso poner el pie.

3 El candidato a vencer en Buenos Aires es el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri.

Ninguno de los candidatos kirchneristas autoproclamados en la provincia garantizaba el objetivo. El que quedaba a menor distancia de Macri en las mediciones encargadas por el gobierno, era el ministro del Interior Aníbal Fernández. Pero del medio centenar de nombres que Kirchner hizo medir, todos eran derrotados por el ex vicepresidente ejecutivo de SOCMA y la diferencia se ampliaba si como vice lo acompañaba Blumberg. En esa simulación sociológica sólo CFK y Scioli sacaban ventaja sobre el hombre de Manliba. La irónica reacción de Macri señala que acusó el impacto. La candidatura de Scioli desconcertó a la oposición, donde se agudizaron los conflictos entre sus integrantes, que no logran convivir en forma armónica bajo el mismo techo. Pero también golpeó a las fuerzas propias, que sienten la candidatura de Scioli como una broma de mal gusto. Batir al adversario al precio de parecérsele no es algo que pueda celebrarse como una verdadera victoria. En el mismo sentido, Kirchner pronunció un discurso blumbergiano, en el que dijo que el único garantismo aceptable era que quienes violaron la ley fueran a la cárcel. Aceptar la competencia con la derecha en esa terreno es la misma táctica que siguió Solá en 2003 para enfrentar la candidatura de Patti. Puede servir para ganar una elección, pero posterga la reforma imprescindible de la justicia, para no reproducir la falsa antinomia entre impunidad o violación de derechos fundamentales.

La solicitada con la que Lavagna dio a conocer sus propuestas de gobierno puso en evidencia un intríngulis que al ex ministro le resulta difícil superar, tal como le ocurrió en 1999 a Eduardo Duhalde, cuando se postuló para suceder a Carlos Menem. Quienes estaban conformes con el gobierno no veían con simpatía la diferenciación que Duhalde intentaba de su viejo compañero de fórmula y proyecto. Pero esa toma de distancia no parecía suficiente a aquellos que deseaban acabar con la experiencia menemista. Por eso resultó electo el parco abogado cordobés Fernando de la Rúa junto con su charlatán compañero frepasista Carlos Alvarez. Como se encarga de destacar el ex ministro de ese gobierno Ricardo López Murphy, Lavagna ofrece un kirchnerismo sin Kirchner.

Cantidad y calidad

Al argumentar las presuntas ventajas del flamante candidato, el gobierno sostiene que Scioli “está entregado”, otra metáfora castrense como la que describía la capitulación del duhaldismo luego de la derrota de 2005. Sin estructuras propias en la provincia, Scioli acepta que la vicegobernación y las listas de legisladores provinciales y municipales sean confeccionadas por el kirchnerismo. Con esas nóminas, el gobierno se propone entibiar el balde de agua helada que acaba de arrojar sobre quienes se proponían construir una alternativa del centro hacia la izquierda. La vicegobernación estaría reservada para alguien que exprese al 15 por ciento de la población bonaerense que el gobierno considera progresista. Con el asesoramiento del ex cavallista y relacionador público de Aeropuertos 2000, Guillermo Franco, Scioli se pone en manos de Kirchner. Como alguna vez le ocurrió a Carlos Grosso con Carlos Menem sabe que no tiene otra alternativa. Esa no es la peor noticia de esta historia, que no está cerrada.

En este esquema, a partir de 2008 Kirchner se reserva el rol de constructor de un nuevo espacio de centroizquierda. Cree que esto no sería posible desde la presidencia, cuyas tareas absorben toda la energía y el tiempo disponibles y además obligan a ciertos acuerdos de gobernabilidad. El apoyo en cada distrito a los candidatos que obtienen mejores porcentajes en las encuestas sigue una lógica cuantitativa indiscutible. Pero la suma de decisiones cuantitativas de este tipo puede producir un salto de calidad hacia atrás, de modo que resulte borroso en qué proyecto nacional se encuadra cada una de esas candidaturas derivadas de situaciones locales. El ejemplo de Scioli en Buenos Aires sólo viene a sumarse al de Carlos Rovira en Misiones. La transferencia de Scioli a Buenos Aires ha despejado el terreno para el lanzamiento como candidato en la Capital del ministro de Educación Daniel Filmus, uno de los preferidos de Kirchner. En la Ciudad Autónoma el porcentaje de progresismo que estima el gobierno supera al de la provincia.

