La aparición del testigo Luis Gerez, golpeado pero vivo, es la mejor noticia posible en un fin de año que había adquirido tintes sombríos. Harán falta más conocimientos de los disponibles en estas primeras horas posteriores a su liberación para determinar si la insistencia oficial en vincular el desenlace feliz con el discurso del presidente Néstor Kirchner tiene otro sustento que el triunfalismo usual en la competencia política argentina. Pero no hace falta esperar más tiempo para advertir que la actitud presidencial marcó un punto de inflexión respecto del modo de tratar con quienes intentan impedir el castigo por los crímenes de la peor dictadura de la historia y con aquellos que creen posible reproducir en democracia las prácticas perversas de entonces. No obstante, es imprescindible analizar lo sucedido en un contexto más amplio y no diluir en la alegría por la conclusión del episodio las deficiencias puestas de manifiesto en su investigación y en el diseño de los juicios pendientes, y el vínculo que estas cuestiones tienen con el debate público sobre la seguridad ciudadana.

Killer serial de la dictadura, el comisario Luis Abelardo Patti siguió torturando después, con la complicidad de los sectores políticos. En 1990 el juez Raúl Borrino lo detuvo por picanear a dos acusados de un robo. El presidente Carlos Memen hizo su público elogio porque dijo que había limpiado de delincuentes su zona. El gobernador Antonio Cafiero y su ministro de gobierno José María Díaz Bancalari enviaron al jefe de policía, comisario Osvaldo Somohano, a llevarle la solidaridad oficial en su lugar de detención. Los habitantes de los countries tomaron por asalto el despacho de Borrino y con ese pretexto la Cámara de Apelaciones lo apartó de la causa, para que otro magistrado dejara en libertad a Patti. Menem lo designó como interventor en el mercado central y apoyó su candidatura a gobernador bonaerense. Eduardo Duhalde lo incluyó el año pasado en la boleta electoral de su esposa. Recién este año esa condescendencia se cortó, cuando los diputados kirchneristas Miguel Bonasso, Remo Carlotto y Araceli Méndez propusieron el rechazo de su título por falta de idoneidad moral. Así lo dispuso la Cámara de Diputados, pese a la oposición de prohombrecitos de la UCR como Federico Storani. Pero ni aún ahora toda la dirigencia política ha cortado los puentes con Patti porque comparte su idea de que los derechos y garantías constitucionales son un obstáculo para la seguridad, como lo demuestra el proyecto de reforma procesal penal del ministro de justicia bonaerense Eduardo Di Rocco, que el Senado provincial se rehusó a aprobar a la disparada y sin discusión como pretendía el gobernador Felipe Solá.

El de Gerez no constituye un caso aislado. Forma parte de una serie de episodios de características e intención similares. El secuestro de Jorge Julio López hace cien días; el presunto suicidio del testigo clave correntino Albino Montecucco, ex agente civil de la inteligencia del Ejército que apareció ahorcado el mismo día en que debía declarar en Paso de los Libres; la paliza a otro testigo que ya había declarado en la misma causa, Carlos Lozada, frente a la ex sede militar en que fue torturado hace tres décadas; y el secuestro durante dos semanas en Venado Tuerto de Héctor Darío Bustos, a quien le quemaron una svástica con cigarrillos en el pecho, son algunos de los más recientes. Esta Semana Santa en cuotas procura quebrar la voluntad estatal para continuar con esas investigaciones y obtener alguna forma de impunidad, de facto o de iure. Con todas las letras lo dijo en un editorial el diario La Nación el mismo día de la desaparición de Gerez: “Lo importante es avanzar hacia una reconciliación que difícilmente llegará si se siguen resucitando odios a partir de la pretensión oficial de fragmentar nuestra visión sobre los nefastos episodios de un pasado del que los argentinos debemos recoger enseñanzas sin quedar presos de él”. Kirchner ratificó que no retrocedería y encontró la expresión precisa para definir lo que está en juego, que es la posibilidad de vivir de una vez por todas en un Estado de derecho.

El fantasma de Alfonsín

La experiencia del ex presidente Raúl Alfonsín es aleccionadora: había hecho del juicio a los represores de la dictadura el eje de su discurso de recuperación de la juridicidad democrática e incluso al comenzar el alzamiento de 1987 dijo que no negociaría con los rebeldes porque todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y nadie escaparía a la acción de la justicia. Por eso cuando impulsó la ley de obediencia debida no sólo se interrumpieron los juicios. También sepultó su ilusión de un tercer movimiento histórico superador de radicalismo y peronismo y decretó el principio del fin de su gobierno.

