Al represor Antonio Domingo Bussi le salió el tiro por la culata. La Justicia determinó la “inhibición general de sus bienes” por no hacer efectivo el pago de las costas del juicio por daños y perjuicios que él había iniciado y que en marzo de este año perdió ante el periodista Tomás Eloy Martínez. El dictador se había sentido ofendido porque en un artículo el escritor se había referido a él como “tiranuelo”.

El juez civil Daniel Aliotto hizo lugar al pedido de inhibición general de los bienes de Bussi realizado por el abogado que representó a Martínez, Ricardo Monner Sanz, porque el dictador había incumplido el pago de las costas del juicio que le inició al periodista al sentirse agraviado por sus dichos en una nota periodística, pero que terminó con un fallo en su contra.

La demanda iniciada por la suma de cien mil pesos fue desestimada por Aliotto. Posteriormente el fallo fue ratificado por los jueces de la Cámara Civil, quienes también coincidieron en hacerlo cargo de las costas de las dos instancias a Bussi. Al no obtener respuestas de su parte, Monner Sanz pidió que se inhibieran los bienes del represor tanto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, como en el de la provincia de Tucumán, hasta que efectúe el cumplimiento de sus obligaciones.

Hace dos años el autor de La novela de Perón y Santa Evita recordaba en un artículo en el diario La Nación que bajo la gobernación de facto del entonces general Bussi, al que se refería como “tiranuelo”, se había expulsado hacia la provincia de Catamarca a los mendigos que vagaban por Tucumán en 1977 usando como excusa la realización en el país del Mundial ‘78.

Bussi estuvo en Tucumán a cargo del Operativo Independencia en 1975, lo que se considera el laboratorio de lo que más tarde fue el accionar de las Fuerzas Armadas en todo el país cuando tomaron el poder en 1976. Se encuentra detenido en los ex arsenales Miguel de Azcuénaga, en las afueras de la capital provincial, imputado y procesado en aproximadamente quinientas causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.