A pocos años del retorno democrático, las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército en los años de la dictadura, se habían transformado en toneladas de expediente judicial. Junto a los nombres de los principales militares de la zona, Carlos “Pajarito” Suárez Mason, a la sazón comandante del cuerpo, Juan Bautista Sasiaiñ, ex jefe de la Policía Federal, se había incorporado un caso que involucraba a un ex camarista federal del temible Camarón: el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart. El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez Daniel Rafecas que remita al juzgado de San Isidro el legajo en el que se investiga la desaparición del abogado Rodolfo Gutiérrez. También reclamó que en esa investigación se realice la indagatoria de Smart y otros sospechosos.

Entre los sospechosos por la desaparición de Gutiérrez se encuentran el ex juez Juan Carlos Dillon y el ex jefe de la Unidad Regional de La Plata, comisario general Juan Fiorillo. En un extenso dictamen, el fiscal recordó que Gutiérrez “fue secuestrado de su estudio jurídico, ubicado en el segundo piso del edificio de Belgrano 126, de San Martín, por “cuatro personas armadas que vestían de civil, y que se presentaron como policías y, tras una entrevista que no superó escasos minutos, fue retirado del lugar”. Entre las personas involucradas en el caso, Delgado también señaló al entonces jefe de la subcomisaría de Punta Lara, subcomisario Alberto Paladino; al jefe de la Seccional de Brandsen, comisario Juan Carlos Nogara, y a Oscar Pedro Ramírez Gómez, ex oficial primero del juzgado de Dillon y ex secretario privado de Smart.

Gutiérrez, un abogado del foro de San Isidro, que solía ser habitual compañero de polo del entonces ministro del interior Albano Harguindeguy, fue secuestrado el 6 de marzo de 1978 a las 10.40. Desde su lugar de cautiverio, meses más tarde, le hizo llegar a su esposa cartas en las que involucra a Smart, al juez Dillon y a su ayudante Gómez (ver aparte). Las ironías del destino llevaron a que uno de los inculpados por Gutiérrez en sus cartas, Smart, hoy sea el abogado defensor de Harguindeguy, su ex coequiper de las tardes de polo.

La desaparición de Gutiérrez ocurrió frente a varios testigos. La primera investigación por “privación ilegal de la libertad” se abrió a los pocos días del hecho. En abril de 1989, el ex fiscal de cámara Alberto Segovia había señalado a Página/12 que “las pruebas tienen un peso definitivo. Se tendría que haber abierto la investigación de todas las personas que Gutiérrez menciona en sus cartas. Lamentablemente, creo yo, había algún compromiso especial de los jueces de la época para que no se movilizaran demasiado”.

Las pericias judiciales determinaron que las cartas enviadas desde su lugar de cautiverio eran auténticas. El fiscal Delgado destacó en su dictamen que “con esposas en sus manos” Gutiérrez fue llevado hasta un automóvil Torino, que estaba escoltado por otro vehículo marca Peugeot color blanco, “con chapa patente falsa, que se encontraba estacionado en las inmediaciones. Delgado precisó que finalmente el abogado fue introducido en el Torino antes de abandonar el lugar. En su pormenorizado detalle del caso, el fiscal recordó que, tras su secuestro, el abogado pasó por varias “dependencias oficiales en la que sus captores lo tuvieron clandestinamente cautivo”. Incluso subrayó que por última vez fue visto en la Clínica Privada de Brandsen, donde fue trasladado por sus captores por una infección urinaria. En su escrito judicial, Delgado señaló que el nosocomio fue la última etapa de un periplo que incluyó la Unidad Regional de La Plata, la subcomisaría de Punta Lara, presuntamente las comisarías quinta y octava de La Plata y la comisaría de Brandsen. El dictamen sostiene que en la clínica “se simuló la fuga” del abogado y a partir de ahí, “nada más pudimos saber de él, encontrándose en la actualidad en calidad de desaparecido”.

A lo largo de tantos años de expediente judicial, que incluyó un paso por la Justicia Militar y en 1989 los despachos de la Corte Suprema, se recogieron infinidad de testimonios. Incluso de personas que estuvieron detenidas junto a Gutiérrez. Esas declaraciones recordaban que los secuestradores lo llamaban “gallito ciego”, ya que permanentemente se lo mantenía con los ojos vendados. El entonces policía Julio del Pino testimonió judicialmente que vio a Gutiérrez durante tres meses en la Unidad Regional de La Plata. Después de su declaración judicial, el policía fue secuestrado y torturado durante 63 días. Un segundo testimonio sostuvo que en la estancia de Gutiérrez en la subcomisaría de Punta Lara, el abogado se encontraba “casi ciego y con veinte kilos de peso menos”.

Al explayarse sobre la responsabilidad del ex juez Dillon, el fiscal Delgado señaló que el magistrado había emitido falsas órdenes de captura contra Gutiérrez. Según Delgado, el ex juez le imputaba haber facilitado la evasión de tres detenidos, para “blanquear” el secuestro y responder a los hábeas corpus que se habían presentado en su favor.