La Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación contra Domingo Cavallo, Emir Yoma y su hermano Alfredo Karim por presuntos pedidos de coima a un empresario italiano que quería instalar estaciones de gas en Argentina y por el desvío de un préstamo de unos 60 millones de dólares previsto para construirlas. La historia se remonta a comienzos de los noventa y reflota parte de una vieja causa judicial sobre la conexión argentina de la llamada “tangente” italiana. Fue un escándalo con el manejo de préstamos millonarios que tuvo entre sus protagonistas a Roberto Dromi, Alieto Guadagni y José Luis Manzano, y que había quedado olvidado.

La causa sobre las estaciones de gas nació con una presentación de la Oficina Anticorrupción (OA) en 2001 que se basada en la denuncia de empresarios perjudicados. La investigación puso la lupa sobre los negocios derivados del tratado de Relación Asociativa Particular que firmó en diciembre de 1987 el ex presidente Raúl Alfonsín con el gobierno italiano y que se implementó durante el menemismo. En sus orígenes, el acuerdo pretendía incentivar el desarrollo de industrias y obras públicas. La condición era que se contratara, como contrapartida, a empresas italianas. Hubo créditos por más de 1200 millones de dólares, parte se usó y otro tanto no se sabe adónde fue a parar.

En aquel contexto hubo un proyecto para instalar 50 estaciones de gas natural comprimido con inversiones italianas y el apoyo del Banco Hispanoamericano. Para concretarlo hacían falta el aval y las garantías del gobierno argentino. En plenas tratativas el canciller era Domingo Cavallo y su secretario de Asuntos Especiales era Karim Yoma, quien se encargaba de monitorear el tratado con Italia y tramitar las solicitudes de los jugosos créditos. Su hermano mayor, Emir, según la denuncia de la OA, se habría ofrecido a solucionar las “trabas burocráticas” a los empresarios extranjeros que pretendían proveer los equipos de GNC como antesala de un pedido de coima.

A raíz de un planteo de Cavallo, el juez federal Daniel Rafecas dispuso la prescripción de la causa. La OA y el fiscal Federico Delgado apelaron y ayer los camaristas Eduardo Luraschi y Horacio Cattani firmaron un fallo en el que ordenan que continúe la investigación contra los tres personajes imputados por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y exacciones ilegales, con penas máximas de seis años de prisión. El tribunal señaló que la prescripción se empieza a contar a partir de que Cavallo dejó su último cargo, el de ministro de Economía, el 20 de diciembre de 2001. Antes, recordó, pasó por distintos puestos en la función pública: en Cancillería hasta fin de enero de 1991, en Economía hasta julio de 1996 y fue diputado entre 1997 y 2001, cuando volvió al Palacio de Hacienda. Su situación, explicaron allegados a la causa, “arrastra a la de los Yoma porque así lo determina la ley”.

En un principio, el contrato para las estaciones de gas había sido firmado con una empresa que pertenecía a Vittorino y Lorenzo Serri y con la Asociación Mutual de Conductores de Taxis y Afines (Amcta), previstos como destinatarios del crédito. La OA mandó investigadores a Italia y le tomaron declaración a los Serri, que contaron que allí un hombre llamado Giorgio Di Lorenzi, representante del Banco Ciudad en Roma, les ofreció facilitar la aprobación del proyecto y les pidió dinero en nombre de José Luis Manzano y de Carlos Ruckauf, entonces embajador en Italia. Al parecer pagaron, por lo menos, 50 millones de liras. Tanto los Serri como el apoderado de Amcta, Armando Torres, dijeron que tuvieron contactos y reuniones con los Yoma, que exigían un porcentaje.

El plan de las estaciones finalmente se frustró, sostiene la OA, con la aparición en escena de otra firma italiana, Corimec, que pretendía quedarse con el negocio y que –“oh casualidad”– le regaló en el ínterin la famosa Ferrari Testa Rosa a Carlos Menem. El crédito previsto desembocó, en parte, en inversiones hoteleras y el resto tuvo destino desconocido.

La primera investigación sobre la pata argentina de la Tangentópolis italiana había nacido en 1993. Uno de los detonantes fue que la investigación sobre la tangente (coima) en Italia empezaba a involucrar a funcionarios argentinos. La causa estuvo a cargo del juez Martín Irurzun y abarcó créditos para sanear el río Matanza, construir viviendas, la digitalización de Entel (conocida como Digi II), la modernización de la línea A de subtes, entre otros. El Estado se endeudó y se hizo poco y nada.

El único que llegó a estar procesado alguna vez, por cohecho, fue el ex ministro de Obras Públicas bonaerense y representante en el Banco Mundial hasta este año, Alieto Guadagni, pero luego lo sobreseyeron. Los fiscales del caso –Ernesto Botto y Alejandro Alagia– fueron denunciados por uno de los imputados, el ex ministro Roberto Dromi, y la propia Procuración los tuvo cual rehenes, sumariados, durante años. Irurzun tiempo después fue ascendido a camarista, también su secretario Enrique Gamboa. El caso terminó archivado. Ahora, trece años después, la Cámara Federal dice que hay posibilidades de echar luz sobre aquella maquinaria que se devoró los millones que debieron destinarse al bien público.