El represor Ricardo Miguel Cavallo no sería juzgado en España. La Sala Penal de la Audiencia Nacional de ese país consideró que corresponde que sea investigado aquí porque cometió sus crímenes en Argentina y, luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, ya no existen impedimentos legales para realizar el proceso. La Justicia española dio un plazo de 40 días para que el juez Sergio Torres, a cargo de la causa por los crímenes de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), solicite la extradición de Cavallo. “Es una resolución insólita, la vamos a apelar”, aseguró el abogado Carlos Slepoy, impulsor de la investigación sobre los militares argentinos por genocidio, terrorismo y torturas que llevó adelante el juez Baltasar Garzón.

“La Audiencia Nacional estima la declinatoria de jurisdicción a favor de la Justicia argentina, es decir, que la Audiencia Nacional no juzgará los hechos porque se da prioridad locus delicti (el lugar donde se cometió el delito)”, señaló el tribunal en su fallo. La resolución recogió los argumentos del abogado del represor Fernando Pamos de la Hoz, que solicitó una declinación de jurisdicción. En varias ocasiones, los tribunales españoles preguntaron al juez Torres si tenía causas abiertas contra Cavallo. El magistrado argentino respondió en forma negativa ya que había decidido no avanzar en la investigación contra este represor porque estaba detenido en Madrid. En el escrito de ayer, la Audiencia Nacional ofreció enviar el expediente sobre Cavallo a Torres.

“Consideramos que debe ser juzgado en Madrid. Hace seis años que está a disposición de la Justicia española y está a las puertas del juicio oral. Tanto Argentina como España son competentes para juzgarlo, no hay una jurisdicción que prevalezca sobre la otra. Para nada estamos en desacuerdo con que se haga el juicio en Argentina, ya que iniciamos estos procesos para que Argentina pueda juzgar, pero hay cosas que nos preocupan”, señaló a Página/12 Slepoy.

El abogado se preguntó si, en Buenos Aires, Cavallo sería juzgado por los mismos hechos que en Madrid y, sobre todo, si las condiciones de detención serían las mismas. Es que en España el represor está preso en una cárcel de máxima seguridad, mientras que sus compañeros de la ESMA que están detenidos en Argentina pasan sus días en bases de la Armada o en sus casas, si es que tienen más de setenta años. “¿Qué pasaría además si Argentina decide no pedir la extradición? Lo dejarían libre y esto es insólito”, agregó Slepoy, quien informó que apelará la medida ante el Tribunal Supremo de España.

El Movimiento de Argentinos en el Exterior también rechazó el fallo de la Audiencia Nacional y expresó que “solicitará a los grupos parlamentarios de izquierda que interpelen al ministro de Justicia ante el Parlamento por esta decisión”.

Quienes celebraron la medida fueron el propio Cavallo y sus abogados. Uno de sus representantes, Alfredo Solari, se presentó ayer ante Torres con un hábeas corpus para que el magistrado solicite la extradición del represor y ordene su inmediata libertad.

El marino fue detenido el 24 de agosto de 2000, mientras intentaba escapar hacia Argentina luego de que el diario mexicano Reforma revelara su pasado. El represor vivía en México como un próspero empresario y era director del Registro Nacional de Vehículos (Renave). Cuando se enteró de que su foto estaba en la tapa del periódico y que había sido reconocido por sus víctimas, intentó fugarse y su destino era Buenos Aires, donde las leyes de obediencia debida y punto final lo amparaban. Pero el vuelo que se había tomado en la ciudad de México hizo una escala en Cancún y allí fue arrestado por Interpol.

Cavallo, conocido por sus víctimas con los nombres de “Marcelo” o “Sérpico”, fue acusado por Garzón de tener responsabilidad en 264 desapariciones (16 de ellas de mujeres embarazadas) y 110 secuestros. Al procesarlo, el magistrado señaló que este represor fue “uno de los pocos oficiales que pasó por todas las áreas represivas de la ESMA” y que por ende tuvo una “posición prevalente en cada una de las acciones allí cometidas”. La fiscalía española había solicitado para él penas que oscilaban entre los 13.300 y los 17.000 años de cárcel.