Campos enfrentados

La aversión que Kirchner ha provocado en sectores de la sociedad con alta capacidad de presión no es desdeñable. El paro agropecuario que se inicia hoy es un indicio estridente. Su contenido político e ideológico es indisimulable. Producto por producto, la rentabilidad del sector ha sido este año mayor que nunca. Con el aumento en el precio externo de la carne, los productores obtienen los mismos ingresos con un tercio menos de ventas, pero pretenden apropiarse de todo el excedente y consideran confiscatoria cualquier medida que tienda a atenuar el impacto sobre la mesa popular. Se reproduce así un conflicto clásico del primer peronismo, propio de las características estructurales de la economía argentina, que exporta los mismos alimentos que consume la población. La reacción recorre toda la escala social agropecuaria, desde la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, que no aceptan el intervencionismo estatal y la persistencia de las retenciones a las ventas externas, hasta la Federación Agraria, que con su propio pliego de condiciones termina acompañando la movida de los sectores más concentrados. El gobierno reconoce que sólo una parte de la baja en el precio del kilo vivo se trasladó a los precios minoristas y que los frigoríficos exportadores incrementaron sus ganancias, por lo cual estaba estudiando medidas sobre los distintos eslabones de la cadena productiva que revirtieran esa apropiación desigual. Antes de que se anunciara el paro, el gobierno también preparaba un proyecto de ley que atenuara el impacto de las alzas en los precios internacionales de otros bienes-salario sobre los precios internos. El cierre de las exportaciones de trigo de Ucrania y Australia y la reducción de las de Estados Unidos, produjo un salto del precio de 115 a 180 dólares por tonelada. Para impedir su traslado al precio del pan en los mostradores, el ministerio de Economía concibió un mecanismo de compensación que también se aplicaría a otras materias primas, como el maíz y la soja. Consistiría en una retención de aplicación específica, con la cual se subsidiaría a los productores y proveedores internos. Cuando el precio internacional bajara, esa retención disminuiría en la misma proporción, hasta desaparecer. Es un consuelo menor que se trate de conflictos del crecimiento. Las delegaciones empresariales que acompañan al canciller Jorge Taiana en sus viajes por el mundo regresan con una inquietud nueva: la demanda de bienes argentinos supera la capacidad de la oferta.

Los dos modelos

La lectura de las relaciones de fuerza es necesaria para no dar pasos en falso desestabilizadores, pero una actitud pasiva ante ellas sólo puede reproducir lo existente. A partir del tiroteo del 17 de octubre en San Vicente el gobierno puso en discusión su alianza con el secretario general de la CGT Hugo Moyano. Por un lado eludió sumarse a la ofensiva de los sectores internos del sindicalismo patronal que intentaron capitalizar la mediática aparición de la Madonna Quiroz y forzar el desembarco de Moyano. Pero también se propuso reconocer la personería gremial de la CTA, en la que Hugo Yasky reemplazó esta semana a Víctor De Gennaro, quien comenzará a recorrer el país con el propósito de organizar un nuevo movimiento político, social y cultural que no contempla una proyección electoral en 2007. Sin embargo, este impulso parece haberse detenido. El ministro de trabajo Carlos Tomada recibió una contraorden: el otorgamiento de la personería a la central sindical alternativa debería esperar hasta que se cierren las negociaciones salariales para 2007 o, tal vez, hasta que pasen las elecciones presidenciales. El gobierno ha constatado una división de todos contra todos en la CGT. Frente a ello, teme que la concesión de la personería a la CTA sea el motivo de una recomposición interna que endurezca posiciones. Pero con los mismos elementos de la realidad también podría concluirse que el momento es el más apropiado para tomar la decisión porque la capacidad de resistencia de la CGT está debilitada por la división.

La falta de personería gremial tiene consecuencias no desdeñables. El 9 de noviembre el delegado de SMATA en la automotriz Ford, Guillermo Carrera, fue electo secretario gremial de la CTA de Tigre. Una semana después fue despedido. Carrera trabaja en Ford desde hace 13 años y entre 1997 y 2004 fue delegado gremial de SMATA. Desde entonces por decisión de Ford consentida por SMATA no volvieron a realizarse elecciones. El mandato de los delegados fue prorrogado, pero sus fueros no. Uno de los conflictos en los que participó Correa fue por el encuadramiento que correspondía a los trabajadores de limpieza que Ford contrató a través de una tercera empresa. Según el convenio colectivo que los encuadrara, habría una diferencia salarial del 50 por ciento. La movilización gremial culminó con un compromiso de incorporación de todos los trabajadores de limpieza al mejor convenio. Pero la empresa sólo lo aplicó a los hombres. El 16 de noviembre la Confederación Nacional de Metalúrgicos del Brasil denunció esa discriminación de la multinacional contra las mujeres argentinas, en un comunicado en el que mencionó a Correa como su fuente de información. Al día siguiente Ford lo despidió. Mañana habrá una audiencia en el ministerio de Trabajo en la que Ford deberá responder al reclamo de reincorporación respaldado por la CTA, que denuncia la discriminación antisindical y de género.

Elegir a Scioli como candidato y negar la personería a la CTA son dos formas paralelas de descreimiento en la movilización popular como fuente de transformación de las relaciones de fuerza. En Córdoba alguien tan impensado como el intendente Luis Juez señaló en la dirección contraria. El vicegobernador Juan Schiaretti acordó una transferencia del paquete mayoritario de acciones en la empresa local de agua y saneamiento, de la franco-española Suez al grupo cordobés Roggio, sin convocar a una nueva licitación. Al mismo tiempo y de acuerdo con el modelo invariable que han aplicado desde Roberto Dromi hasta Domingo Cavallo y Julio De Vido, renunció al canon que el operador debía pagar y a cambio le otorgó un subsidio, como forma de impedir un aumento de tarifas. Juez prometió que si resulta electo gobernador anulará el convenio (por el cual los trabajadores de obras sanitarias y la abogada del SERPAJ María Elba Martínez han iniciado una acción penal) y anunció la convocatoria a un plebiscito acerca de esa escandalosa renegociación. Si el gobierno nacional identificara temas dignos de ser sometidos a la consulta popular, tal vez las relaciones de fuerza dejaran de ser una maldición contra la que no es posible rebelarse.