El viernes Kirchner dijo que él no se dejaría intimidar como su antecesor radical. El contexto nacional e internacional y la reforma constitucional de 1994 (declaró insanablemente nulos los golpes de Estado e infames traidores a la Patria a sus autores y a los funcionarios del gobierno de facto, estableció que responderán en forma penal y civil de sus actos, que no podrán ser indultados ni prescribirán) cierran el camino para la amenaza golpista. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia al anular las leyes de punto final y de obediencia debida en el caso Simón, excluye la posibilidad de una nueva ley de amnistía. La Corte dijo que el derecho de gentes impide amnistiar o cesar por el mero paso del tiempo la persecución de crímenes de lesa humanidad y citó en su aval fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cumplimiento obligatorio para la Argentina. Es decir que la voluntad política expresada por el presidente tiene un sólido respaldo institucional, construido por la sociedad a lo largo de los años.

Morir inocente

Pero aun sin una ley protectora, para los fines de quienes no se resignan a la justicia bastaría que los procesos se estancaran por falta de impulso de querellantes y fiscales o de acción de los jueces, amedrentados por la represalia. Lo sucedido en Chile con Pinochet es un buen ejemplo: el dictador murió inocente, porque nunca fue condenado, y hasta recibió honras fúnebres como ex comandante en jefe del Ejército. En la Argentina el primer condenado luego de la nulidad de las leyes fue un suboficial de la Policía Federal (Julio Simón, a) el Turco Julián) y el segundo un oficial de la policía bonaerense (el comisario Miguel Etchecolatz). En cambio, ningún oficial de las Fuerzas Armadas, accionista o dirigente de empresa, obispo o capellán castrense han sido llevados a juicio, pese a que ya transcurrieron ocho años desde que los ex dictadores Massera y Videla y una docena de integrantes de sus cúpulas fueron detenidos por el robo de bebés. El transcurso del tiempo sin que se cierre la instrucción y se eleven las causas a juicio termina por devaluar a la justicia que, en cierto momento, les concede la libertad porque han excedido todo plazo razonable de detención sin condena. Es el caso, por ejemplo, del ex dictador Benito Bignone, quien con escándalo de los transeúntes fue visto en un shopping gastando en sus compras de Navidad la jubilación extraordinaria que cobra por haber usurpado el poder.

No hay tu tía

Hace cien días, cuando desapareció Jorge Julio López, sus familiares pensaban que se había ido a casa de algún amigo o pariente y dijeron que ya se había alejado otras veces. El ministro del Interior opinó que podía estar en casa de una tía (probabilidad baja: López tiene 78 años). Y una vieja conocida de López sembró dudas sobre su personalidad desde la sala de prensa de la Casa de Gobierno. Ahora, en cambio, en la propia madrugada del jueves 28 el presidente fue enterado de la desaparición de Luis Gerez, convocó al gobernador de Buenos Aires y al ministro del Interior y dispuso que el caso debía tratarse como lo que era, una privación ilegal de la libertad. Según fuentes oficiales, 3000 hombres de las fuerzas federales (Gendamería y Policía) fueron lanzados a la búsqueda. La cifra parece exagerada, pero aun sometida al necesario desagio marca una diferencia sustancial con el caso anterior. También la respuesta política fue rápida, con actos y manifestaciones en Escobar y otros lugares de la provincia. Pero más allá de esos buenos reflejos el Estado vivió a ciegas durante los dos días que duró la pesadilla. La distribución de fotos de López implicaba una preferencia subliminal por la hipótesis del anciano perdido que no podía volver. En el caso de Gerez podía ayudar a que algún testigo aportara algún dato. Pero las dos fotos en el vidrio de un patrullero reforzaban el mensaje intimidatorio, como casillas de un tablero ominoso que se fueran llenando. ¿Cuántas fotos más harían falta para obstruir la visión e invertir los términos con que durante años se conceptualizó la posibilidad de juicio y castigo como garantía de una convivencia sin los sobresaltos del crimen impune? Los controles vehiculares y los rastrillajes podían tener o no algún éxito, favorecidos por el escaso tiempo transcurrido. Pero ponían en evidencia la falta de información confiable.

Respuesta institucional

Se entiende: las viejas estructuras de inteligencia no han sido purgadas de cuadros comprometidos en prácticas incompatibles con la convivencia democrática y las nuevas no terminan de crearse. Kirchner ha mostrado decisión de conducir a las Fuerzas Armadas y ha encontrado en Nilda Garré una colaboradora eficaz. También dejó claro que no teme a quienes reivindican los métodos de la dictadura. Pero eso no basta. También es precisa una respuesta institucional a estos casos que, con baja intensidad de riesgo para sus autores, producen un efecto de desgaste y temor entre querellantes, testigos, fiscales y jueces. En ese terreno la respuesta estatal ha sido deficiente.

