Treinta y tres represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fueron procesados ayer por secuestros, desapariciones y torturas cometidas en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura. A Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del fallecido jefe del Primer Cuerpo de Ejército, los ex comandantes de Operaciones Navales Antonio Vañek y Julio Antonio Torti y otros nueve marinos les fue dictada la prisión preventiva por primera vez en esta causa. Otros 21 acusados, entre ellos Jorge Eduardo Acosta y Alfredo Astiz, acumularon nuevos casos en su contra. Todos recibieron millonarios embargos. El monto mayor, 420 millones de pesos, fue para José Martínez Pizarro, capitán de Fragata médico en actividad.

“Los ilícitos investigados en esta causa no resultaron, producto de una decisión solitaria sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido y miembros de la Armada Argentina, la Prefectura Nacional, el Ejército Argentino, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario tomaron como propio”, señaló el juez federal Sergio Torres en el procesamiento.

El magistrado destacó que existió “un plan delineado previamente mediante el cual se había acordado la ‘eliminación de los grupos subversivos’, plan que contenía como una de las etapas concretar la detención de personas y su traslado a la ESMA y, una vez allí, someterlas a interrogatorios para obtener, a través de cualquier medio, la información que pudiera tener en su poder de otros integrantes de grupos clasificados como subversivos”. Torres subrayó que fue necesario mantener el citado plan en un “cono de sombra” y “apañando su actuación en forma ilegítima”.

Los represores procesados por el juez, además de Astiz, Acosta, Torti, Vañek y Suárez Mason, son Oscar Montes, Manuel García, Antonio Pernías, Alfredo González, Jorge González, Jorge Perren, Jorge Rádice, Francisco Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Pedro Santamaría, Néstor Cardo, Ernesto Weber, Ricardo Corbeta, el oficial del Ejército Julio Coronel, Juan Azic, Hugo Damario, Carlos Fraguio, Carlos Generoso, el médico Jorge Magnacco, Carlos Pazo, Rogelio Martínez Pizarro, Eugenio Vilardo, Miguel Benazzi Berisso, Roberto Froio, Raúl Enrique Scheller, Oscar Lanzón y el prefecto Héctor Febres. Los delitos que se les imputaron fueron el de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometidas por un funcionario público con abuso de sus funciones y con violencia y amenazas e imposición de tormentos con resultado de muerte.

El juez dispuso que los represores sean embargados por un millón de pesos por cada hecho por el que están acusados. Por lo tanto, Astiz quedó comprometido en 258 millones, Acosta en 230, Pernías en 245 y Suárez Mason hijo en 258. Magnacco, el médico de la ESMA que fue acusado en varios casos de apropiación de bebés, recibió un embargo por 355 millones, al igual que Benazzi Berisso. El monto mayor, 420 millones de pesos, fue para Martínez Pizarro, otro médico de la ESMA.

El ex comandante en jefe de la Armada Jorge Isaac Anaya también está detenido desde noviembre en esta causa. Pero no fue procesado porque no pudo todavía ser indagado. Antes de presentarse en tribunales sufrió una descomposición cardíaca. Anaya, que integró la tercera junta militar, fue absuelto en el Juicio a las Juntas aunque había sido acusado por la fiscalía por 236 casos de secuestros y torturas. Ahora, el fiscal de la causa ESMA, Eduardo Taiano, lo responsabilizó por 266 crímenes.