El gobierno porteño levantará por decreto, en no más de quince días, la veda que afecta a las construcciones en algunos barrios porteños. Pero a través de la misma norma, mantendrá la prohibición de construir nuevos edificios de altura en algunas áreas de tres de los barrios en conflicto: Caballito, Palermo y Villa Urquiza. Es porque allí los informes de las empresas de servicios –especialmente Aguas y Saneamiento Argentino (AySA)– revelan que hay problemas de infraestructura que colocan a esas zonas muy cerca del colapso. “El principal problema radica en la red cloacal, aunque en algunos puntos también se detectaron problemas en el suministro de agua”, reveló a Página/12 una fuente del Ejecutivo porteño. Con esta decisión, el límite a los nuevos permisos de obras dispuesto por 90 días se reduciría en más de un mes.

Aunque el decreto por el cual se modificará la actual suspensión aún no está redactado, se sabe que, en los lugares que quedarán afectados a la veda de nuevas construcciones, la medida regirá hasta que se realicen las obras de infraestructura que modifiquen la actual situación de potencial colapso.

Para el resto de la ciudad, el Ejecutivo tiene previsto otra solución: trasladar el debate a la Legislatura, adonde girará, también en los próximos días, el proyecto de Plan Urbano Ambiental –que estuvo en elaboración durante años– para que en ese ámbito se discuta otro de los ejes de este problema: qué tipo de ciudad quieren los vecinos y cómo debe ser el crecimiento urbano.

Es que si bien parte de las quejas estaban dirigidas por el temor a un posible y cercano colapso de servicios, otro núcleo de protestas se centra en el rápido cambio del perfil de algunos barrios, hasta ahora tranquilos espacios de casas bajas, transformados del día a la noche en una invasión de torres que les hacen perder la luz del sol y el sosiego.

En el gobierno porteño dicen que ambas medidas –el decreto que restringe la veda sólo a tres sectores de la ciudad y la ley marco sobre la construcción en la ciudad– apuntan a dejar conformes a los dos sectores que hoy aparecen en pugna: por un lado, el núcleo de vecinos que protesta contra las torres; por otro, todo el sector de la construcción, desde inmobiliarias y empresas constructoras hasta los obreros del sector, pasando por las asociaciones de arquitectos e ingenieros, que forman parte central de la actividad.

Los permisos para construir o ampliar edificios de más de cuatro pisos están suspendidos desde el 13 de noviembre pasado, por un lapso de 90 días. Lo dispuso un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, después del reclamo de algunos vecinos por la construcción indiscriminada de edificios en torre en distintos puntos de la ciudad –especialmente en Caballito– y una medida judicial que hizo lugar a un reclamo vecinal e hizo pensar a las autoridades en una catarata de recursos que tuviera consecuencias imprevisibles para la construcción.

La medida dispuesta por Telerman alcanzó a seis barrios, los de mayor densidad de construcción: Caballito, Palermo, Núñez, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón. No frenó los trámites ya iniciados ni las obras en marcha, sino las nuevas solicitudes. En rigor, la medida no comprende a todo el barrio sino a aquellas zonas catalogadas por el Código de Planeamiento urbano como R2A, C3 y E3, que son las áreas residenciales de mayor densidad.

Acompañando esa suspensión, el gobierno pidió a las empresas de servicios públicos, privadas y estatales, que hagan “un mapa actualizado del estado de la infraestructura dentro de estos barrios, para determinar si podría haber un colapso en la prestación de los servicios”.

Ese informe es el que ahora tiene en sus manos el ministro de Obras Públicas y Planeamiento, Juan Pablo Schiavi, y es la documentación que lo habilita a desafectar de la veda a las zonas no comprometidas y, por el contrario, mantener la restricción en aquellas zonas donde AySA informa que pueden presentarse problemas.

Una de ellas es la zona de Caballito donde la jueza Alejandra Petrella hizo lugar, en octubre pasado, a un recurso de amparo presentado por los vecinos de la entidad SOS Caballito para que se frenaran las construcciones en 16 manzanas de ese barrio hasta tanto haya un informe de las empresas de servicios. Esos vecinos denunciaban que en el barrio se presentan en forma recurrente emanaciones con olores non sanctos, asimilables al contenido de las redes cloacales, por lo que no les fue difícil sospechar que el barrio estaba en peligro.

El gobierno intentó enviar en noviembre a la Legislatura el proyecto de Plan Urbano Ambiental –la ley marco que fija el perfil edilicio de la ciudad–, pero los jefes de los principales bloques no lo aceptaron, ya que no entraría en el debate de las sesiones ordinarias, que terminan en estos días. Los legisladores sugirieron que el proyecto ingresara en 2007 y el gobierno ahora quiere girarlo cuanto antes, para que sea tratado en las sesiones extraordinarias.

La suspensión de los trámites para nuevos permisos de obras generó fuertes críticas desde sectores de la industria de la construcción: dijeron que la medida generaba inseguridad jurídica para los inversores. Para poner paños fríos, desde la Ciudad organizaron una mesa de diálogo con la participación de todos los actores vinculados a la actividad.

Días atrás, el ministro Schiavi aseguró ante empresarios del sector que la restricción finalizaría antes de que se cumplan los 90 días dispuestos por el decreto. Por su parte, empresarios de la construcción admiten en público que hay zonas de la ciudad donde la infraestructura en materia cloacal está al límite. Pero sostienen que la solución no es paralizar las obras sino realizar los trabajos de infraestructura que son necesarios.

También hace unos días, profesionales y empresarios recibieron una propuesta del gobierno porteño: la modificación de la ley 123 de Impacto ambiental, para obligar a que en los casos de construcciones de determinada altura sea obligatoria la presentación de informes por parte de las empresas de servicios públicos sobre la aptitud del sistema para soportar el incremento de la demanda. Un proyecto similar, presentado por el diputado macrista Alvaro González, tiene consenso en la Legislatura. El problema es que empresarios y profesionales rechazan esta propuesta, “ya que pone al sector en una suerte de albur donde cientos de obras van a quedar a merced de los informes de las empresas de servicios, con la consiguiente incertidumbre para los inversores”, dijo a este diario el titular de la Sociedad Central de Arquitectos, Daniel Silberfaden.