Jue 07.12.2006

EL PAíS

Controversia con EE.UU. por la Triple Frontera

El secretario adjunto del Tesoro denunció a nueve personas y dos entidades como financistas de Hezbolá. Pero la Argentina, Brasil y Paraguay aseguraron que no había nuevas pruebas.

› Por Raúl Kollmann

Estados Unidos reflotó ayer una permanente polémica que desarrolla alrededor de la Triple Frontera. El secretario adjunto del Tesoro norteamericano, Patrick O’Brien, anunció en una videoconferencia que su país logró identificar a nueve personas y dos entidades a las que se acusa de proporcionar apoyo financiero y logístico a la organización libanesa Hezbolá. Incluso, O’Brien habló de una cifra poco creíble: “miles de millones de dólares”. La Argentina, Brasil y Paraguay replicaron de inmediato los dichos del funcionario norteamericano. “La información presentada por Estados Unidos no aporta nuevos elementos que pudieran permitir afirmar la existencia de actividades terroristas en la región, incluyendo el financiamiento del terrorismo”, se indicó en un comunicado consensuado entre los tres países. Curiosamente, el texto lleva también la firma de un delegado norteamericano, puesto que surgió de un encuentro realizado en Buenos Aires del denominado Grupo 3+1.

El Grupo 3+1 integra a la Argentina, Brasil y Paraguay, más Estados Unidos, y consiste en reuniones periódicas para monitorear la situación en la Triple Frontera. Al margen de ese encuentro y desde Washington, O’Brien sostuvo que Muhammad Abadía, Hamzi Barakat, Muhammad Barakat, Muhammad Chamas, Sale Fayad, Sobhi Fayad, Alí Kazan, Farouk Omairi y las empresas Casa Hamze –de venta de artículos electrónicos– y Galería Page –un paseo de compras– sirven a la recolección de fondos para Hezbolá en Ciudad del Este, Paraguay.

“Podemos asegurar que fueron miles de millones de dólares el dinero movido por esta red. Pedimos que Argentina, Brasil y Paraguay le den cuidadosa consideración a esta información y dentro de las facultades que les compete hagan todo lo que esté a su alcance para atacar la amenaza del financiamiento del terrorismo con todas las medidas legales que puedan adoptar.”

En verdad, la familia Barakat nunca ocultó su adhesión a Hezbolá, que –sostienen– es un partido legal en el Líbano, tiene representación parlamentaria y hasta ha contado con ministros en el gobierno libanés. Por lo tanto, siempre sostuvieron que recaudar fondos para Hezbolá no es una actividad ilegal. Uno de los Barakat, Assad, dueño de la Galería Page, está prófugo, pero por cargos que tienen que ver con supuestas maniobras contra un banco en Paraguay. Algunas voces dicen que está en Iquique, otros mencionan que se fue al Líbano, pero lo concreto es que Barakat siempre se presentó públicamente como representante de Hezbolá.

El debate que subsiste es nítido: si es ilegal o no enviarle dinero a Hezbolá, si Hezbolá es una organización terrorista o no. La Argentina, Brasil y Paraguay hacen una evaluación indirecta del tema.

“Los datos aportados por Estados Unidos no brindan nuevos elementos que pudieran afirmar la existencia de actividades terroristas en la región, incluyendo el financiamiento del terrorismo. De acuerdo con la información disponible, no fueron detectadas actividades operativas de terrorismo en el área de la Triple Frontera. Y en caso de ser detectada cualquier actividad que pudiera contribuir directamente o indirectamente a la comisión de actos terroristas, incluyendo el financiamiento del terrorismo, intercambiaremos rápidamente la información para impedir eventuales ilícitos.” Lo que están diciendo la Argentina, Brasil y Paraguay es que no se prueba que haya dinero de la Triple Frontera que se esté usando en la planificación de atentados y que tampoco hay ninguna acción terrorista que se esté desarrollando en la zona.

De la reunión participaron Marcos Vinicius Pinta Gama, de Brasil; Virginia Palmer, de Estados Unidos; Víctor Hugo Peña Bareiro, de Paraguay, y Luis Ca-ppagli, de Argentina. La controversia quedó plasmada en el documento final que firmaron los cuatro delegados. Allí figura explícitamente que la Argentina, Brasil y Paraguay rechazan el diagnóstico norteamericano y sostienen que no hay pruebas de actividad y financiamiento terrorista en la zona.

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