Hace cien días, cuando se divulgó el legajo de Juan José Alvarez como agente de la SIDE, el CELS solicitó al Poder Ejecutivo que se desclasificara la información sobre todo el personal de la Secretaría de inteligencia que prestó servicios durante la dictadura militar. Nadie respondió. La solicitud fue reiterada el viernes en una nota entregada en la Casa de Gobierno horas antes de que Kirchner hablara al país.

El gobierno ha designado allí a dos pingüinos de confianza, el secretario Héctor Icazuriaga y el subsecretario José Larcher. Pero debajo de ellos se perpetúan las estructuras históricas. El libro publicado este año por el periodista Gerardo Young, SIDE. La Argentina secreta, contiene algunos datos inquietantes sobre la continuidad en el organismo de agentes que fueron personas de confianza de los generales Carlos Martínez y Otto Paladino, y cuyos legajos habrían sido depurados en 1984. Según Young no tienen cargos menores: Horacio Antonio Stiuso, alias Aldo Stiles o Jaime, sería el actual director general de Operaciones, tercero en la línea de mando; Horacio Germán García, alias Garnica, director de Contrainteligencia y Roberto Saller, alias Gordo Miguel o Roberto Silo o Cilo, agente operativo de contrainteligencia, a cargo de investigaciones sobre secuestros. Tan importante como la limpieza de las instituciones preexistentes es el cumplimiento del mandato legal de creación de estructuras investigativas nuevas. Nada justifica seguir dilatando la puesta en funcionamiento pleno de la Dirección de Inteligencia Criminal, bajo la directa dependencia de la Secretaría de Seguridad Interior, tal como lo ordena la ley de inteligencia, que lleva cinco años de promulgada.

Protección

Kirchner pidió en su discurso que los testigos aceptaran la protección que les ofrecía y que Gerez había rechazado. Son muchos quienes no se sienten protegidos por una fuerza policial en la que todavía permanecen miles de hombres que actuaron en aquellos años. El relato del concejal Hugo Cantero, cuya presencia reclamó Gerez al recuperar la libertad, es elocuente: cuando un patrullero llegó a su casa para trasladarlo hasta el lugar donde estaba su compañero, pensó que venían a secuestrarlo también a él.

Además, para custodiar a unos cinco mil testigos durante todas las horas del día, se necesitarían quince mil efectivos, es decir un tercio de la fuerza total de la bonaerense y bastante más que el número de hombres que tiene en la calle en cualquier hora del día. La imposibilidad fáctica es evidente. Pero hay otros modos de protección y contención a los testigos, que requieren una coordinación de esfuerzos de distintos organismos oficiales. Hasta el día de hoy no existe una Autoridad Unica responsable, con capacidad operativa y de decisión, para resolver las demandas de seguridad y psicológicas de las personas vinculadas a los juicios en todo el país, que actúe en forma coordinada con las autoridades judiciales de las distintas jurisdicciones y fortalezca la capacidad estatal de búsqueda de información confiable sobre las situaciones amenazantes que puedan enfrentar los testigos.

Si los secuestros buscan instalar la idea de que hacer justicia tiene consecuencias insoportables, de modo que la única solución sea la impunidad, acelerar los procedimientos para que haya condenas en juicio y no sólo arrestos preventivos, es otra forma de protección a querellantes, testigos, fiscales y jueces. Desde el secuestro de López, el CELS ha sugerido a distintas autoridades judiciales y del ministerio público que una planificación estratégica de los juicios permitiría acortar el lapso de instrucción de modo que la mayor cantidad de testimonios se concentrara en la audiencia oral. Repetir varias veces la misma historia padecida, porque los casos no se agrupan por centro clandestino y cada desaparición, tortura o ejecución ilegal se consideran como un hecho aislado, desgasta a los testigos y multiplica su exposición, con el consiguiente peligro. También es imprescindible una acción decidida que impida a la Cámara Nacional de Casación Penal seguir paralizando los procesos a la espera de que venzan los plazos máximos de detención preventiva para ordenar libertades. En varias provincias hay juzgados y cámaras vacantes o con jueces que se excusan o son recusados por sus vínculos con los hechos y/o las personas que se investigan. El caso extremo es Formosa, donde catorce jueces pasaron por ese proceso de designación sin que quedara uno a cargo. El Procurador General y la Corte Suprema pueden dar indicaciones concretas para que fiscales y jueces acorten los tiempos de las investigaciones y la realización de los juicios. El Consejo de la Magistratura debe designar sin demoras a conjueces o subrogantes y el Poder Ejecutivo agilizar los nombramientos en los juzgados y fiscalías vacantes. Sin tales decisiones, carecerá de sentido quejarse de que los jueces no avanzan con la celeridad necesaria. Las cosas no ocurren por actos de voluntad sino como consecuencia de decisiones racionales y aplicación de recursos para ponerlas en práctica.